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Carles Puigdemont asiste desde Waterloo, donde lleva seis años sorteando el intento del Tribunal Supremo de sentarle en el banquillo por su responsabilidad en el referéndum ilegal del 1-O y la declaración unilateral de independencia, al insólito escenario por el cual Junts se ha ... vuelto determinante para sostener la legislatura de Pedro Sánchez a cambio de una ley de amnistía cuya aprobación está siendo tormentosa y cuya aplicación tropezará con la respuesta judicial. Veinticuatro horas después de que el juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón considerara «afianzada» con más indicios la imputación contra Puigdemont y la secretaria general de ERC, Marta Rovira, por los presuntos delitos de terrorismo que investiga en sumario sobre Tsunami Democràtic, el expresident de la Generalitat ha cargado contra el instructor y, por extensión, contra el Estado de derecho español con un aviso nítido al Gobierno: «Sin amnistía integral, que no excluya a nadie, no hay amnistía».
El líder político y moral del independentismo alineado con Junts ha vuelto a recurrir a la red social X, su cauce de comunicación habitual, para fijar posición en un momento en el que el avance de la norma que borrará las causas penales, administrativas y contables relacionadas con el 'procés' va superando etapas, pero dejando constancia del desgaste que implica para el Gobierno y de las incertidumbres que rodean su viabilidad. Puigdemont y los suyos, al igual que ERC, mantiene viva en el Congreso la enmienda con la que pretenden que los sumarios por delitos de terrorismo reciban también carpetazo, algo a lo que los socialistas siguen negándose. Los letrados de la Cámara baja, cuyo último informe siembra serias dudas sobre la constitucionalidad de la proposición legislativa, consideran incluso que la actual redacción de ese artículo, que no amnistía los ilícitos terroristas pero con la salvaguarda de que haya sentencia firme, fuerza las cuadernas de la legislación europea.
Parece casi imposible que, en el peor de los supuestos para sus intereses, Puigdemont llegue a ser condenado por el 'caso Tsunami' antes de que entre en vigor la ley de amnistía. Pero la imputación por terrorismo complica su ejecución, de ahí que el expresident haya reavivado el señalamiento del Estado español y su Magistratura como presuntos instigadores y ejecutores de la guerra sucia -el 'lawfare'- contra el independentismo por sus ideas y no por sus actos. «España tiene problemas estructurales que no se arreglarán, porque son congénitos», denuncia en su mensaje, en el que añade que cuando el país del que pretende irse tiene un problema y no sabe o no quiere resolverlo «lo conlleva».
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Es eso lo que justifica, a sus ojos, que la Audiencia Nacional no haya sido «disuelta» y, más aun, que «personajes como García Castellón y otros miembros de la trama puedan hacer de jueces y no hayan sido condenados por sus graves responsabilidades en la persistente vulneración del Estado de derecho, también». Frente a quienes interpretan el viraje de Junts como un regreso al redil constitucional, Puigdemont constata que «el objetivo» de los secesionistas «en la lucha antirrepresiva» no pasa por «sacar a España del pozo de descrédito democrático donde se ha metido ella sola», sino «sacar de encima de nuestro pueblo tantas grapas políticas, policiales y judiciales como sea posible». La ley de amnistía, admite, es «una forma de sacar unas cuantas» de esas grapas, aunque no «todas», por lo que advierte al Gobierno de que su listón sigue estando en un olvido de las consecuencias judiciales del 'procés' que acoja al conjunto de encausados que ambiciona Junts, tengan relación directa con el amago de independencia o tengan un nexo mucho más vidrioso. Si la amnistía no es «integral», Puigdemont zanja que no la hay, sin que él y los suyos hayan aclarado hasta ahora qué impacto podría tener que la norma no acabe teniendo el alcance que pretenden.
El último dardo del mensaje va dirigido al PP tras una semana en la que se han reactivado informaciones sobre la 'Operación Cataluña' que el Ministerio del Interior bajo mandato de Jorge Fernández Díaz y dentro del Gobierno de Mariano Rajoy habría desplegado para refrenar al secesionismo por medios ilegales. «De todos los estiércoles que salen y que saldrán sobre los GAL del PP, donde todo hace pensar que sabremos los nombres de los señores y señoras X, también podremos sacarnos de encima varias grapas más. De esto ya hablaremos, pero habrá que estar dispuestos», remata Puigdemont.
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