La Comisión de Venecia advierte de que hay delitos de terrorismo que la amnistía no puede exculpar

La proposición de ley que los socialistas registraron en la Cámara baja el 13 de noviembre prosperó este jueves por 178 votos a favor -los de la coalición gubernamental y sus socios- con 172 en contra -PP, Vox, UPN y Coalición Canaria-. Ante la constatación por la Comisión de Venecia de que la tramitación urgente para leyes tan trascendentales política y socialmente no es lo más apropiado, el Ejecutivo se escuda en que acabarán siendo seis meses de paso por las Cortes. Pero si la norma se ha dilatado en el Congreso ha sido por las exigencias de Junts, que la tumbó el 30 de enero, y por la determinación del PP de estirar todo lo que pueda la gestión de la norma en el Senado, donde tiene mayoría absoluta.

Hace dos semanas, cuando se desveló el borrador de 26 páginas en inglés de la comisión después de que una delegación cursara una visita a Madrid para recabar pareceres sobre la legislación que borrará las causas del 'procés', el Gobierno infirió que recibía un espaldarazo. E incluso lo esgrimió, al igual que los independentistas, como palanca para pactar la enmienda que amplía la exoneración de los delitos de terrorismo -en busca de dotar de mayor cobertura a Carles Puigdemont y Marta Rovira por las imputaciones vinculadas a las movilizaciones de Tsunami Democràtic- amparándose en la directiva europea 541 de 2017 y en el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales, orillando el Código Penal español.

En realidad, ese dictamen primigenio ni respalda ni deja de respaldar la medida de gracia: constata que no hay impedimentos para que las instituciones de los países que así lo consideren puedan adoptar esta vía si su objetivo es perseguir «la reconciliación» y deja claro que su función no es ni someterla al control de constitucionalidad que corresponde al TC ni a la compatibilidad con el ordenamiento europeo que compete a otras instancias. Pero lo que sí hacía el borrador de informe y en lo que insisten las valoraciones añadidas conocidas hoy es plasmar una serie de recomendaciones y precisiones que vienen a enmendar el modo en que se ha tramitado esta amnistía y algunos aspectos de su contenido. Lo cual no impide que el texto siga sometido al tironeo de los intereses de parte.

La exigencia por parte de la Comisión de Venecia de que el «principio rector» para que la amnistía encaje en «los estándares internacionales» es que se excluyan de la misma «las violaciones graves de los derechos humanos» es asumida por el Gobierno como una conquista porque, según reitera, la norma, que solo deja sin exonerar aquellas vulneraciones que tengan resultado de muerte o torturas, se ajusta a la regulación europea en materia de terrorismo. Pero según la nota emitida por el Senado bajo hegemonía del PP, el órgano consultivo ha aceptado modificar su recomendación 92 para precisar la redacción del artículo 2.c de la ley española -fruto del último cambio pactado por el PSOE con Junts y ERC- y advertir de que «no todos los delitos terroristas» tipificados en la Directiva 541/2017 «están excluidos del alcance del proyecto de la ley de amnistía». Es decir, allí donde el Gobierno y sus socios creen haber blindado a Puigdemont, el PP esgrime esa matización para dar por limitada la cobertura de la norma.

Otro tanto ocurre con el período amnistiable, una vez cotejado el borrador, lo anticipado este viernes por la comisión sobre su documento definitivo y las acusaciones de «mentir» que se están cruzando el Gobierno y la oposición. Los integrantes del grupo de trabajo no se apean de su constatación de que esta amnistía provoca «una profunda y virulenta división en la clase política, las instituciones, el Poder Judicial, el mundo académico y la sociedad española»; que ha sido tramitada con una urgencia inadecuada y con «una consulta limitada al público» (la adopción de una proposición de ley ha permitido al Gobierno eludir los informes preceptivos, en el caso de los proyectos de ley, del Consejo de Estado, el CGPJ y el Consejo Fiscal); que no debería diseñarse para satisfacer a personas «específicas»; y que tendría que establecer «una relación causal más estrecha» entre las consultas celebradas el 9 de noviembre de 2014 y el referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017, «su preparación o su resultado».

Aquí, el PP anuncia que la comisión ha alterado su conclusión número 88 para oponerse a que la última enmienda del PSOE y los secesionistas amplíe el plazo de aplicación de la amnistía al adelantarlo, sin «justificación», al 1 de noviembre de 2011 y conminar a «reducirlo»; una extensión con la que Junts busca que la tejavana del perdón cubra todo y a todos los posibles encausados. Junto a ello, y siempre de acuerdo al comunicado con membrete del Senado, la comisión varía la redacción también de su consejo 109 para recalcar que no cabe citar a los jueces a declarar a la comisiones en el Congreso sobre el supuesto 'lawfare' o guerra sucia contra el secesionismo -algo que comparten los socialistas- so pena de vulnerar la separación de poderes. Y, asimismo, reforzaría la recomendación 117 para requerir la conveniencia de que la amnistía esté respaldada por «una mayoría cualificada más amplia». El borrador no reclamaba una reforma constitucional, pero sí planteaba que podía ser lo más oportuno ante la quiebra en la cohesión social provocada por la amnistía.

Por último, la comisión analiza un aspecto vidrioso, que es la ejecución por los jueces y tribunales de la ley que supone «la eliminación retrospectiva de la responsabilidad penal» y el levantamiento de las medidas cautelares que pesen sobre los encausados; circunstancia que la ley prevé con carácter inmediato, pero sobre la que los juristas no se atreven a vaticinar cuánto de ejecutiva será, en especial en lo que se refiere a la detención e ingreso en prisión que el juez del Supremo Pablo Llarena mantiene sobre Puigdemont. El órgano de Venecia descarta que la norma vulnere la separación de poderes, pero sí alerta de que no debe «privar de cualquier efecto práctico a la revisión judicial» de la misma. Pese a esta advertencia, el Gobierno también deduce que la comisión le da la razón.