Sánchez prepara un inicio de legislatura trepidante tras ocho meses en funciones

Sobre la mesa están decisiones de calado social que quedaron pendientes ante la falta de competencias plenas para llevarlas a cabo, fundamentalmente, la subida del 2% del sueldo de los funcionarios, pactada con los sindicatos, y la revalorización de las pensiones por encima del índice del 0,25% fijado en 2013 por el Gobierno de Mariano Rajoy. La intención del Ejecutivo de coalición de los socialistas y Unidas Podemos es que en 2020 el incremento sea del 0,9%. Pero fuentes de la Moncloa no descartan que ya en este o en el próximo Consejo haya alguna medida de impacto.

Los socialistas son conscientes de que, en los dos meses transcurridos desde las elecciones del 10 de noviembre, su empeño en mantener la discreción sobre las negociaciones con los de Pablo Iglesias o con Esquerra Republicana de Catalunya han dejado mucho espacio a la oposición. Y ahora, con la maquinaria gubernamental a pleno rendimiento, esperan poder resarcirse del evidente desgaste. Hay margen, aseguran, para encadenar un mes seguido de decisiones populares o de carácter simbólico para el ámbito progresista. Otra cosa es que la gestión de la crisis catalana, epicentro de las más broncas intervenciones del pleno del fin de semana, no acabe por superponerse a todo.

En campaña, cuando aún mantenía las distancias respecto a Podemos, Sánchez ya apuntó a algunas de sus prioridades, entre ellas, la ley de eutanasia (que ya se debatió en la pasada legislatura pero acabó decayendo con el adelanto electoral) o la reforma del Código Penal sobre delitos sexuales para que «todo lo que no sea sí sea no». En el pacto con sus socios de coalición está también la subida del Salario Mínimo Interprofesional de manera que al final de la legislatura llegue al 60% del salario medio, pero Sánchez prometió que habrá negociación con los agentes sociales. La idea, según fuentes de Podemos, es hacerla de manera gradual, año a año. «No vamos a hacer todos los 'regalos' a la vez», aducen.

Lo inmediato, en todo caso, es la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado, que se quieren ter listos para finales de marzo. España sigue, de momento, con los que impulsó el popular Cristóbal Montoro en 2018. Antes de que acabe enero, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero -una de las pocas que tienen asegurada su continuidad- tendrá que presentar, pues, el techo de gasto.

La votación de ese texto será, sin duda, el bautismo de fuego para el nuevo Sánchez, el hito que pondrá a prueba la solidez de la mayoría lograda para la investidura. En el PSOE se muestran esperanzados. Alegan que no tendría ningún sentido que los mismos grupos que han considerado que merecía la pena que su Gobierno eche a andar le pongan la zancadilla a las primeras de cambio, pero lo cierto es que no hay nada atado en firme. Y eso es especialmente relevante en el caso de Esquerra Republicana de Catalunya.

La aprobación de las cuentas públicas tan solo requiere mayoría simple, pero si varias fuerzas presentan enmiendas a la totalidad y juntas suman mayoría absoluta, será imposible que vean la luz e incluso que se tramiten siquiera. Es lo que pasó, de hecho, en febrero de 2018, cuando tanto los republicanos como Junts per Catalunya, que habían apoyado a Sánchez en la moción de censura contra Mariano Rajoy, plantearon sendos textos de devolución.

Con sus trece diputados, los de Oriol Junqueras estarían en condiciones de repetir la maniobra que obligó a Sánchez a convocar los comicios del 28 de abril (sumados a los 165 'noes' de la investidura alcanzarían 178, dos por encima de la mayoría absoluta). El propio Gabriel Rufián amenazó con ello en el debate del sábado: «Si no hay mesa (de diálogo con la Generalitat) no hay legislatura», dijo.

Si se cumple lo acordado, antes de que acabe el mes debería celebrarse el primer encuentro entre una delegación designada por la Generalitat -que podría no estar ya presidida por Quim Torra- y la del Gobierno. Pero los independentistas pretenden además celebrar reuniones quincenales y, aunque su portavoz parlamentario aseguró que el PSOE podrá contar con ellos para iniciativas clave como la derogación de la reforma laboral, la reforma de la 'ley mordaza', el control del precio abusivo de los alquileres o la creación de zonas libres de emisiones en ciudades de más de 50.000 habitantes, ambas partes saben que su apoyo a las cuentas públicas estará supeditado a que se produzcan avances en ese foro bilateral, en el que Esquerra, muy presionado por otros actores del secesionismo, defenderá el derecho de autodeterminación y la amnistía para sus líderes condenados por el 'procés'.