Puigdemont exige la amnistía antes de la investidura y un compromiso histórico con la autodeterminación

Sus siete escaños son decisivos, como lo eran los del PDeCAT en 2018 en la moción de censura contra Pedro Sánchez, operación que salió adelante sin el visto bueno de Puigdemont, lo que provocó la defenestración de Marta Pascal. La hoja de ruta de Junts es clara. Si Sánchez quiere volver a ser presidente del Gobierno tendrá que ceder. Son exigencias de máximos y puestas sobre la mesa en el contexto de la semana previa de la Diada del 11-S, pero el expresidente va a por todas.

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De entrada, Puigdemont ha fijado como condiciones previas para empezar a negociar un reconocimiento del independentismo, una ley de amnistía, abandono de la vía judicial contra el secesionismo y la creación de un mecanismo de verificación y cumplimiento de los acuerdos. Según ha dicho, no hay ninguna de estas condiciones que a su juicio esté fuera de la Constitución. «Solo depende de la voluntad política», ha afirmado.

Superado este primer escollo, se abriría la negociación propiamente dicha. Una segunda fase. En ella, ha incluido la autodeterminación, el déficit fiscal, Cercanías y competencias en inmigración. «Si se quiere se puede», ha asegurado. Ha citado el artículo 92 de la Constitución para una consulta sobre la independencia y ha advertido de que está preparado para pactar un acuerdo histórico, aunque también ha avisado de que no renuncia a la vía unilateral. «O elecciones o pacto con Junts», ha avisado. El expresidente ha exigido además un reconocimiento a los elementos que a su entender conformar el conflicto. Esto es, según el dirigente nacionalista, reconocer que Cataluña es una nación y que se deje de criminalizar el 1-O. Para Puigdemont, su mandato político está aún vigente y solo un referéndum acordado puede sustituirlo.

Si Sánchez cede, podrá exhibir victorioso los trofeos. Si no, podrá ir a elecciones con la bandera de que él, a diferencia de Junqueras, no ofrece sus escaños a cambio de nada. Junts, de hecho, ya está últimando un comité de campaña, consciente de que las negociaciones pueden naufragar. Puigdemont es rehén de todo lo que ha dicho durante los últimos seis años. Ha cargado contra ERC por apostar por la vía pactista y en la última campaña fue explícito. «Junts no dará apoyo ni al PP ni al PSOE», »Sánchez no será presidente con los votos de Junts«. Pero Junts ha cambiado. Puigdemont ha visto una oportunidad. De momento, Francina Armengol es presidenta del Congreso gracias, en parte, a los votos de los junteros. El temor a perder el respaldo del independentismo unilateralista pesará en las negociaciones. La ANC amenaza con impulsar un lista electoral y Junts podría perder en su pulso con ERC, la batalla que realmente importa a Puigdemont.

La amnistía, o el sucedáneo que se encuentre en las conversaciones, se da casi por descontado. El propio presidente del Gobierno habló ayer de pasar página y de dejar atrás la fractura con Cataluña. Dio además por hecha su investidura. En cambio, los socialistas se niegan a hablar del referéndum. Hay un tercer elemento que exige Puigdemont. Que se le reconozca como interlocutor válido en la resolución del conflicto. Hasta ahora, estaba aislado y desde el Gobierno lo único que le pedía era que regresara a España para ponerse a disposición de la justicia. De prófugo a socio. Esta reclamación ya está en parte concedida, pues la vicepresidenta del Gobierno, Yolanda Díaz, se reunió ayer con él y con Toni Comín en el Parlamento Europeo. La Moncloa se desmarcó del encuentro pero no lo censuró, pero se comprometieron a «explorar todas las soluciones democráticas para desbloquear el conflicto político».