Gobierno y PP descartan un cambio en la marcha de la legislatura tras el pacto del CGPJ

El líder del PP se esforzó, de hecho, en escenificar en la sesión de control al Ejecutivo, solo unas horas después de la firma en Bruselas del pacto que pone fin a más de cinco años de bloqueo en el órgano de gobierno de los jueces, que no rebajará la dureza de su labor de oposición. Y fuentes de ambos partidos constatan que nada ha cambiado en la tensa relación personal que mantiene con el presidente.

La mejor muestra de esa falta de sintonía estaría en que a la rúbrica protagonizada por el ministro de Justicia, Félix Bolaños, y el vicesecretario de Institucional del PP, Esteban González Pons, ante la vicepresidenta y responsable de Valores y Transparencia de la Comisión Europea, Vêra Jourová, se llegó, según reconocen ambas partes, sin que hubiera ni una sola conversación directa entre los dos líderes.

«Este acuerdo no es para ayudarle, sino para poner límite a la voracidad de su Gobierno en el control de las instituciones del Estado», alegó Feijóo ante Sánchez en el Congreso, antes de exigir la dimisión del fiscal general del Estado, hablar de un Tribunal Constitucional con «obediencia debida» al Gobierno y pedir explicaciones por los asuntos judiciales que afectan a la familia del presidente.

El Ejecutivo asume que el líder del PP está ahora obligado a hacer lo que Sánchez tildó de «aspavientos» para calmar al sector duro de su partido y a Vox. Feijóo, que antes de entrar en el hemiciclo aseguró haber hablado con Isabel Díaz Ayuso una vez sellado el pacto y recordó sus manifestaciones de respaldo, se esforzó efectivamente en argumentar que ha cumplido con su «obligación», que se avanza en la independencia de la justicia y que el Ejecutivo ha cedido en asuntos clave como el de otorgar al nuevo Consejo que diseñe una nueva propuesta del sistema de elección de los vocales «acorde con los mejores estándares europeos». Ello a pesar de que esta no implicará necesariamente, como demandaban los conservadores, que los jueces elijan de forma directa a los doce miembros de extracción judicial del CGPJ.

Pero, en realidad, no solo el líder del PP tiene que arrostrar la    incomprensión de parte de su espectro político. Sumar, que se felicita de haber situado en el nuevo Consejo a dos vocales – el magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña Carlos Hugo Preciado y la fiscal de Memoria Democrática Inés Herreros–, aplaude el acuerdo con el PP y eso facilita las cosas a Sánchez. Pero ERC y Podemos se han mostrado muy críticos. «Nuestros socios no quieren que nosotros pactemos porque eso les hace a ellos ser menos influyentes», reconocen en el núcleo duro del Gobierno.

La incomodidad no desaparecerá de la noche a la mañana porque el pacto tiene desarrollo parlamentario. Este miércoles, PP y PSOE registraron ya en la Cámara baja la proposición de ley que, entre otras cosas, modificará tanto la Ley del Poder Judicial como el Estatuto fiscal para poner obstáculos a las 'puertas giratorias' entre la Magistratura y la política. Así que todavía habrá nuevas fotografías que plasmen el entendimiento entre los dos grandes partidos. Pero el Ejecutivo minimiza su impacto sobre el devenir de una legislatura más dependiente de cómo se resuelva la gobernabilidad de Cataluña que de este tipo de cuestiones.

A diferencia de Feijóo, que de nuevo por la tarde, en una intervención en el Foro Atlántico, cargó contra Sánchez y llegó afirmar que en España hay «riesgos similares» para la democracia a los de algunos regímenes dictatoriales de Iberoamérica, Sánchez no dio señal de sentir que su acuerdo con un partido al que hace tan solo dos semanas situaba en la «extrema derecha» sea vergonzante. Al revés. «Ojalá este sea el primero de otros muchos», llego a decir.

Al presidente que ha ligado su suerte a las demandas de los partidos secesionistas y nacionalistas, amnistía al 'procés' incluida, y que es acusado por todos los grupos de hacer de su capa un sayo en asuntos considerados de Estado, como la política exterior, le beneficia un apretón de manos que difumina otros rasgos de radicalidad. Pero además en Moncloa atribuyen una virtud al pacto. «El PP –aducen– ha asumido pese a su discurso que la legislatura va a continuar. Si hubiera sospechado que vamos a elecciones, no habría firmado».