Los letrados del Senado denuncian «fraude» constitucional en la amnistía y anticipan una dura batalla

En su profuso análisis, los letrados apuntalan, endureciéndolas incluso, las conclusiones a las que ya llegaron sus homólogos de la Comisión de Justicia del Congreso, quienes ya sugirieron que la amnistía puede precisar una reforma de la Constitución para encajar sin fórceps en el ordenamiento español contra el criterio de su jefe, el letrado mayor, Fernando Galindo, integrante hasta ser nombrado para el cargo del Gobierno de Pedro Sánchez. Frente al criterio de Galindo, que no veía indicios de inconstitucionalidad lo suficientemente palmarios como para interrumpir el procedimiento legislativo, primero sus colegas de la comisión encargada de dar cauce a la norma en la Cámara baja y ahora los del Senado argumentan exactamente lo contrario. Es más, estos últimos desmontan uno a uno lo que interpretan como «vicios» contra lo establecido en la Carta Magna, desde cómo se ha tramitado a un contenido que, a su ojos, vulnera entre otras cosas la igualdad ante la ley y la separación de poderes con medidas como la imposición a los jueces de que apliquen de inmediato el levantamiento de las medidas cautelares (como la orden de busca, captura e ingreso en prisión que pesa contra el expresident catalán Carles Puigdemont).

El equipo jurídico del Senado no solo deduce del texto normativo analizado que ataca principios esenciales de la Constitución, sino que sostiene sin ambages «la necesidad de residenciar explícitamente en normas de rango constitucional la facultad de conceder amnistías». Es decir, cree obligada una reforma constitucional recurriendo al mismo argumento que emplea el Gobierno para defender la ley: si lo que se pretende es algo de tanto peso como «la reconciliación política y social», lo adecuado no sería aprobar la ley, como se ha hecho, sin una mayoría cualificada –como la que requiere por ejemplo la Comisión de Venecia, a la que los autores del dictamen citan para escudar sus argumentos- y hurtando las potencialidades de intervención del Senado, sino promoviendo un cambio en la Carta Magna con un «bicameralismo perfecto», con un consenso amplio obligado y tasado y sometiendo, en su caso, lo que se acuerde al referéndum del conjunto de la ciudadanía española.

Los letrados de la Cámara alta, que recuerdan que si la amnistía no está regulada en la Constitución es porque así lo quiso el legislador en la Transición, echan mano a cómo se ha tratado este asunto desde las Cortes de Cádiz de 1012 y recurren al Derecho comparado para subrayar que la mayoría de los países europeos que las conciben lo hacen expresamente dentro de sus Ley Fundamental, se muestran singularmente críticos con el modo en que se ha tramitado esta ley orgánica para suplantar la vía de la reforma constitucional.

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Junto a ello, aseguran que es absolutamente irregular que la norma se devolviera el día 30 de enero, cuando Junts la tumbó para incentivar sus exigencias, a la Comisión de Justicia en vez de hacerla decaer dado que solo no cosechó tras su debate en el pleno del Congreso la mayoría absoluta, sino que ni siquiera obtuvo más votos a favor que en contra. Y en uno de los aspectos más delicados de la normativa, el de la exoneración de los delitos de terrorismo ampliada por cesión del PSOE a Junts y Esquerra para proteger a Puigdemont y Marta Rovira en la causa contra Tsunami Democràtic, arguyen que no cabe ampararse en la directiva europea de 2017 para orillar el Código Penal español cuando, precisamente, ha sido traspuesta ya al ordenamiento nacional. Y vuelven a mencionar a la Comisión de Venecia al subrayar que ésta alerta en su evaluación de que no todos los actos terroristas pueden ser exculpados.

La amnistía entra hoy en los órganos del Senado y este duro informe anticipa una batalla política que se prevé igual de cruenta, en la que la mayoría absoluta del PP no servirá para paralizarla pero sí para que la otra Cámara que conforma las Cortes diga no y para entorpecerla todo lo que esté a su alcance. Los juristas del legislativo territorial vertebran su informe con la convicción de que se ha seguido una suerte de procedimiento trucado que acaba vulnerando los derechos de los senadores. Y aunque lo dejan en sugerencia sometida a lo que decida el poder político, concretan lo que podría hacer el Senado contra la ley: plantear un conflicto entre órganos constitucionales, entre él y el Congreso, ante el TC con la posible petición de una medida cautelar para suspender la aprobación de la norma. Una suspensión que también podrían reclamar, añaden, aquellos miembros de la Cámara alta que impugnen en amparo también ante el TC.