Sánchez encara el precio del soberanismo a investirle sin un modelo territorial definido

Hoy, ocho años después y tras haber llovido un 'procés' secesionista que asomó a los catalanes y al conjunto del país al abismo, una moción de censura ganada y una inédita legislatura con un Ejecutivo de coalición sostenido por el soberanismo catalán y vasco, Sánchez afronta la que se presenta ya como la investidura más ajustada de la democracia, con él y Alberto Núñez Feijóo disputándose el derecho a gobernar. La dependencia del líder socialista de las formaciones con fuerte arraigo en el Estado periférico –Esquerra, EH Bildu y PNV– se ha visto agudizada por un 23-J que ha hecho decisivos también los escaños de Junts.

Entre todos componen un arco de reivindicaciones que van del que ya figuraba en el acuerdo de investidura de 2019 que firmó con Sánchez el peneuvista Andoni Ortuzar, para avanzar en el reconocimiento de «las identidades territoriales» de Euskadi y Cataluña, a la reclamación de ERC de un plebiscito pactado a la manera canadiense y un nuevo sistema bilateral de financiación autonómica; pasando por el programa de máximos del partido de Carles Puigdemont, prófugo de la justicia en Waterloo por la consulta ilegal del 1 de octubre de 2017, que no se apea del referéndum de autodeterminación y la amnistía general por el 'procés'. Es paradójico que quien más lejos llegó en nombre de la independencia, la izquierda 'abertzale' que dio cobertura al terror de ETA para imponerla, sea hoy la que supedita sus objetivos históricos al pragmatismo para influir en Madrid y disputarle la hegemonía al PNV.

Ante unas negociaciones muy espinosas, los socialistas exploran el terreno del huevo antes que el del fuero. Es decir: han lanzado un, por ahora, impreciso anzuelo sobre el reajuste de la financiación autonómica pendiente desde hace 14 años, desdeñado por el president Aragonès por su vaguedad y que tropieza con el mapa teñido de 'azul PP', cuyos barones recelan de que solo persiga beneficiar a Cataluña.

En cuanto al fuero, el PSOE lo sitúa en los límites constitucionales. La Carta Magna no prevé un plebiscito para que una parte del Estado se separe del mismo; aunque hay juristas, los menos, que creen que el «referéndum consultivo» del artículo 92, para «decisiones políticas de especial trascendencia», podría ofrecer una pista de aterrizaje. El PSOE incide en que la Constitución traza su línea roja sobre un modelo territorial cuyos presupuestos, fijados por el partido en la Declaración de Granada, Sánchez ha ido acomodando a circunstancias y necesidades.

El 6 de julio de 2013, cuando el presidente del Gobierno en funciones seguía siendo un desconocido, el PSOE de Alfredo Pérez Rubalcaba aprobó un documento que buscaba, sí, concretar la posición sobre el Estado de las autonomías; pero detonado por la urgencia de evitar que los sensibles equilibrios con el PSC saltaran por los aires después de que la formación entonces comandada por Pere Navarro abrazara la celebración de una consulta soberanista pactada en Cataluña.

El trabajoso texto, que conjuró la división, ponía negro sobre blanco la apuesta por terminar de federalizar la España autonómica, abogaba por transformar el Senado en «la auténtica» Cámara de representación territorial, formulaba las bases de la financiación y abría la puerta a una reforma constitucional –el eterno melón que la polarización hace imposible– para clarificar la distribución competencial entre la Administración central y las comunidades. El PSOE de Sánchez hizo suyo este legado sin desarrollarlo. Y fue Rubalcaba quien acuñó la expresión del «'Gobierno Frankenstein'» y alertó contra las cesiones al independentismo.

Un lustro después, tras la peripecia que le encumbró al liderazgo del PSOE, le defenestró y se lo devolvió por la puerta grande de las primarias, Sánchez suscribió con el PSC pilotado ya por Miquel Iceta la Declaración de Barcelona. Corría 2018, Cataluña ya había implosionado con el referéndum ilegal del 1-O al que siguió la inédita intervención del autogobierno a través del artículo 155 de la Constitución y los socialistas apostaban por un federalismo «plurinacional» y carácter más asimétrico, a fin de construir para Cataluña «una alternativa» entre «el inmovilismo» de Rajoy y el secesionismo. Dos meses después, en un encuentro con el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, Sánchez elogió «la lección» de Quebec en la búsqueda de una salida «política» legal al desafío separatista en Cataluña. El 'pacto de claridad' canadiense, esgrimido ahora por Pere Aragonès, quedó en mención.

En vísperas de la Nochevieja de 2019, tras dos generales en seis meses, Sánchez se garantizó seguir en la Moncloa gracias a un pacto con Esquerra que asumía la existencia en Cataluña de un «conflicto político», creaba una mesa de diálogo 'ad hoc' entre los Gobiernos de Madrid y Barcelona y contemplaba refrendar eventuales acuerdos según «los mecanismos previstos o que puedan preverse en el marco del sistema jurídico-político». Los socialistas lo circunscribieron a la legalidad estatutaria y constitucional. ERC interpreta que da pie para pactar un referéndum autodeterminista.

Con el federalismo –cartesiano o asimétrico– en segundo plano, el PSOE se congratulaba en su programa para el 23-J de que la 'política de reencuentro' en Cataluña haya espantado el riesgo de «ruptura». Además de comprometerse a alumbrar en un año una nueva financiación, lo más novedoso es la propuesta de una ley de cohesión territorial para perfeccionar la cogobernanza ensayada por la covid. Si el modo en que asumió el 'mando único' ya reportó críticas a Sánchez, desde Isabel Díaz Ayuso a Iñigo Urkullu pasando por un Feijóo entonces en Galicia, este anuncio ha puesto en guardia al PNV, del que también pende la investidura y que expresó sus reticencias en el debate en TVE.