El PP distancia de Vox su propuesta para disolver partidos y Junts evita ir al choque

Los populares minimizaron además su propuesta y tuvieron que matizarla respecto a la presentación del día anterior para que no se preste a malentendidos constitucionales. «La responsabilidad penal de los partidos no es nada nuevo. Figura en nuestro Código Penal desde 2012. El PP no ha inventado absolutamente nada», afirmó el portavoz del PP en el Congreso, Miguel Tellado.

El PP prometió en su programa electoral recuperar el delito de sedición, derogado la legislatura pasada por el PSOE como cesión a Esquerra a cambio de sus votos en el Congreso, y endurecer el de malversación. Los de Alberto Núñez Feijóo, en cambio, van ahora más allá de lo que plantearon en campaña y apuestan por la «disolución» de partidos que promuevan declaraciones de independencia o un referéndum ilegal, como fue el caso de ERC y Junts en octubre de 2017. Los populares lo plantean a través de la introducción en el Código Penal de una serie de delitos de «deslealtad constitucional», todos ellos en el ámbito del «desafío territorial», por si algún dirigente nacionalista consuma su amenaza de «volverlo a hacer».

El PP se presenta como garante de la unidad territorial, frente a un Gobierno al que acusa de estar entregado a las fuerzas secesionistas y de quebrar el principio de igualdad ante la ley, al aprobar la amnistía a los encausados por el 'procés'. La propuesta de los populares se debatirá, junto con la de Vox (que pide modificar directamente la Ley de Partidos para ilegalizar las formaciones independentistas), el próximo miércoles en el Congreso en un pleno trasladado por obras al Senado. No tienen posibilidades de prosperar si la mayoría de la investidura las tumba en bloque como está previsto.

El principal partido de la oposición aboga por disolver aquellas formaciones que cometan actos ilegales, pero insistiendo en que no se puede atacar a los partidos por su ideología. En España «no se persigue a nadie por sus ideales, sino por su actos, si éstos son delictivos», según el PP, que busca «rearmar al Estado» ante una posible tentación de Junts y ERC de retomar la vía unilateral como en octubre de 2017 y tras el «vaciamiento» en la respuesta del Estado de derecho provocado por el fin de la sedición.

Vox, no obstante, sí que ha pedido en reiteradas ocasiones –no solo en la enmienda que también ha presentado contra la futura ley de amnistía– «ilegalizar» las mismas fuerzas independentistas que Génova pone ahora en la diana en el caso de que volviesen a cometer actos rupturistas como el plebiscito del 1-0. «Las propuestas de Vox son distintas a las del PP, ellos se refieren a la Ley de Partidos y nosotros hablamos de tipificar un delito en el Código Penal», matizó Tellado.

Además, defendió que la «disolución» de partidos es algo que recoge el Código Penal desde 2012. Fuentes populares apuntan que el tiempo les acabará dando la razón con esta propuesta porque «la opinión pública» se dará cuenta de la gravedad de las amenazas vertidas por Junts y ERC sobre su estrategia para alcanzar la independencia.

Mientras el PP trataba de desmarcarse de Vox, los partidos de la izquierda y ERC acusaron a los populares de todo lo contrario, es decir, de hacer seguidismo de la formación de Abascal. «Es un paso más en la carrera con Vox hacia el totalitarismo», afirmó Esquerra. Junts, en cambio, guardó silencio. Los de Puigdemont, que el día anterior admitieron los contactos con los populares antes de la investidura de Sánchez, creen que la iniciativa del centroderecha es inconstitucional y además no tendrá recorrido, porque no saldrá adelante en el Congreso. De ahí que no gastaran energías en atacar al PP, posible socio en el futuro. Junts votó a favor de la investidura de Sánchez pero desde el inicio de la legislatura insiste en que no quiere que se le sitúe en ningún bloque.

El Gobierno sí respondió a los populares. El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, afirmó que en España ya existe una Ley de Partidos que ha funcionado y espetó que la «única deslealtad constitucional acreditada durante más de 1.800 días» es la del PP oponiéndose a la renovación del CGPJ. El PSOE acusó al PP de acercarse a las tesis de Vox y para Sumar, la enmienda es más «propia de regímenes autoritarios».