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El Gobierno no se plantea convocar elecciones anticipadas tras el grave varapalo sufrido este miércoles en el Congreso de los Diputados, cuando, contra sus propias expectativas, vio como Junts ejecutaba su amenaza de no dar apoyo a ninguna iniciativa, incluido el real decreto ley ... ómnibus que recogía la revalorización de las pensiones o la bonificación del transporte público, amparado en la falta de cumplimiento de los acuerdos sellados previamente con los socialistas.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en Valencia, y la vicepresidenta primera, María Jesús Montero, en Madrid han subrayado hoy que su intención es seguir trabajando y «dialogando» hasta conseguir «que se abra camino el interés de los ciudadanos» y han dejado claro que su intención es volver a llevar a la Cámara baja el conjunto de iniciativas incluidas en el texto de 140 páginas y más de cien artículos que el partido de Carles Puigdemont PP y Vox se negaron a convalidar. Pero lo que no ha avanzado es cuándo ni cómo lo hará.
Tanto los posconvergentes como los populares dejaron claro la víspera que apoyan la subida de las pensiones y que si, en lugar de un macro real decreto ley con medidas variadas con las que, en algunos casos, no están de acuerdo, el Ejecutivo somete a la consideración del Congreso una propuesta más limitada no tendrán ningún problema en apoyarlo.
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Esa nueva iniciativa se podría haber aprobado hoy mismo en un Consejo de Ministros extraordinario y ya estaría en vigor. Los socialistas, sin embargo, tienen interés en que salga adelante todo lo incluido en el texto, que era mucho, también la prórroga de la suspensión de los desahucios y la prohibición de cortar suministros a familias vulnerables, pactada con sus socios de la izquierda. Y, sobre todo, quieren que cale la idea de que lo ocurrido es consecuencia de una oposición que no piensa en el «bienestar» de los ciudadanos sino en sus propios intereses.
El PP se escudó para su no, fundamentalmente, en la inclusión en el texto del traspaso al PNV de la titularidad del edificio del Instituto Cervantes en Madrid que fue sede de el Gobierno vasco en el exilio; algo que, como recuerdan los propios nacionalistas vascos, también negociaron con José María Aznar y acordaron con Mariano Rajoy. Junts habla de hasta 80 iniciativas no negociadas, pero no aclara cuáles le parecen inaceptables.
Tras la posición de la formación independentista, como tras la del PP hay, en realidad, una motivación ulterior. Ambos querían este miércoles demostrar la fragilidad del Ejecutivo. Puigdemont ya había advertido el viernes pasado de que el PSOE no podría contar con sus votos en tanto Pedro Sánchez no acepte debatir una cuestión de confianza o se cierren acuerdos pendientes como la delegación integral de las competencias en inmigración a la Generalitat.
Sánchez ha reclamado en su comparecencia, tras reunirse con los alcaldes de los municipios devastados por la DANA del pasado 29 de octubre, que se abandone la «oposición destructiva que causa dolor social». Lo ha hecho en genérico sin dirigirse especialmente a Junts. Es más a quien sí ha citado de manera expresa es al PP. Montero, sin embargo, sí ha dicho de manera expresa que su deseo es que los postconvergentes «recapaciten».
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