Sánchez ofrecerá 240 millones para evitar que la huelga de justicia salpique la campaña

Sánchez y sus ministras Pilar Llop (Justicia) y María Jesús Montero (Hacienda) ya asumen que para satisfacer las demandas de los profesionales de la justicia será necesario desembolsar unos 240 millones de euros, según el cálculo estimado por el departamento de Llop y los sindicatos que representan a los funcionarios de base. Esta partida millonaria se tramitará como crédito extraordinario al presupuesto aprobado para Justicia en 2023, cifrado en 2.197 millones, de los cuales 1.785 se dedican de forma íntegra a gasto de personal, un 8% más (138 millones) respecto al ejercicio pasado de 2022.

A estos 240 millones del fondo de contingencia se suman los 22 millones que ya acordaron a finales de marzo Justicia y Hacienda con las asociaciones de Letrados de la Administración de Justicia (LAJ) para incrementar su salarios entre 430 y 450 euros brutos al mes. Este anuncio puso fin a los dos meses de huelga indefinida –la primera en democracia en la Administración judicial– protagonizada por este cuerpo superior jurídico. Un paro que tuvo graves consecuencias para el funcionamiento de los juzgados y tribunales de todo el país, con 356.000 juicios y vistas suspendidos y más de mil millones paralizados en la cuenta de consignaciones. Además, provocó un importante desgaste en el equipo de Llop y en el Gobierno por su estrategia negociadora, diametralmente opuesta a la que se sigue ahora con jueces y fiscales, a quienes ofrecieron una subida de sueldo nada más sentarse en la mesa el pasado miércoles.

Este cambio de paso se evidenció al día siguiente en la rueda de prensa de Sánchez junto a su homólogo colombiano, Gustavo Petro. El presidente se refirió a la situación del personal de la justicia y aseguró que la voluntad negociadora de su Gobierno «es absoluta». Se refería así a la reunión de la mesa de retribuciones celebrada la víspera con las asociaciones judiciales y fiscales. En esta cita, que tendrá continuidad este hoy a las 11:30 en la sede del Ministerio de Justicia, el Ejecutivo anuncio 44,5 millones para mejorar el salario de los 5.600 jueces y los 2.700 fiscales.

En detalle, la propuesta supone de media un aumento salarial de entre 300 y 490 euros brutos al mes, según el cargo y la condición de estos integrante del Cuerpo Superior Jurídico. Sánchez emplazó a la parte demandante a valorar esta cantidad y debatirla en la reunión de este lunes. A cambio, solo hubo una petición por parte de los secretarios de Estado de Justicia y Hacienda presentes en la negociación: que los colectivos de togados suspendan la huelga indefinida señalada a partir del 16 de mayo. Pero la respuesta fue negativa.

Los convocantes se mantienen firmes a la espera de presentar una contraoferta que vaya más allá de una subida general de su retribución. Esto es, que incluya compromisos respecto a las guardias –consideran «sangrante» que se cobre en muchos casos un euro la hora–; recuperar el 4,7% del salario base perdido en mayo de 2010, tras el recorte del Gobierno del PP que sí recobró el resto de funcionarios; o el refuerzo de las plantillas y las unidades judiciales con el fin de mitigar la sobrecarga laboral, según el documento marco al que ha tenido acceso este periódico.

España contabilizaba en torno a 12 jueces por cada 100.000 habitantes en 2018 cuando la media europea es de 17,6, pero en 2022 la ratio española se redujo a 11,2. A esto se suma que la tasa de litigiosidad es una de las más elevadas de la UE: solo el pasado año subió un 6,3%, mientras que el tiempo medio de resolución de los asuntos disminuyó de forma leve, con el consiguiente sobreesfuerzo laboral para los jueces.

El tercer actor que está en pie de guerra son los funcionarios de base: gestores procesales, tramitadores, personal de auxilio judicial o médicos forenses. También se han movilizado los abogados del turno de oficio (unos 44.000 están adscritos a la asistencia jurídica gratuita), quienes piden un incremento de las retribuciones a las administraciones central y autonómicas.

El primer grupo, a cuyos miembros la ley sí les permite estar sindicados, tiene convocadas seis fechas de huelga este mes si el Gobierno no mueve ficha. Denuncian que han asumido gran parte de la carga de trabajo de los letrados judiciales «sin ver ni un euro» con la nueva oficina judicial y avisan de que también tienen fuerza para paralizar la actividad judicial, porque por sus manos «pasa el cien por cien de los asuntos».

En dos reuniones celebradas el 20 y el 24 de abril, los sindicatos presentaron una oferta al secretario general de Justicia, Manuel Olmedo, para el aumento de sus retribuciones entre 350 y 430 euros al mes. Esta cifra supondría un desembolso del Gobierno de entre 190 y 200 millones, según estima CSIF. De momento no hay respuesta, aunque el ministerio dejó abierta la puerta a negociar también el desempeño de estos empleados en los tres proyectos que tramita el Parlamento: los de eficacia organizativa, procesal y digital del servicio de justicia, en los que tendrán un papel central.