Sánchez presenta un «plan de regeneración» de mínimos sin referencias a Begoña Gómez

Cuando el 29 de abril Pedro Sánchez compareció en las escalinatas del palacio de la Moncloa para anunciar, tras cinco días de reflexión en solitario, que había decidido seguir al frente del Gobierno y «trabajar sin descanso, con firmeza y con serenidad por la regeneración pendiente de nuestra democracia», socios y oposición interpretaron que, de inmediato, lanzaría una ofensiva que afectaría a todas las instituciones del Estado, además de a los medios de comunicación. Si tres meses después de aquel episodio alguien seguía creyendo que esa era su intención, la intervención del jefe del Ejecutivo ayer ante el pleno del Congreso terminó de sacarle del error.

La propuesta que Sánchez esbozó ante la cámara y que los ministros Félix Bolaños y Ernest Urtasun negociarán desde este jueves con los grupos parlamentarios –solo Vox quedará excluido de la ronda– se reduce casi en exclusiva al desarrollo de un reglamento comunitario que los 27 están obligados a aplicar en su integridad a partir de agosto de 2025. Se trata de la ley europea de libertad de medios de comunicación, que, entre otras cosas, exige a las empresas del sector hacer pública y accesible la información sobre su propiedad accionarial y obliga a las administraciones a detallar en un informe anual los recursos públicos que inyectan en ellas y a seguir criterios «transparentes, objetivos, proporcionados y no discriminatorios» para su distribución.

El plan del presidente –aderezado con la otras cuestiones como la reforma de la 'ley mordaza' en lo relativo a la libertad de expresión (sin más concreción), el endurecimiento de las sanciones a los diputados y senadores que no hagan pública su declaración de bienes, una reforma de la ley electoral para hacer obligatorios los debates entre candidatos y exigir a las casas de encuestas que hagan públicos sus microdatos o una Ley de Administración Abierta«que amplíe y mejore la cantidad y calidad de información gubernamental»– fue recibido con indignación tanto por la oposición como por sus aliados por distintos motivos. No por lo que aborda sino por lo que el jefe del Ejecutivo ni siquiera mencionó.

No hubo en su discurso –que aprovechó para anunciar un paquete de 100 millones de euros de ayudas a la digitalización de los medios– nada que indicara que el asunto que le hizo ver que era necesario «regenerar» la democracia española («La caída del caballo en el viaje a Damasco», según la descripción irónica del portavoz del PNV, Aitor Esteban) fue la investigación abierta por el juez Juan Carlos Peinado a su mujer, Begoña Gómez, a raíz de una denuncia de Manos Limpias por corrupción privada en los negocios y tráfico de influencias.

Aquella decisión judicial fue la que lo llevó a proclamarse víctima del hostigamiento de la derecha y la ultraderecha por «tierra mar y aire» y a emerger de su encierro de cinco días afirmando que, a partir de entonces, las cosas cambiarían y que no habría un «punto y seguido» sino un «punto y aparte».

El Gobierno sigue diciendo –lo hizo la víspera la portavoz, Pilar Alegría– que la querella contra Gómez está construida sobre «bulos» aunque, al margen de su consideración penal, las informaciones periodísticas en las que se apoyó el pseudosindicato de ultraderecha no han sido desmentidas. Pero el presidente no insistió ayer en ese argumento. Ni siquiera después de que Alberto Núñez Feijóo le acusara de intentar crear con su plan una «cortina de humo» para tapar «la presunta corrupción» que lo «rodea». Lo más que llegó a decir, de manera genérica, es que su Gobierno no teme la crítica y que «el problema es la mentira».

Uno a uno, la mayoría de los grupos que apoyaron la investidura dejaron clara su decepción. No solo le echaron en cara que haya pactado la renovación del Consejo General del Poder Judicial con el mismo partido, el PP, al que acusa de estar tras la «máquina del fango», sino que le dejaron claro que, después de haberle escuchado decir que él también ha sufrido el 'lawfare' (uso ilegítimo de instrumentos jurídicos con finalidades políticas) que ellos llevan años denunciando esperaban mucho más. El portavoz de ERC, Gabriel Rufián, habló de «tomadura de pelo»; la de Junts, Míriam Nogueras, de «medidas de juguete»; y la de Bildu, Mertxe Aizpurua, le advirtió de que su plan ni siquiera roza el «mínimo exigible».

Sánchez prometió abrirse a estudiar otras propuestas, como la reforma de la ley de secretos oficiales por las que el PNV lleva años peleando, pero no está claro, con estos mimbres, que lo planteado ayer pueda llegar a puerto alguno. El presidente del Gobierno llegó a apelar directamente al PP para solicitarle el apoyo con el argumento de que ya votó en la Eurocámara a favor de lo que él propone ahora implementar. Sin embargo, ni el contexto en el que decidió inicialmente envolver su propuesta, al calor del caso que afecta a su esposa, ni la bronca deriva que ayer tomó el debate invitan al optimismo.

Feijóo encontró en la noticia de que la Complutense ha pedido al juzgado de instrucción 41 de Madrid que investigue a Begoña Gómez por «apropiación indebida» de un 'software' el argumento para proclamar 'jaque mate'. Y Sánchez, otro en las disidencias de Vox tras la ruptura de sus Gobiernos autonómicos con el PP para acusar al líder de la oposición de «comprar consejeros y diputados».

• Temas
• Pedro Sánchez