Sánchez se desvincula de la conducta «rayana en la corrupción» de Ábalos para blindarse

En la dirección del PSOE algunos sostienen que después de que en febrero se detuviera a Koldo García bajo la sospecha de que había aprovechado su cercanía al ministro, del que era casi su sombra, para hacer negocios con la venta de mascarillas a instituciones públicas, la imputación de Ábalos se daba poco menos que por descontada; y que el grueso del daño provocado por este asunto ya se produjo entonces. Pero eso no es óbice para que haya muchas voces de puertas hacia dentro que confiesen su «preocupación» y «desazón» y para que cunda cierto temor a que a lo largo del proceso judicial sigan aflorando informaciones que, sin tener necesariamente implicaciones penales para ningún miembro del Ejecutivo o el partido en activo, sí los sitúe en una situación incómoda.

Sánchez lo está ya, de hecho. Sobre él pesa haber situado como secretario de Organización del PSOE y responsable de uno de los ministerios que más presupuesto maneja a alguien que, según el demoledor informe de la Unidad Central de Operaciones (UCO) de la Guardia Civil en manos del juez Moreno, estaba entregado como poco a prácticas que el propio presidente del Gobierno definió en su intervención en Roma como «faltas de ejemplaridad y rayanas en la corrupción». Unas prácticas de las que se desvinculó por completo con una promesa: «Si hay corrupción, en mi Gobierno no va a haber impunidad y tiene que haber una determinación de que quien la haga, la pague».

El jefe del Ejecutivo reivindicó la «contundencia e inmediatez» con la que reaccionó su partido al exigir, ya en febrero, a Ábalos que entregara al acta de diputado y al abrirle un expediente disciplinario ante su negativa a dimitir. La decisión del exministro de desafiar una orden directa de la ejecutiva de su partido y pasar al Grupo Mixto fue ampliamente interpretada entonces como señal de que no quería perder el aforamiento ante una más que probable imputación. Pero haber conseguido que no estuviera en sus filas bastó a los socialistas para respirar con cierto alivio y defender que pueden resistir la comparación con la reacción del PP frente a cualquiera de los casos de corrupción que han aflorado en su seno en los últimos años.

En el relato del presidente, sin embargo, hay algunos asuntos que aún no han sido suficientemente explicados. Sánchez destituyó a Ábalos de manera fulminante en julio de 2021. El que había sido un puntal del Gobierno y el PSOE perdió todos los galones de la noche a la mañana sin que mediara aviso alguno. Fuentes del Gobierno niegan que esa defenestración tuviera algo que ver con los hechos que ahora se investigan en la Audiencia Nacional. «Había otras correrías que nada tienen que ver con esto y que todo Madrid conocía», añaden en la dirección del partido en alusión a la vida nocturna y las relaciones afectivas del exministro.

Ábalos fue luego incluido en las listas de las generales de 2023 y nombrado presidente de la Comisión de Interior en la Cámara baja, cargo del que también dimitió, cuando hace ocho meses estalló el escándalo, ante las presiones de la dirección del PSOE. Los socialistas ven en el hecho de que no fuera dejado de lado la prueba de que Sánchez no estaba al tanto de las ilegalidades que supuestamente cometió -el informe de la UCO apunta a que De Aldama compró un chalé en La Línea de la Concepción, en Cádiz, para que el exministro pudiera hacer uso de él y que también le hizo el 'favor' de pagar el alquiler del piso en el que residía su amante, a la que desde TraNsportes fue colocando en distintos puestos públicos-. La oposición, en cambio, insinúa que pretendía comprar su silencio.

Este viernes, Sánchez se refirió también a otra polémica que ha revivido a raíz de la investigación policial, el 'Delcygate'. El presidente reconoció que Ábalos le informó en enero de 2020 de que la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, iba a visitar España en los siguientes días. Pero, como ya arguyeron la víspera desde el Gobierno, esgrimió que el viaje, que calificó de «privado», quedó cancelado una vez el Ejecutivo «se percató» de que pesaba sobre ella una sanción de la UE, como miembro fundamental del régimen de Nicolás Maduro, que le prohibía pisar suelo en espacio Schengen. Lo que significaría que fue una sorpresa para él saber que Rodríguez viajaba en un avión que pretendía hacer escala en Madrid.

En el PSOE insisten en que todo lo que recoge el informe policial tiene una «explicación lógica». Pero esta última cuestión seguirá coleando porque continúan existiendo cabos sueltos entre las explicaciones que en su momento ofreció el presidente en sede parlamentaria y esta última revelación.