El PSOE acepta la reforma del Código Penal pero no suprimir el enaltecimiento del terrorismo

La toma en consideración, que también apoyan Podemos tras su marcha al Grupo Mixto y otras formaciones pertenecientes al llamado bloque de investidura, tan solo es el primer paso antes de que el proyecto de el proyecto llegue a ver la luz. Antes deberá pasar por la fase de comisiones, la misma donde encalló durante la legislatura pasada la derogación de la llamada 'ley mordaza', iniciativa de la que esta es heredera, por falta de acuerdo entre PSOE, Unidas Podemos, Esquerra y Bildu a cuenta de asuntos como el uso de pelotas de goma por parte de fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado.

Los socialistas ven con buenos ojos que se produzca «debate sosegado y moderado» durante su tramitación, pero descartan apoyarla tal y como la registró en la Cámara baja el diputado de Sumar, Enrique Santiago, el pasado septiembre. Leal explicó, en ese sentido, que la reforma debe partir del consenso y alejarse de «posiciones maximalistas o extremistas» y también indicó, intentando recabar el apoyo de la oposición, que es imprescindible para ello que el PP se «aleje de la extrema derecha».

Un guante que evitó recoger el diputado popular Sergio Sayas, que arremetió duramente contra la iniciativa legislativa defendida por Santiago apuntado que Sumar la trae al Congreso «porque quieren dar impunidad al odio, ya que la libertad de expresión está garantizada en la Constitución». «Les recomiendo a ustedes y al PSOE que lean mas la Constitución y la pisoteen menos», afirmó añadiendo que «el problema de la democracia es el Gobierno que «se dedica a erosionarla».

Sumar defiende que debe dejarse sin efecto el delito contra los sentimientos religiosos o escarnio público a las distintas confesiones, por ser «innecesario» al estar las creencias protegidas por distintos artículos como la libertad religiosa. Y lo mismo pide para el de injurias a la Corona, que también ha motivado sentencias de Estrasburgo contra España. Según Santiago, su derogación no genera «indefensión» a la Casa Real, pues seguirá protegida como cualquier persona por los delitos de injurias, calumnias o vulneración del honor. También plantean la supresión del delito de ultrajes a la patria y los de injurias contra el Gobierno, el Consejo General del Poder Judicial, el Tribunal Constitucional o el Tribunal Supremo.

En definitiva, la iniciativa, que ahora emprenderá el camino parlamentario para su aprobación final pretende la modificación del Código Penal suprimiendo los artículos 490.3, 491, 504, 525, 543 y 578; la modificación del artículo 22 y 538 y la adición de un nuevo artículo 536 bis con el argumento de que todos ellos «chocan frontalmente» con el ejercicio de la libertad de expresión, un derecho fundamental protegido expresamente por el artículo 20 de la Constitución.