La factura de la gobernabilidad

Ante la amenaza de bloqueo, las formaciones ajenas a los dos principales bloques, PSOE y Sumar a la izquierda y PP y Vox a la derecha, tienen una oportunidad de oro para plasmar sus reivindicaciones al líder socialista, quien necesita recabar apoyos si quiere reeditar el Gobierno de coalición cuatro años más.

Los partidos independentistas y, en especial Junts, son conscientes de que el éxito o no de la investidura de Sánchez pasa por la aceptación de todas o buena parte de sus reivindicaciones. Y las agendas que se han ido desgranando en los últimos días contienen algunos puntos en común, especialmente en asuntos relativos a la reforma de la financiación autonómica, acuerdos sobre el modelo territorial en Cataluña, País Vasco y Galicia, así como la vieja aspiración nacionalista del uso de las lenguas cooficiales en el Congreso. Por su parte, la izquierda abertzale de Arnaldo Otegi garantizó a Sánchez el día después de las generales los seis votos de EH Bildu sin «líneas rojas en público» y no ha vuelto a pronunciarse al respecto.

Consciente de su capacidad de bloquear la gobernabilidad del Estado con sus siete diputados, Junts no pierde ocasión de recordar que no va de farol. Desde la misma noche electoral del 23-J ha aseverado que el peaje de la investidura pasa por la amnistía al expresidente de la Generalitat y que este pueda regresar a España sin pasar por prisión, así como competencias para celebrar un referéndum de autodeterminación.

El propio Puigdemont valoró en Twitter la posición aún más ventajosa de los suyos tras el conteo del voto exterior que ha permitido al PP arrebatar un escaño al PSOE incidiendo en que esto no va de la gobernabilidad española sino de resolver el contencioso catalán; y advirtiendo implícitamente tanto a Sánchez como a ERC de que se «ahorren el esfuerzo» de buscar que ceda a través de «presiones» o «chantajes». Dentro de Junts hay voces más pragmáticas que estarían dispuestas a acceder a votar la presidencia del Congreso a cambio de la aceptación del uso ordinario del catalán, euskera y gallego en la Cámara baja.

Esquerra Republicana, socio del Gobierno de coalición en la XIV legislatura, ha optado por marcar perfil propio en este complejo escenario. En su última comparecencia antes del parón veraniego, el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, elevó las condiciones del sí de su partido a Sánchez con una votación sobre la independencia y en favor de la agenda catalana.

En la lista de peticiones de ERC está, además de un referéndum, las competencias en Rodalies y acabar con el déficit fiscal. Aragonès cargó contra la ministra de Hacienda por «especular» con el modelo de financiación y reclamó una negociación bilateral con el Estado para que «los recursos que se generan en Cataluña sirvan para financiar los servicios públicos de Cataluña y se acabe el déficit fiscal», afirmó. Junts también pide un nuevo estatuto de autonomía, la amnistía de los presos del 'procés' y el uso del catalán en las cámaras. Esta última medida concuerda con la propuesta lanzada por la líder de Sumar sobre el uso de las lenguas cooficiales en el Congreso.

Desde Coalición Canaria se muestran dispuestos a negociar «un acuerdo puntual» con el candidato que tenga más apoyos para que España no se paralice, pero aseguran que no apoyarán ningún acuerdo de legislatura que incluya en el Gobierno a Vox, Sumar, Podemos o Bildu. El escaño que el PP ganó al PSOE tras el recuento del voto exterior ha convertido a Cristina Valido, la única diputada de CC, en una pieza clave.

De ella depende que Sánchez, con 121 representantes, 'solo' tenga que arrancar una abstención de Junts o que Feijóo añada un apoyo más a una suma prácticamente imposible. Valido ha señalado esta semana que si ambos candidatos necesitan Canarias, ellos «hablarán, negociarán y plantearán los problemas de los canarios» en un documento, para que se cumpla «con plazos y fechas». Entre estas peticiones se incluye el compromiso a reformar la financiación autonómica y respetar el Estatuto de autonomía, así como a la «necesidad» de crear una comisión bilateral y una comisión de estudios sobre la cuestión migratoria.

El PNV reivindica su papel como 'voto útil' en las generales en un contexto en el que el protagonismo de EH_Bildu en el bloque de izquierdas es mayor tras haber conseguido un diputado más en los comicios. El partido nacionalista está haciendo gala de ser «previsible», en palabras de su líder de Vizcaya, Itxaso Atutxa, y su objetivo es «volver a ser la voz vasca en Madrid y establecer una línea de defensa firme de los intereses vascos», según su presidente, Andoni Ortuzar.

Tras dar un portazo al PP por sus pactos con Vox en algunas comunidades, el PNV_planteará a Sánchez decisiones estratégicas que van más allá de las puntuales hasta la fecha sobre Euskadi y Cataluña. De esta forma, reclama «un acuerdo sobre el modelo territorial» para su investidura si quiere contar con el apoyo de sus cinco diputados. En una entrevista reciente, Ortuzar afirmó que el PSOE necesita a los nacionalistas y «eso exige un acuerdo sobre el modelo territorial». «No digo que acepte el 100% de nuestras peticiones, pero tiene que abrir ese melón», apostilló.

El Bloque Nacionalista Galego ha pasado de tender la mano a Sánchez para evitar un gobierno «de la derecha y ultraderecha machista, xenófoba y antigallega» a precisar que su apoyo no será «un cheque en blanco». Así lo aseguró Néstor Rego, el único diputado de la formación en el Congreso, donde avanzó que están elaborando un documento de exigencias para presentarle al cabeza de los socialistas españoles ante una eventual investidura que pasa por compromisos en materias como la inversión, la política social o el avance en el autogobierno.

Así, las peticiones del BNG_tendrán cuatro líneas prioritarias. La primera es la compensación por el déficit histórico en inversiones, fundamentalmente en infraestructuras. Los otros tres ejes son el impulso a las políticas sociales, acciones efectivas contra la crisis industrial de Galicia y políticas ambientales. Sin más detalles, incluyen reivindicaciones históricas como una mayor financiación por parte del Gobierno central de la ley de dependencia o compromisos adquiridos en relación a la violencia de género.