El nuevo Consejo deberá cubrir 66 vacantes en el Supremo y los Tribunales Superiores

Los vocales integrantes del Consejo saliente, a pesar de llevar en funciones desde el 4 de diciembre de 2018 y que desde entonces ha perdido cinco vocales -dos por jubilación, dos por dimisión y una por defunción-, ha podido seguir trabajando con normalidad excepto en lo que respecta a la capacidad de efectuar nombramientos discrecionales en la cúpula judicial. Una circunstancia que ha afectado sobre todo al Supremo, cuyas cinco salas sufren en mayor o menor medida los "devastadores efectos", en palabras del expresidente del órgano Carlos Lesmes, de las vacantes en su funcionamiento ordinario (revisión de recursos, vistas, deliberaciones, sentencias, etc.)

Las salas más perjudicadas son las de lo Militar, lo Social y la de lo Contencioso-Administrativo, siendo estas dos últimas las jurisdicciones que aglutinan la mayoría de las reclamaciones vinculadas a las restricciones acordadas por la pandemia de coronavirus. Para tratar de paliar esta situación, el Ministerio de Justicia aprobó hace 13 meses un programa de actuación para el refuerzo en el Gabinete Técnico del Supremo "con el fin de afrontar la sobrecarga de asuntos» que sufren estas dos últimas salas mencionadas.

Dicha medida fue prorrogada en enero pasado y el coste se acerca a los 12,5 millones al año para incorporar 35 nuevas plazas de letrados de apoyo en esos órganos. Según estimaciones internas del Supremo, las vacantes han tenido un efecto directo sobre las sentencias dictadas, alrededor de 800 menos cada año. Una circunstancia que repercute en el servicio a las personas físicas o jurídicas que recurren en casación al alto tribunal.

Antes de dimitir, el expresidente del Supremo y del CGPJ Carlos Lesmes llegó a admitir lo siguiente: "El estropicio es tan grande que no se había producido una situación semejante en la cúpula de la Justicia española en toda la historia de nuestra democracia, con unos efectos negativos que se van extendiendo poco a poco a toda la organización judicial".

Tras la salida de Lesmes, el vocal Rafael Mozo asumió la presidencia interina del Consejo, no así la del Supremo, que quedó en manos del magistrado Francisco Marín, lo que produjo una bicefalia inédita. Hasta su jubilación en julio de 2023, Mozo también abogó por renovar el CGPJ. De hecho, en su último día instó a las fuerzas políticas a renovar el órgano. Su cargo de presidente interino recayó en Vicente Guilarte, quien intentó promover la renovación e incluso presentó propuestas ante el Congreso y el Senado para evitar futuros bloqueos.

Ahora, una vez constituido el nuevo Consejo, el proceso para completar los nombramientos pendientes en el Supremo podría dilatarse varios meses, y, ya realizados, habría que sumar otros tantos hasta que los asuntos acumulados en sus distintas salas sean resueltos recuperando el ritmo habitual de trabajo. A ello se añade otro asunto no menor: la entrada simultánea de 26 magistrados podría provocar cambios bruscos de jurisprudencia en las salas afectadas. En este sentido, desde el alto tribunal explican que lo normal es que los recién llegados tengan tiempo para asimilar la doctrina asentada antes de que los nuevos ingresos puedan provocar un vuelco en la jurisprudencias de determinados temas.