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El PSOE trata de zafarse del cerco con el que el PP pretende atenazarlo por el 'caso Koldo' al tiempo que se encomienda esta semana a una huida hacia adelante que le permita pasar página a la ley de amnistía en el Congreso. ... El calendario entra en el momento decisivo para el futuro de la norma clave en la investidura de Pedro Sánchez y que está llamada a otorgar al Gobierno las llaves de los Presupuestos Generales del Estado, ya sean los de 2024 o, tras prorrogarlos, los de 2025. Un balón de oxígeno al que se aferran los socialistas para evitar la voladura de la legislatura.
La salida, si la encuentran, no será un camino de rosas, ni tendrá el carácter urgente que el Gobierno trató de imprimir, hace ya meses, a la tramitación de la amnistía. Las diligencias judiciales y al menos dos comisiones de investigación –una en el Senado, a propuesta del PP, y otra en el Congreso, solicitada por el PSOE– dilatarán el foco sobre una trama que ya se ha llevado por delante al exministro José Luis Ábalos, diputado este lunes del Grupo Mixto, y que está dejando en una situación comprometida a la expresidenta de Baleares y ahora de la Cámara baja, Francina Armengol. La tercera autoridad del Estado se ha convertido en pieza de caza mayor para los de Alberto Núñez Feijóo solo por detrás del jefe del Ejecutivo, al que buscan vincular con una trama que ya denominan 'caso Sánchez' por su impacto político.
El siguiente movimiento para Moncloa, casi por cuestión de supervivencia, pasa por zanjar la ley de amnistía como requisito indispensable para desencallar la situación. Pese a que ya cunden las voces socialistas que creen que podría ser incluso «positivo» plantarse ante Junts, esa sensación de bloqueo la comparte su socio de Gobierno, Sumar, que no oculta su «preocupación» por no poder desarrollar el programa de coalición, y el resto de aliados parlamentarios como Esquerra, EH Bildu o, incluso, Podemos, que lleva alertando desde septiembre de que esta se convierta en «la legislatura de la amnistía» y pase factura al «bloque progresista» en un eventual adelanto electoral.
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Mateo Balín
El plazo para enviar un nuevo dictamen al pleno del Congreso –el anterior fue tumbado por Junts el 30 de enero tras no ver estos garantizado el blindaje de Carles Puigdemont ante la imputación por terrorismo en el 'caso Tsunami Democràtic'– termina este jueves. La comisión de Justicia, encargada del asunto, deberá convocarse con un máximo de 48 horas de antelación; es decir, este martes.
Mientras los socialistas, que controlan la Mesa de la comisión, apuran el plazo, en Junts empiezan a dar por hecho que habrá amnistía. Todo pese a la incertidumbre añadida por la decisión del Supremo de abrir una causa penal por terrorismo a Puigdemont. Aunque ninguna de las partes confirma el acuerdo, el expresident de la Generalitat comenzó a alimentar esa idea el sábado, en un acto en Elna, en el sur de Francia, donde llamó a abrir «una nueva etapa». En cualquier caso, si no se produce el deshielo, Ferraz podría recurrir este mismo martes al artículo 91 del Reglamento del Congreso que le permitiría prorrogar, una vez más, el plazo para enviar un nuevo dictamen de la medida de gracia al pleno, aunque este recoveco legal debe contar con el visto bueno de los letrados de la Cámara.
El PP, por su parte, eleva la presión sobre Armengol por su supuesta relación con el 'caso Koldo' cuando era presidenta de Baleares y registrará este lunes en la Cámara baja un escrito para pedir formalmente su dimisión. Así lo anunció este domingo el portavoz parlamentario de los populares, Miguel Tellado.
Tellado acusó a Armengol de «jugar con el dinero, con la salud y con la inteligencia de todos los españoles», por «ocultar», señaló, la compra de «mascarillas defectuosas» cuando encabezaba el Gobierno balear. «Su situación es insostenible», incide el PP.
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