Sánchez amarra la amnistía a una investidura de ruptura con Feijóo y maniatado por Junts

El primer cara a cara en la Cámara baja entre los líderes del PSOE y del PP –Sánchez se lo hurtó a Feijóo en su fallida investidura al delegar la réplica en el diputado raso Óscar Puente– dejó tras de sí un pulso eléctrico, áspero como la lija e irreconciliable. No habrá tregua en un mandato que nace incendiado por la proposición de ley pactada por los socialistas con Junts y ERC para borrar el desafío independentista, aunque el aspirante a la reelección tendrá que lidiar no solo con las derechas: también –o sobre todo– con la amalgama de socios que le sostienen, unidos por el cordón umbilical de sus propios intereses. «Está a tiempo de desistir», le avisó, retadora, la portavoz de Junts, Míriam Nogueras, quien confirmó que la legislatura pende de una negociación que se anticipa infernal iniciativa a iniciativa y que obligó a Santos Cerdán, el apagafuegos del presidente, a reunirse con ella ante el enfado que suscitó en los de Carles Puigdemont la aseveración matinal de Sánchez de que la amnistía garantiza «la unidad de España».

Sánchez hará cumbre en la montaña más arriscada conquistando, salvo sorpresa mayúscula, una continuidad en la Moncloa que se antojaba casi imposible tras el descalabro del 28-M. Lo hará, además, superando con holgura el listón de la mayoría absoluta gracias a los 179 diputados de su partido, Sumar, ERC, Junts, EH Bildu, PNV, BNG y Coalición Canaria. Pero el mandato y los acuerdos para la gobernabilidad del país que Sánchez empezará a resetear a partir de este jueves con una alianza sin precedentes con todo el soberanismo transitarán, según mostró la encendida sesión en la Cámara baja, por un zarzal en el que las espinas no solo va a colocarlas un PP que utilizará todas las herramientas a su alcance, con la hegemonía en el Senado erigida en fortín, para obstaculizar «la venta» del Estado a los secesionistas.

También pondrán obstáculos unos aliados que, en el caso de Junts, había preludiado el pleno con el envenenado anuncio de Laura Borràs de que incluirá su condena por corrupción en la amnistía, como víctima del supuesto 'lawfare' que el PSOE asume en su entente con Puigdemont. Luego, Irene Montero, rostro del agravio permanente que Podemos atribuye a Sumar, avisó de que su partido reelegirá a Sánchez pero para hacerles la vida imposible a él y a Yolanda Díaz si no cumplen.

La bronca investidura, que puso a prueba con varias incidencias a la inexperta presidenta del Congreso, la socialista Francina Armengol, y en la que Vox volvió a plantar a la Cámara tras acusar a Sánchez de «preparar un golpe de Estado con los separatistas», confrontó dos discursos incompatibles, el del candidato y el de quien tendrá que resignarse a la oposición, destinados ambos a deconstruir los argumentos del rival. El presidente en funciones tardó 90 minutos en citar por sus letras la amnistía como fuente de «concordia» en Cataluña tras el «desastre» sembrado por el Gobierno de Rajoy en el trance crítico de 2017, pese a que él avaló entonces todas y cada una de las respuestas del Estado de derecho.

Resultó una intervención más reactiva que reivindicativa a fin de ahogar la tormenta sobre sus lazos con los independentistas, fiscalizando el desmontaje en derechos y valores que representan, a su juicio, los gobiernos del PP con Vox y contraponiéndoles «el muro de democracia» de su Gobierno. Pero hubo un gesto que evidenció lo seguro de sí que encara esta «oportunidad histórica»: se carcajeó de Feijóo por aseverar que no está en la Moncloa porque no quiere; porque él no cede.

Fue en la réplica, en la que se vio que Sánchez tenía ganas a su oponente tras la tanda de manifestaciones en contra, en la que le espetó que si no gobierna es, en realidad, porque su pactos con Vox son disolventes para cualquer otro entendimiento –«Lo único que une» a todos los socios de los socialistas, concretaría después el portavoz de ERC, un apaciguado Gabriel Rufián, que pasó de refilón por el referéndum autodeterminista–. Ese «hacer de la necesidad virtud», que el líder del PSOE consagró ayer en el Congreso para justificar un paso de la trascendencia de amnistiar el 'procés', remató un discurso en el que se afanó en contrarrestar, punto por punto, las imputaciones de «la derecha retrógada» de haber «comprado» su investidura: su Gobierno será «legítimo» porque suma; procurará, como hasta ahora, «la igualdad de los españoles»; y sus medidas son plenamente constitucionales.

Feijóo le opuso un diagnóstico tan diametralmente opuesto que la España resultante es otra; la, a su juicio, mayoritaria –socialistas críticos con la deriva de su candidato incluidos– que deplora que quien pilota el Gobierno esté violentando todas las costuras de la democracia por los siete escaños de Junts. Un ejercicio de «corrupción política» y una «humillación» tan insoportables para el país emanado de la Transición que volvió a reclamar elecciones pese a saber que esa opción ha muerto. Finiquitado el pleno, Machado habría tenido motivos para removerse en su tumba.