El PP eleva el órdago por la amnistía y llevará al Constitucional la colisión del Senado y el Congreso

El partido de Alberto Núñez Feijóo ha optado por pisar el acelerador en un viaje de la norma por el Senado que -esto ya se sabía- va a representar un nuevo calvario para el Ejecutivo. Sobre el papel y si no media otro sobresalto que no es descartable dado el frenesí que sacude la política española, los populares disponen de dos meses para trabar en la Cámara la tramitación tras haber promovido una reforma exprés del Reglamento a fin de torpedear, a su vez, el procedimiento de urgencia con el que el PSOE y sus aliados aspiraban a sacar adelante la amnistía. Un modo de legislar, por esta y por otras razones, censurado por los servicios legales de la Comisión de Justicia del Congreso, ahora por los del Senado y también por la Comisión de Venecia.

En estos próximos 60 días, y después de que la Mesa del Senado enviara ayer el texto a debate a una comisión mixta Constitucional-Justicia con un posicionamiento paradójico -el PP apoyó tramitarla y el PSOE lo rechazó-, el partido que dirige la Cámara alta bajo la presidencia de Pedro Rollán lanzará ya la batalla hacia el TC con el ministro Bolaños acusándole de convertirla en una institución «dilatoria y obstruccionista», Sumar y otros socios apuntándole por «filibusterismo» parlamentario y Vox lamentando, una vez más, que los de Feijóo no cedan a su exigencia de frenar la amnistía allí donde pueden. En realidad, ni pueden ni deben a pie de Constitución, según dictaminan los letrados del Senado, a los que los populares pidieron su parecer con dos objetivos: dotarse de argumentos jurídicos para sortear, por una parte, el acogotamiento a que pretende someterles la extrema derecha y, por otra, para explorar todas las medidas legales a su alcance para obstaculizar la ley.

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En su dictamen, con la constatación previa de que esto debe partir de una decisión política, los servicios de la Cámara alta plantean dos vías para que los senadores puedan reaccionar ante una norma que, si ambiciona realmente «la reconciliación política y social», debería encauzarse -arguyen- a través de una reforma constitucional con mayorías cualificadas, en aplicación de «un bicameralismo perfecto» y con posible referéndum final a la ciudadanía. Los letrados alientan que los miembros del Senado podrían recurrir en amparo al Constitucional en defensa de los derechos que les hurtaría el trámite como proposición de ley orgánica y por la vía rápida; y en segundo lugar, la Cámara alta estaría en condiciones de elevar el citado conflicto competencial ante el TC. El equipo jurídico del Senado recuerda que ambas alternativas pueden ir acompañadas de la solicitud de una suspensión cautelar de la amnistía.

Fuentes populares descartaron ayer que vayan a formalizar esa petición, aunque habrá que esperar a cómo evoluciona la colisión entre instituciones que regulan los artículos 73, 74 y 75 de la ley del TC. En lo más inmediato, y en virtud del 188 del Reglamento de la Cámara alta, Feijóo y los suyos trasladarán a pleno -previsiblemente el del 2 de abril, a la vuelta de Semana Santa- el requerimiento formal al Congreso para que retire la amnistía. La Cámara baja dispondrá de 30 días para responder.

Si no lo hace o su réplica es negativa, entonces el PP interpondrá el conflicto de atribuciones. Tiene para ello un mes, a partir del cual y si su iniciativa tiene apariencia de legalidad, el Constitucional abrirá un período de alegaciones por otro período similar al que podría seguir otro igual para informaciones complementarias. A partir de la finalización de todo ese plazo, el TC resolvería en 30 días. Un calendario que abre la puerta a que la norma se enquiste más allá de los dos meses previstos de tránsito por el Senado.