Feijóo eleva el listón contra la amnistía y propone disolver partidos si convocan referendos ilegales

La iniciativa de los de Alberto Núñez Feijóo eleva el listón de su oposición a la amnistía y plantea un giro de 180 grados respecto a las intenciones del PSOE con la norma pactada con el independentismo para que Pedro Sánchez continuara en la Moncloa. El texto alternativo del PP, que salvo sorpresa mayúscula será tumbado en el Congreso por las fuerzas del Gobierno y sus socios, incluye castigos para las «autoridades, cargos o funcionarios públicos que promuevan la inobservancia de las leyes o el incumplimiento de las resoluciones judiciales», buscando «perjudicar la unidad» de España, además de incluir «delitos de deslealtad constitucional»; una figura que ya avanzó Feijóo durante su fallida investidura.

El documentode 15 páginas registrado por los populares supone una enmienda a la totalidad en toda regla a la ley y a la hoja de ruta del PSOE con el independentismo: más allá de exigir la retirada de la proposición de ley de los socialistas avalada por sus aliados, el partido de Feijóo que el Gobierno defendía que la amnistía era inviable constitucionalmente hasta después del 23-J y el posicionamiento del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) en contra del borrado de los delitos del 'procés'. El PP llega a hacer referencia, incluso, al «poder absoluto» del antiguo Imperio Romano para arremeter contra la estrategia del presidente del Gobierno.

Tellado enfatizó que esta enmienda con texto alternativo a la «ilegal»amnistía es un «punto de partida para tratar de «rearmar al Estado y frenar y revertir el daño» que le han infligido los independentistas y el PSOE, al que    los populares recriminan su objetivo de sumir en el olvido todas las causas judiciales derivadas de la intentona independentista. La idea del PP, además, pasa por ir más allá de esta enmienda y presentar en el futuro una proposición de ley con los mismos puntos en el primer periodo de sesiones en el Congreso. La estrategia busca desmontar la estrategia por la que, denuncian los populares, se ha «debilitado el Estado» a la hora de defenderse de las «amenazas» a su integridad.

Es cierto que Tellado evitó en todo momento durante su comparecencia explicitar la idea de ilegalizar partidos políticos y que en el texto alternativo no hay ninguna referencia a esa palabra, pero de sus manifestaciones se deduce que los de Feijóo, por primera vez, están dispuestos a ello –con el matiz semántico de que la palabra escogida ha sido «disolver»–. Un endurecimiento de sus posiciones que cristalizó el mismo día en que los contactos del primer partido de la oposición con Junts volvían a requerir explicaciones por parte del primero.

Hay que recordar que en 2020, los populares votaron en contra de la toma en consideración de una ley de Vox para ilegalizar las formaciones separatistas y recientemente hicieron lo mismo con una moción debatida en el Senado. El texto registrado ayer propugna «la disolución de organizaciones o personas jurídicas» que cometan los nuevos delitos que los populares quieren reflejar en el Código Penal. Y esos tipos penales no son otros que los referidos a la convocatoria de referendos ilegales y la declaración de independencia de un territorio.

La legislatura pasada los letrados de la Cámara Baja se posicionaron en contra de tramitar una ley de amnistía de los independentistas por considerar que entraba «en contradicción palmaria» con la Constitución. Ahora, ante la propuesta del PSOE, el nuevo jefe de los servicios jurídicos, Fernando Galindo, que procede del Gobierno, sí ha avalado la tramitación de la norma. La Mesa y la Junta de Portavoces del próximo martes incluirán el debate de totalidad de la medida de gracia en el pleno del día siguiente, 10 de diciembre. Será el segundo choque parlamentario por la norma.

Todos los cambios que el PP propone introducir tienen que ver con el Código Penal. Eso sí, dejando claro que la propuesta apunta a las «responsabilidades de políticos, de cargos políticos, de personas vinculadas a la Administración y de personas jurídicas» que sean partícipes de los referidos delitos que buscan tipificar los populares. Lo que no tocan es la Ley de Partidos Políticos de 2002 que sirvió para ilegalizar a Batasuna. Un año después, José María Aznar incluyó el delito de prisión para la convocatoria ilícita de plebiscitos soberanistas en respuesta al 'plan Ibarretxe'. Zapatero lo derogó.