La aprobación de la amnistía el jueves por el Congreso, tras una costosa negociación con Junts que ha prolongado este trámite cuatro meses desde que el PSOE registrara el 13 de noviembre la proposición de ley, y, sobre todo, el centelleante adelanto de las elecciones catalanas ... a este 12 de mayo inauguran una nueva guerra de nervios cuyo protagonista estelar no ha variado: Carles Puigdemont. Con el expresident postergando a la próxima semana la decisión sobre si será el cabeza de lista o no de su partido a las autonómicas, el refrendo de la norma que borrará los delitos del 'procés' no despeja por sí mismo el futuro procesal, y con él el político, del líder ungido mártir del secesionismo. Algunos interrogantes tienen respuesta, pero los más relevantes navegan en la incertidumbre.
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Los plazos en las Cortes
La remisión de la proposición de ley al Senado supondrá, salvo que el Constitucional asuma el recurso del PSOE contra el cambio exprés del Reglamento forzado por el PP gracias a su mayoría absoluta, estirar dos meses más el encendido debate sobre la norma. Los populares pretenden que el Gobierno se achicharre en el búnker de la Cámara alta. No conseguirán paralizar la ley, pero sí que el Senado la rechace y deba volver al Congreso para su ratificación definitiva y publicación en el BOE. Lo que lleva a la segunda quincena de mayo. Es decir, tras las elecciones vascas del 21 de abril y las catalanas del 12-M.
La inmunidad europea
Con el fragor parlamentario sobre la amnistía aún candente, un abogado polaco del Tribunal de Justicia de la UE expondrá el 11 de abril sus conclusiones sobre si Puigdemont debe conservar o no el blindaje de su inmunidad como eurodiputado. El juez que instruye la causa por el 'procés' en el Supremo, Pablo Llarena, mantiene en suspenso la euroorden dictada contra él a la espera de esa resolución. Pero la que sigue activada es la de busca, captura e ingreso en prisión en territorio español si el jefe de filas de Junts cruza la frontera.
Las medidas cautelares
La ley de amnistía establece que jueces y tribunales deberán ejecutarla en cada caso individual en el plazo máximo de dos meses desde su entrada en vigor -es decir, a más tardar a finales de julio- de oficio o a instancia de parte o de la Fiscalía. La aplicación, que la norma prevé «preferente y urgente», también incluye el mandato de que las medidas cautelares que pesen sobre los encausados se levanten con carácter «inmediato». Es en lo que se apoya el entorno de Puigdemont para alentar su posible regreso sin trabas, pero lo cierto es que nadie se atreve a pronosticar qué hará Llarena.
Fuentes jurídicas aventuran que cerrará su instrucción y la elevará a la Sala de lo Penal para que sea el tribunal colegiado el que presente una eventual cuestión prejudicial a Europa una vez la amnistía entre en vigor; consulta que, de ser admitida a trámite, paralizaría meses no solo el expediente que afecta al expresidente. También el de Oriol Junqueras, inhabilitado por una pena vigente por malversación. Y todo ello sin olvidar que Puigdemont tiene otra causa penal abierta en el Supremo por presunto terrorismo vinculado a las movilizaciones de Tsunami Democràtic.
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