PSOE y Unidas Podemos acuerdan de madrugada los últimos Presupuestos de la legislatura

Socialistas y morados habían jugado al gato y al ratón durante las últimas semanas -los de Ione Belarra presionaron hasta el punto de denunciar que las Cuentas estaban «bloqueadas»-, pero finalmente han aceptado desligar del acuerdo la ley de vivienda y la derogación de la llamada 'ley mordaza', dos de sus líneas rojas hasta ahora para salvar las últimas Cuentas de la legislatura.

Era «la única forma de avanzar», explicaron fuentes conocedoras de las negociaciones. Sobre todo en un punto delicado del mandato de Sánchez, marcado por el alza de la inflación y las consecuencias derivadas de la invasión rusa de Ucrania. Y ello a pesar de que Podemos considera «insostenible» la Ley de Seguridad Ciudadana aprobada por el Gobierno de Mariano Rajoy en 2015, «que lleva más tiempo en vigor con el PSOE en la Moncloa que con el PP».

Este lunes por la noche, y en un tono más duro del que estaba empleando privadamente Podemos, la vicepresidenta segunda Yolanda Díaz censuró los modos de la negociación y negó que estuviera cerrada. Eso sí, a expensas de una eventual reunión de ella misma este martes, antes de comenzar el Consejo, con Pedro Sánchez.

Podemos no renuncia a que sus exigencias sean atendidas, sobre todo a solo ocho meses de que se celebren unas elecciones locales y autonómicas que no cree que el PSOE pueda encarar con garantías sin tener solucionados antes los asuntos pendientes de la ley de vivienda -atascada desde febrero en el Congreso- y la 'ley mordaza'. «Que se desbloqueen depende exclusivamente del PSOE. Un Gobierno progresista no puede permitir que la vivienda sea inaccesible para las mayorías», zanjó en las últimas horas Pablo Fernández, coportavoz de Podemos.

En cuanto al tercer punto de discordia en la negociación, la Ley de Familias, PSOE y Podemos habían acordado que estaría aprobada en septiembre y este lunes acabaron alcanzando un acuerdo de mínimos. No trascendieron los detalles, pero el propio Fernández había sido claro por la mañana: «Esta ley debe servir para hacer posible que en este país sea más fácil conciliar».

El pacto alcanzado incluye tramitar de forma urgente una ley de familias que incluya una prestación de crianza de 100 euros mensuales, para familias con menores de 0 a 3 años. Otro asunto espinoso era el del aumento del gasto militar. Se trata de un compromiso alcanzado por Pedro Sánchez con los aliados de la OTAN en el transcurso de la cumbre de Madrid, celebrada a finales de junio.

Para los socialistas esta promesa era «ineludible», mientras que los morados alegaban que cualquier subida presupuestaria que no fuera destinada al gasto social y sí a las partidas del Ministerio de Defensa «no son negociables». Una bomba de relojería que acabó por desactivarse tras -como argumentan en Hacienda- la elaboración del plan especial de Defensa, en el que se recoge que las inversiones militares no computen en el límite de gasto no financiero a partir del cual se elaboran las Cuentas públicas, como no lo están tampoco las transferencias correspondientes a las comunidades autónomas o a la Seguridad Social.

Una vez se detallen todos los flecos negociados hasta el último momento por PSOE y Podemos, el Gobierno tiene por delante otra carrera contrarreloj. En este caso será para convencer a los aliados de la investidura y poder superar así un trámite parlamentario crucial. El portavoz parlamentario del PNV, Aitor Esteban, subrayó este lunes que los nacionalistas no encaran la negociación con «ninguna línea roja», pero sí avisó a Sánchez de que debe cumplir los compromisos adquiridos en 2022 para poder llegar a un acuerdo. «Octubre -auguró- será un mes largo».

El precio de EH Bildu a cambio de su apoyo, expresado por su portavoz, Mertxe Aizpurua, pasa por «avanzar en cuestiones sociales». « El año que viene, el último de la legislatura, probablemente habrá una prórroga de las Cuentas. Por eso, es muy importante cerrar ahora muchos temas», razonó. Esquerra apunta por ahora más alto. Así, los republicanos piden reformar el delito de sedición en el Código Penal para iniciar las conversaciones.