Pedro Sánchez se ratificó en su decisión de forzar el estado de alarma en Madrid, en contra del criterio del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso, para restablecer las medidas de confinamiento en la capital de España y en ocho de los nueve municipios más poblados de la región. Es más, el presidente, lejos de cualquier autocrítica, llegó a insinuar ayer que imponer a la fuerza de nuevo el cierre de la comunidad era la única opción que quedaba porque el propio Gobierno autonómico habría provocado de forma consciente que la justicia tumbara las cuarentenas decretadas por Salvador Illa la pasada semana.
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«No podíamos quedarnos con los brazos cruzados en Madrid», afirmó desde Portugal el presidente, en línea con el argumentario oficial de Moncloa que insiste en que fue la propia presidenta la que abocó al Ejecutivo central a tomar la medida jurídica más extrema: la de intervenir de facto la sanidad madrileña. Todo ello, recordó Sánchez, con el único propósito de reactivar las restricciones que el jueves anuló el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM). O sea, confinar a casi cinco millones de madrileños sometiendo a cuarentena a los núcleos de población de más de 100.000 habitantes de la región con mayores tasas e infectados.
El jefe del Ejecutivo respaldó sin fisuras a su ministro de Sanidad que el viernes, solo horas después de la aprobación el estado de alarma, se mostró inusualmente duro. Illa, lejos de su habitual cortesía, atacó a Ayuso, a la que directamente acusó de «no hacer nada» para frenar la expansión del virus en la región a pesar de los continuos requerimientos del Gobierno. Según Sánchez, el Ejecutivo «comparte» esas acusaciones. «El ministro fue claro y explícito», dijo el presidente, haciendo suyo el enfado de Illa cuando dijo que la responsable madrileña había agotado su «paciencia» durante las negociaciones infructuosas para que el Ejecutivo regional aislara perimetralmente las grandes ciudades madrileñas y se olvidara de los confinamientos selectivos de las zonas sanitarias básicas.
La pandemia en Madrid
Veinticuatro horas después de imponer el cerrojazo de Madrid, Sánchez, ni muchísimo menos, quiso rebajar el tono. Y es que está convencido, como lo está todo el Gobierno, de que no cabía otra opción que no fuera el estado de alarma. El presidente llegó a la localidad lusa de Guarda para participar en la cumbre con el primer ministro portugués, António Costa, dispuesto a defender que lo que no iba a hacer el Ejecutivo en ningún caso era «mirar a otro lado» ante la supuesta inacción (el presidente no usó ese término) de Ayuso.
«Había que dar una respuesta clara y contundente» ante la «preocupante» y «muy elevada» incidencia del coronavirus en la Comunidad y, sobre todo, en algunos de sus «ayuntamientos». «Nosotros siempre hemos puesto por encima la vida, los enfermos y el personal sanitario», apostilló el jefe del Ejecutivo, quien, sin citar expresamente al Gobierno de la Real Casa de Correos, criticó el «uso partidista que se está haciendo de la pandemia» y que «nos hace más débil» en la lucha contra el virus.
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El presidente del Gobierno -que desde la imposición del estado de alarma en Madrid no ha vuelto a hablar con Ayuso, con quien charló por última vez el jueves- aseguró mantener «tendida la mano» al Ejecutivo regional para «trabajar conjuntamente» porque, dijo, «todas las instituciones tenemos que afrontar este crisis con la máxima humildad y unidad». Sobre todo explicó -repitiendo una de sus frases más recurrentes en los últimos meses- que «esta es una batalla epidemiológica y no ideológica». «Siempre, siempre, siempre», insistió por triplicado, Moncloa está dispuesta a dialogar con Madrid.
Pero hasta ahí el tibio intento de rebajar tensiones desde Portugal durante su primera intervención desde el nuevo cierre de Madrid. Y es que Sánchez se dedicó a alentar públicamente una teoría que el propio Illa llegó a verbalizar el viernes, pero que desde el mismo jueves se ha convertido en la comidilla en Moncloa: que el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso provocó de manera totalmente deliberada que el TSJM anulara las restricciones impuestas por Salvador Illa a las grandes ciudades madrileñas trasponiendo la orden de Sanidad con errores de forma manifiestos que los jueces no iban a pasar por alto.
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En esa línea, Sánchez, que no se atrevió a denunciar el boicot de la Comunidad, sí que recordó que «sorprendentemente» los técnicos de Ayuso se olvidaron de «invocar» la Ley Orgánica 3/86, de 14 de abril, de medidas especiales en materia de salud pública, que faculta a limitar los derechos fundamentales, cuando sí que habían usado esta norma en otros seis expedientes relacionados con la pandemia. El hecho de que la Comunidad de Madrid no citara ese precepto fue el causante de que el TSJM echara por tierra los anteriores confinamientos.
Ya en el plano práctico, Pedro Sánchez, se mostró esperanzado en que los quince días de vigor del estado de alarma en Madrid añadidos a la semana que llevan en marcha los «confinamientos perimetrales» de Illa sean suficientes para «contener» la pandemia en la región, aunque todavía no se logre «doblegar la curva».
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Ese optimista escenario, que en el Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES) de Fernando Simón ven «posible» gracias a la evolución positiva de la epidemia en la última semana en Madrid, evitaría a Sánchez el trámite de tener que volver al Congreso para solicitar una prórroga del estado de alarma sin tener la certeza de conseguir ese aval parlamentario.
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