PSOE y Sumar asumen sus escollos para gobernar aunque logren la investidura

Las cuentas públicas serían solo el primer escalón para un nuevo Gobierno de coalición que en privado ya asume la dificultad de llevar a cabo el desarrollo legislativo de un proyecto que se iniciaría marcado por la concesión de la medida de gracia. La aritmética parlamentaria, aún más endiablada que la anterior legislatura, no ayudará a sacar adelante leyes recogidas en el pacto como la rebaja gradual de la semana laboral hasta las 37,5 horas. la prórroga de los gravámanes a los beneficios extraordinarios de la banca y las eléctricas o la modificación del impuesto de Sociedades para alcanzar un tipo mínimo efectivo del 15% sobre el resultado contable. En medio, además, de una amalgama de socios que oscilan desde las posiciones de PNV y Junts hasta la del propio Podemos, que amenaza con ejercer su autonomía parlamentaria.

El presidente del Gobierno en funciones fue muy explícito desde el momento en que fue designado candidato por el Rey, hace ya casi cuatro semanas, y en la presentación del pacto de Gobierno con Sumar insistió en la idea. Su intención es amarrar un acuerdo para una legislatura completa. Y en su partido asumen que ese objetivo tendrá también una consecuencia: les obligará a sacrificar iniciativas legisaltivas de corte progresista que habrían sido posibles de no estar en manos de fuerzas de las que les separa un abismo ideológico en materias cruciales como la política económica.

La escasa afinidad del partido de Puigdemont con el PSOE, y más aún con Sumar en ese terreno fue puesta en evidencia por su portavoz, Míriam Nogueras, durante la investidura fallida de Alberto Núñez Feijóo. No es que criticara las políticas intervencionistas del anterior Ejecutivo de PSOE y Unidas Podemos, es que se situó a la derecha de los populares. «El PP –dijo para argumentar su voto contra Feijóo– es un partido contrario a la economía productiva. Su visión económica y social no es la de un partido liberal europeo; al contrario, es la de un partido estatalista».

En el PSOE saben también que será difícil contar con el apoyo del PNV para según qué medidas. Feijóo ya metió el dedo en el ojo en esa cuestión cuando solicitó la confianza de la Cámara baja para gobernar a sabiendas de que no la obtendría. El líder de los populares recordó, por ejemplo, el recurso del Gobierno vasco ante el Tribunal Constitucional contra la ley de vivienda que Sánchez pactada con Bildu y ERC. Esta semana, después de que Sánchez y Díaz presentaran con todo el boato en el Museo Reina Sofía su contrato programático, los nacionalistas vascos ya dieron un toque de atención a sus eventuales socios y advirtieron de que no podían pretender, en estas circunstancias, «imponer sus agendas» a otros partidos.

A estas cuestiones se suma el hecho de que la mayoría absoluta del PP en el Senado le da margen para ralentizar la aprobación de muchas normas, incluidas las cuentas públicas. Los de Feijóo no tendrán capacidad de bloqueo como tal, pero su posición de fuerza sí contribuirá a que haya un calendario legislativo más selectivo, dentro de las capacidades que otorgará una Cámara baja que, de facto, tiene mayoría conservadora.

En Sumar, aunque celebraron el pacto con los socialistas como «un avance en los derechos» de la ciudadanía, también son conscientes de estas dificultades. «Corremos el riesgo de que en esta legislatura el Gobierno se convierta en un Ejecutivo de gestión, sin ambición», explica un diputado. La organización liderada por Yolanda Díaz, a diferencia de sus socios internos de Podemos, apuesta de momento por la «negociación discreta» y evitar airear los trapos sucios para encarar estos obstáculos. Sobre todo en un momento clave para la plataforma de izquierdas, que en enero, cuando el panorama político se aclare, espera celebrar su primer congreso para consolidarse como partido.

La posición de Podemos es mucho más beligerante y no se conformará con que esta sea «la legislatura de la amnistía». Si no se trufa la acción de Gobierno de medidas sociales, alerta, el electorado de izquierdas solo recordará la medida de gracia como el principal logro de la nueva coalición. Los morados creen, además, que si no tienen presencia en el Gobierno el acuerdo con los socialistas «será papel mojado» y recuerdan la presión que ejercieron durante los cuatro años anteriores para que vieran la luz medidas como la ley de vivienda o la ley trans, de la que otorgan el mérito a sus ministras: Ione Belarra e Irene Montero. Al mismo tiempo dudan de que Díaz vaya a ejercer de contrapeso a Sánchez y rumian que la coalición de izquierdas «termine por no distinguirse del PSOE».

Los de Belarra aseguran que no pondrán palos en las ruedas a la investidura de Sánchez, pero sí empiezan a barruntar la idea de enmendar o incluso votar contra cualquier norma que se salga del carril de lo que consideran un Ejecutivo progresista, sobre todo si no obtienen carteras en el futuro Consejo de Ministros. «Con cinco diputados y con la calle pacificada, solo nos queda el ruido como principal herramienta», confiesan desde la formación. Un divorcio en el grupo parlamentario entre Podemos y Sumar podría ser la puntilla a la legislatura, pero los morados descartan tajantemente que eso vaya a ocurrir a corto plazo.