El Constitucional aplaza al lunes el pleno sobre la reforma de Sánchez y sortea el choque institucional

Al recurso de amparo formalizado ayer por el PP ante el TC para intentar frenar al Ejecutivo con la paralización cautelarísima -inmediata- de la votación en la Cámara baja le han seguido esta misma mañana la petición del PSOE para personarse en el procedimiento ante el alto tribunal y, ahora, la recusación de Unidas Podemos de dos de los magistrados que deben resolver: el propio presidente de la corte, Pedro González-Trevijano, y Antonio Narváez, ambos de adscripción conservadora y dos de los cuatro integrantes del TC cuyo mandato venció en junio. Los otros dos son el también conservador Santiago Martínez-Vares y el vicepresidente Juan Antonio Xiol, identificado con el ala progresista.

En el escrito remitido al tribunal y firmado por Jaume Asens, el presidente del grupo confederal de Unidas Podemos en Congreso, y el diputado Txema Guijarro, los apelantes piden que se escuchen sus razones contrarias al recurso del PP y plantean las dos recusaciones, las cuales han llevado ya al TC a aplazar dos horas el pleno extraordinario y urgente que había convocado para las diez de esta mañana. Los morados esgrimen el mismo artículo de la Constitución -el 23- al que se acogen los populares para justificar su petición de amparo, dan por vulnerado el derecho a la participación política normalizada e inciden en la tesis de que no hay razones para paralizar la tramitación de las reformas impugnadas con carácter previo a su entrada en vigor; es decir, a que se comprueben sus eventuales efectos. Con sus recusaciones, Unidas Podemos apunta directamente a la grave institucional que subyace en esta nuevo día político al límite, al TC «caducado» al que se ha referido también esta mañana el portavoz parlamentario del PSOE, Patxi López.

En estos momentos, los magistrados García-Trevijano y Narváez, además de Xiol y Martínez-Vares, están en situación de interinidad y a los cuatro compete la reforma legislativa del Gobierno. El Ejecutivo ya ha elegido a sus dos polémicos candidatos a la sustitución de las vacantes -el exministro de justicia Juan Carlos Campo y la ex alto cargo de Moncloa Laura Díez-, mientras que el CGPJ partido entre conservadores y progresistas acaba de anunciar su propio pleno este martes para designar a los otros dos magistrados del TC que son de su competencia. Justamente los dos miembros del Constitucional a los que Unidas Podemos trata de apartar de la decisión de hoy son a los que relevarían Campo y Díez.

Así, la corte de garantías se ve a estas en una disyuntiva para la que no existen precedentes de dirimir si en el pleno extraordinario convocado hoy en el Congreso de los Diputados para aprobar la reforma del Código Penal prospera o se suspende la votación de las dos enmiendas con que Unidas Podemos y el PSOE quieren cambiar el método de renovación de los magistrados del Constitucional.

Un golpe de mano diseñado para las ocasiones, como la actual, en que haya transcurrido el plazo reglamentario para realizar la actualización de los magistrados una vez venza su mandato y forzar, al tempo, la misma con un mecanismo con reglas más laxas, plazos tasados. A todo ello, los socios del Ejecutivo añaden en su iniciativa la posibilidad de que los vocales del Consejo del Poder Judicial díscolos tengan incluso que asumir responsabilidades penales en caso de no respetar el procedimiento tasado para las renovaciones en tiempo y forma, en clara alusión a los vocales conservadores del Consejo General del Poder Judicial que libran un pulso con los progresistas por los dos nombramientos ahora pendientes al TC.

El Constitucional se ha visto en esta delicada tesitura de que la petición del PP, que presentó ayer un recurso de amparo con la petición al tribunal, se vea antes de que tenga lugar este tarde la votación de la reforma del Código Penal. Pero al aplazarse la sesión al lunes a partir de la 10 de la mañana, a petición de los cinco magistrados progresistas, ya no habrá decisión hoy.

El contenido esencial de esa reforma es la sustitución del delito de sedición por el de desórdenes públicos agravados, pero al que se han incorporado, vía enmiendas, la rebaja de la malversación, la creación de la figura del enriquecimiento ilícito o los cambios en materia judicial impugnados ahora por los populares.

En su recurso al TC y como medida cautelarísima, de carácter muy excepcional, el PP reclama la suspensión de la tramitación de las propuestas en materia de justicia de los dos grupos parlamentarios que dan soporte al Ejecutivo, Unidas Podemos y el PSOE.

El PP da este paso tras haber presentado, con nulo resultado, sendos escritos a la mesa de la comisión de Justicia y la Mesa del Congreso solicitando que las enmiendas sobre la reforma judicial no fueran admitidas a trámite. La secretaria general del PP y portavoz parlamentaria, Cuca Gamarra, argumentó ayer la decisión afirmando que la admisión a trámite de las enmiendas se ha efectuado mediante un «uso fraudulento de los trámites parlamentarios» y «con falta de conexión de homogeneidad con el texto de la proposición de ley». Además, afirmó que las iniciativas en materia de justicia son «inconstitucionales de forma manifiesta».

El PSOE ha contraatacado esta misma mañana. En un intento de que el Constitucional no impida la votación en el Congreso, los socialistas han presentado un escrito por el que solicitan personarse en el procedimiento por el recurso de amparo a fin de frenar el recurso del PP. Patxi López ha calificado de «salto cualitativo» en la deriva «antidemocrática» de la derecha.