Una legislatura de polarización al límite que ha convertido «el fango» en argumentario político de cabecera acaba de meterse hasta el cuello en un barrizal corpóreo, torrencial, dramático e inimaginable en sus arrasadoras consecuencias. La DANA que el martes anegó la Comunidad Valenciana bajo un ... infierno de lluvia y lodo y extendió su devastación a municipios de Castilla-La Mancha y Andalucía no solo ha provocado lo peor, esos más de 200 muertos que toda la ciudadanía del país intuye, en un duelo colectivo, que es la punta del iceberg de una desgracia descomunal dados «los cientos y cientos» de víctimas que continúan desaparecidas. Ha desnudado las insuficiencias de las distintas administraciones que integran el Estado, señaladas por una ciudadanía tan desazonada, indignada y desafecta hacia sus representantes institucionales como movilizada para ayudar a socorrer a los damnificados. Y ha colocado al Gobierno de Pedro Sánchez y al PP de Alberto Núñez Feijóo, al que pertenece el presidente de la Generalitat valenciana, Carlos Mazón, ante la obligación de gestionar el mayor desastre natural sufrido por España en lo que va de siglo y en la cúspide de los peores en Europa con los puentes rotos por el diluvio político que cae sobre este cuatrienio y con criterios opuestos sobre qué hacer ante semejante hecatombe. O, lo que es lo mismo, sobre quién tiene que asumir el mando en la coordinación de las distintas administraciones.
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El jefe del Gobierno y el líder de la oposición no han cruzado palabra desde que el martes por la tarde reventara la tragedia; no lo habían hecho al menos, según las fuentes consultadas, cuando el presidente compareció este sábado por la mañana para dar cuenta de que aumentará hasta 8.000 soldados y 10.000 policías y guardias civiles los efectivos desplegados y para fijar el tablero en el que va a seguir moviéndose: «No se trata ahora de que la Administración General del Estado reemplace a la autonómica, no», enfatizó Sánchez, de pie y vestido de oscuro en La Moncloa, sino de «apoyar al Ejecutivo de Mazón con aquello que requiera expresamente, porque son los responsables valencianos los que conocen el terreno» y dejarlos al frente es lo «más rápido y eficaz» ante «la colosal tarea» que ha de asumirse. Se trata de combinar, describió, «la capilaridad y la cercanía» con «el poder colectivo» de la autoridad central.
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J. Martínez/M. García
«Un país unido en la diversidad y ante la adversidad», ilustró el presidente, quien apeló al músculo exhibido por el país y sus gentes en crisis precedentes como la pócima para poder sobreponerse a este drama. Pero a diferencia de lo hecho frente a la covid, Sánchez, que no ha convocado ningún Consejo de Ministros extraordinario dejando la aprobación para este martes de la catalogación de las áreas inundadas como «zonas gravemente afectadas», no ha decretado una medida tan excepcional como el estado de alarma ni la de emergencia nacional. Y ello pese a admitir que lo ejecutado «no es suficiente» y que existen «carencias severas» con «servicios colapsados, municipios sepultados en el lodo y gente desesperada».
Ese cuadro negro azabache basta, en cambio y a ojos del PP, para que Sánchez hubiera decretado la emergencia nacional no este sábado sino el mismo martes por la noche, cuando ya se apreciaba que «la magnitud de la catástrofe» iba a superar otras ya padecidas. «El mayor reto de nuestras vidas», constató Mazón, quien, en una comparecencia por la tarde, resolvió ejercer el mando cedido por el Gobierno con un plan de actuación que incluye una profusa lista de requerimientos e incorporar a siete ministros en cinco equipos de trabajo, lo que vino a aceptar el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, sentado en el Centro de Control de Emergencias junto al líder regional.
Su partido, el PSOE, maneja desde el viernes un «documento de trabajo» interno de cuatro folios en el que, a partir del marco normativo vigente -en especial la ley de julio de 2025 del Sistema Nacional de Protección Civil y el Real Decreto 524/2023 con la Norma Básica de Protección Civil-, descarta que esta DANA deba combatirse con un nuevo estado de alarma, pero sí con una declaración de emergencia nacional que el Ejecutivo puede dictar según necesidad y que habría situado al frente de la crisis a Grande-Marlaska.
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«El Gobierno de España no puede mirar para otro lado y no asumir su parte de responsabilidad tanto en las acciones preventivas y de alerta a la población, como en las primeras horas de la emergencia y en las acciones de recuperación que se van a realizar», concluyen los populares con una nueva cobertura implícita a Mazón, interpelado por no haber enviado hasta las 20:11 horas del martes la alerta, cuando ya miles de valencianos estaban atrapados.
Sánchez llamó a centrarse en el exigente presente, pero su alusión a que «ya habrá tiempo de mirar atrás» a fin de evaluar posibles «negligencias» remitió a las responsabilidades que, 'sotto voce', apuntan los socialistas en el debe del barón autonómico del PP. Y el presidente tampoco perdió la ocasión este sábado de subrayar, bajo la máxima de que ahora no toca, que habrá que revisar la relevancia de los servicios públicos y la asunción de lo que implica la crisis climática. Su relato del Estado de bienestar frente al neoliberalismo y el negacionismo que atribuye a las derechas.
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«La Comunidad Valenciana requiere más efectivos... Lo que tiene que hacer es pedirlo y se le suministrará inmediatamente». Son palabras de Pedro Sánchez, presidente del Gobierno. Minutos antes, Carlos Mazón, presidente de la Generalitat valenciana, reclamó el despliegue de 5.000 efectivos del Ejército, al instante el Gobierno lo aprobó. Pero la pregunta que sobrevuela en la sociedad valenciana y en la del resto del país es por qué no se envían directamente.
Moncloa se defiende: «No se trata ahora de que la Administración General del Estado reemplace a la administración autonómica». Aunque la Constitución Española y la Ley 17/2015 del Sistema Nacional de Protección Civil le permiten tomar el mando. La primera, vía el estado de alarma; la segunda, bajo un estado de emergencia.
Según el articulado de la norma básica de Protección Civil, se establecen cuatro niveles de emergencia, desde el 0 (situación de preemergencia) hasta el 3. A día de ayer, la situación con más de 210 fallecidos, «decenas y decenas» de desaparecidos y gente incomunicada y sin alimentos, se mantenía en nivel 2, donde se sitúa desde el pasado 29 de octubre.
La situación operativa de nivel 3 está reservada a emergencias de interés nacional y solo puede ser decretada por el Ministerio del Interior y «en cualquier momento». Es decir, en este escenario, el ministro Marlaska asumiría la dirección de la emergencia, que contempla la ordenación y coordinación de las actuaciones y la gestión de todos los recursos estatales, autonómicos y locales del ámbito territorial afectado. Además, faculta a Interior a movilizar recursos de otras administraciones, aunque la emergencia no afecte a su territorio.
Fuentes consultadas por este periódico aseguran que el presidente de cualquier comunidad autónoma o los delegados del Gobierno están facultados para pedir esta situación excepcional, aunque aclaran que el decreto solo está en manos del titular de Interior.
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