Sánchez se arriesga a aguantar el pulso a Puigdemont con la legislatura en el aire

Sánchez ya adelantó hace dos días que su intención es volver a llevar a la Cámara baja el mismo paquete de medidas completo que tanto los posconvergentes como los populares rechazaron esta semana con el argumento de que, camufladas entre cuestiones a las que nadie se opone –como las pensiones, la bonificación del transporte público o ayudas a los afectados por la dana– hay otras con sesgo ideológico que no comparten, como las medidas antidesahucio.

Lo que no aclaró el jefe del Ejecutivo es cuándo dará un paso que la mayoría de aliados de la investidura y su socio de coalición, Sumar, exigen no demorar. Los socialistas se sacuden toda presión, replican que no depende de ellos y se limitan a fijar un único criterio: «Cuando podamos garantizar su aprobación».

Si van de farol o no, el tiempo lo dirá. No es la primera vez que Sánchez tensa la cuerda con Junts. Dos meses después de que en julio los posconvergentes tumbaran la senda de estabilidad, antesala de las Cuentas públicas, y exigieran más margen fiscal para las autonomías, el presidente se arriesgó a volver a enviarla al Congreso sin modificaciones para terminar retirándola dos días antes de la votación. En Moncloa adujeron entonces que había una ventana para el acuerdo que se quería explorar. Nunca más se supo. Ni se ha aprobado la senda ni se han aprobado unos Presupuestos a los que el Gobierno asegura, sin embargo, no renunciar.

Ahora unos y otros se arriesgan a que los ciudadanos, los 12 millones de pensionistas –pero no solo– les señalen como culpables de su pérdida de poder adquisitivo. Pero en el Ejecutivo, respaldado por unos sindicatos que ya han anunciado movilizaciones el 2 de febrero, creen que puede ganar la batalla del relato no solo contra Junts sino, sobre todo, contra el PP. Al menos de momento. Las pensiones de enero se pagarán con la revalorización y la nómina de febrero se elabora en torno al día 10.

La actitud de Sánchez en estos días y el hecho de se haya centrado en acusar a quienes rechazaron el decreto ómnibus de causar «dolor social», en lugar de tratar de recuperar 'ipso facto' las medidas que sí tenían apoyo asegurado, ha llevado a Puigdemont a teorizar en sus mensajes públicos sobre la posibilidad de que Sánchez esté ya pensando en un adelanto electoral. La vicepresidenta primera, María Jesús Montero, lo descartó de manera rotunda este viernes. «El Gobierno es incombustible, vamos a agotar la legislatura», aseguró.

Lo que sí hay, según fuentes gubernamentales, es la intención de trasladar a Junts que todo tiene un límite, que Sánchez ha tomado decisiones muy «audaces» y que no pueden seguir instalados, en palabras de la ministra Margarita Robles, en el «chantaje permanente» porque además no todo está en sus manos. Los socialistas niegan que el rechazo al real decreto ley ómnibus se debiera a discrepancias con su contenido e insisten en que en diciembre, antes de sorprender con su exigencia de una cuestión de confianza, la formación independentista les aseguró el apoyo. En el trasfondo está la acusación de Puigdemont de que el PSOE no cumple los acuerdos pactados, entre ellos, la delegación a la Generalitat de todas las competencias en materia de inmigración, control de fronteras incluido, o la oficialidad del catalán en la Unión Europea.

La voluntad, en todo caso, es tratar de recuperar una relación sin la que la legislatura estaría abocada al bloqueo. Este viernes, la presidenta del Congreso, la socialista Francina Armengol, anunció a los grupos que lo que sí pueden hacer ya es presentar escritos en la Cámara «exclusivamente en cualquiera de sus lenguas oficiales», parte del pacto por el que ella misma accedió al cargo tras las generales de 2023 y que todavía estaba pendiente. Y el enviado de Sánchez a negociar con Puigdemont en Suiza, Santos Cerdán, aseguró: «Seguimos conversando».