Sánchez promete revelar el nombre del verificador pero esconde el lugar de la cita con Junts

Al encuentro para «buscar una solución política y negociada al conflicto» catalán, Junts llevará su propuesta de celebración de un referéndum consultivo sobre la independencia conforme al artículo 92 de la Constitución y su reclamación de que Cataluña pueda asumir el 100% de los tributos. Sánchez ha asegurado en una entrevista en TVE que el PSOE defiende el Estado delas autonomías, pero ha argumentado que es una «buena noticia» que, desde posiciones «dispares» y una «enorme desconfianza» los partidos se sienten a «hablar, dialogar y eventualmente acordar». «Desde la opinión publicada se nos critica a los políticos porque no somos capaces de acordar. Pues cuando nos sentamos para abordar uno de los mayores problemas institucionales que ha tenido este país, que se nos conceda al menos el beneficio de la duda», ha esgrimido.

Hasta ahora, el PSOE solo ha confirmado que enviará a la reunión a su secretario de Organización, Santos Cerdán, que ya negoció la investidura con Carles Puigdemont, pero no ha adelantado quién más compondrá su delegación. Por parte de Junts se espera que participen el expresidente de la Generalitat, el secretario general de Junts, Jordi Turull y la portavoz en el Congreso, Míriam Nogueras.

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Sánchez ha vuelto a defender la polémica figura del verificador, al que se ha referido como «la persona que nos va a acompañar en ese proceso de diálogo» y ha desdeñado las críticas. «Si dos no se entienden que nos acompañe un tercero es una buena noticia porque nos puede ayudar a llegar a acuerdos. Y es un mecanismo excepcional-ha admitido- pero es que la situación que se está viviendo es también excepcional. Ojalá en el futuro no necesitamos este sistema porque hayamos construido una confianza que yo ahora tampoco tengo como secretario general del PSOE».

El presidente del Gobierno, que también ha admitido que la amnistía a los encausados del 'procés' «no era el paso siguiente que quería dar» y que se vio arrastrado a él ante la necesidad de contar con los votos de Junts para retener el Ejecutivo, ha aducido que en cualquier caso se trata de una medida «coherente» con la política de «normalización» de Cataluña que desarrolló la pasada legislatura, cuando aprobó los indultos y reformó el Código Penal para derogar el delito de sedición.

Además, ha vaticinado que quienes hoy se oponen a dejar impunes los actos ilegales cometidos por dirigentes y activistas del mundo independentista durante más de una década en su intento de lograr la secesión de España acabarán abrazando la medida, del mismo modo que a su juicio ocurrió con la ley del divorcio o la ley de matrimonio homosexual porque, ha esgrimido, va a ser bueno para el país en términos de convivencia» y además «reincorpora» al sistema a fuerzas políticas que desde 2017 estaban fuera, en referencia a Junts.