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Esta vez volvió a mediar una anomalía –el ultimátum, que acababa esta semana dado por el presidente del Gobierno al PP para renovar el CGPJ–, pero, finalmente, la nueva cita en Bruselas entre Félix Bolaños y Esteban González Pons, con la comisaria europea Jourová ... como valedora –otra excepción–, cristalizó este martes en un acuerdo por el que nadie ponía ya la mano en el fuego y que pone fin a un insólito bloqueo de cinco años y medio en la renovación del gobierno de los jueces. En medio de una polarización extrema, los dos grandes partidos del país han sellado una trabajosa alianza que no han trabado episodios como la derogación del delito de sedición que tumbó el pacto en 2022 ni las presiones de los socios a Pedro Sánchez ni las de los más beligerantes contra el presidente de los suyos sobre Alberto Núñez Feijóo.
Socialistas y populares han vendido su conjunción de intereses como un gesto de grandeza, de país, para reforzar «la independencia judicial». En la práctica, el acuerdo reincide en algunos vicios –los vocales elegidos no están totalmente limpios del polvo y paja de haber dejado entrever su ideología, pero el énfasis de ambas partes en que cumplirán presupuestos legales ya existentes y cambiarán otros supone, 'de facto', una corrección a decisiones anteriores. Enmienda a la que responde la proposición de ley orgánica con la que reformarán la del Poder Judicial y la del Estatuto del Ministerio Fiscal con la política española mirando a los tribunales.
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El PSOE y el PP han consensuado que en los nuevos integrantes del CGPJ prime el perfil profesional y se han afanado en subrayar que todos lo son fruto del acuerdo, aunque en la práctica y analizando sus currículos puede deducirse un reparto diez a diez. Lo que no se halla ya entre ellos es una nítida huella de militancia partidaria como ha ocurrido en casos precedentes.
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El documento rubricado en Bruselas subraya que serán los 20 vocales los que elegirán según su criterio como juristas a su presidente, que también lo es del Tribunal Supremo aunque ahora reine una bicefalía interina –otra rareza impuesta por la parálisis – entre Vicente Guilarte y Francisco Marín Castán. Pero en realidad, esa libertad de elección es lo que manda la Ley Orgánica del Poder Judicial, así que el PP y el PSOE se estarían limitando a cumplir con lo que deben.
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La reforma legal establece que las decisiones del máximo órgano de los jueces deberán ser adoptadas por una mayoría de tres quintos de los vocales. Esta premisa supone extender la necesidad de un número cualificado de votos para los principales nombramientos, la requerida, por ejemplo, para designar a los dos magistrados del Constitucional que competen al CGPJ.
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Tanto PSOE como PP se comprometen con el informe que el nuevo Consejo elaborará en un plazo de seis meses para «examinar los sistemas europeos de elección (...) análogos al español» y proponer una reforma del mecanismo de designación de los vocales de adscripción judicial, con «la participación directa de los jueces y magistrados que se determine». Una redacción que satisface la exigencia del PP, del que partía la iniciativa del informe, y que permite salvar la cara también al Gobierno.
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Con la literalidad de la nueva norma, ni Dolores Delgado habría podido pasar de ministra a fiscal general ni jueces metidos a políticos podrían volver a dictar sentencias a las primeras de cambio en el camino de vuelta. Ningún fiscal del Estado podrá serlo si en los cinco años anteriores ha desempeñado un ministerio u otros cargos de representación. Y los miembros de la Magistratura que retornen de su paso por la vida política no podrán reingresar en la carrera hasta dos años después de su cese.
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