El PP enfila hacia el Constitucional la ley de amnistía antes de que se apruebe

En su impugnación, que resolverá la propia Mesa de la Cámara baja tras escuchar antes a la Junta de Portavoces–previsiblemente el próximo martes–, el PP rebate la argumentación de Galindo favorable a tramitar la medida de gracia denunciando que éste «obvia y oculta» las dos enmiendas sobre la amnistía que llegó a debatir el Congreso hace cuatro décadas durante el proceso constituyente; dos enmiendas de distinto tenor, presentadas por el Grupo Mixto –su proponente fue el socialista Raúl Morodo– y UCD, que acabaron rechazadas y que llevan a los populares a deducir, en consonancia con algunos expertos constitucionalistas, que el legislador no quiso incluir como tal la amnistía en la Carta Magna. Y que ello la dejaría, en consecuencia, fuera de la ley vigente.

Al contrario de lo que afirma en su dictamen el letrado mayor –que a su vez ejerce de secretario general de la Cámara baja y para quien las dudas sobre el encaje de la iniciativa pactada por los socialistas con Junts y ERC no son lo suficientemente notorias como para incurrir en el indulto general prohibido en el artículo 62 de la Ley Fundamental–, los populares sostienen que la amnistía es «inconstitucional de forma palmaria» precisamente porque el legislador se negó a incorporarla en el proceso constituyente de 1978.

El partido de Feijóo, que en la reunión semanal del martes de la Mesa se topó con la mayoría del PSOE y Sumar que denegó pedir informes tanto al Consejo del Poder Judicial (CGPJ) como al Consejo Fiscal sobre la proposición de ley de amnistía, da por hecho que el órgano rector del Congreso, una vez escuchado el parecer de la Junta de Portavoces, tumbará su petición de reconsiderar la tramitación de la norma.

Precisamente esa negativa abre la vía para que el PP interponga ya un recurso de amparo ante el TC, según lo previsto en la Constitución y en la ley orgánica del tribunal sobre las actuaciones de las Cortes, por posible vulneración de los derechos de sus parlamentarios. Un paso que, de consumarse, sería la punta de lanza del recurso o los recursos de inconstitucionalidad –pueden plantearlos 50 diputados o 50 senadores (el PP suma en ambas categorías) y gobiernos y asambleas autonómicas– con que Génova pretende obstaculizar la ejecución de la amnistía una vez ésta se apruebe. Algo que cada vez está más difícil que ocurra en este período de sesiones.

A la espera de ese eventual primer recurso de amparo ante el TC, los populares creen que, mientras tanto, pueden ir cargándose de razones para impugnaciones futuras. Y aquí intentan morder en la declaración que efectuó el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, el día en que el PSOE registró, solo con su firma, la amnistía en el Congreso. Ese 13 de noviembre, Bolaños constató que la medida de gracia era un proyecto de ley del Gobierno –que no podía elaborarlo al estar en funciones todavía– «vehiculizado» a través de la proposición de ley de los socialistas y sus aliados. El PP infiere que eso «contamina» la tramitación de la norma. Y quiere saber, exactamente, quién la ha redactado.

Porque la siguiente cuenta del hilo es Fernando Galindo. Los populares aventuran que el hoy letrado mayor elegido por la presidenta del Congreso, Francina Armengol, podría «haber participado» de alguna forma en la elaboración del texto legislativo cuando era aún un alto cargo del Ministerio de Política Territorial. Una sombra de sospecha que el partido que encabeza la oposición hace extensivo al hecho de que Galindo esté casado con Mercedes Cabrera, directora de Relaciones con las Cortes –otra de las áreas que dirige el ministro Bolaños– antes de que dejara su cargo hace poco menos de un mes.