Podemos anticipa guerra contra un bipartidismo que orilla a los socios

Es una incógnita hacia dónde derivarán los efectos de un pacto que vuelve a hacer que el escenario gravite en torno a los dos grandes partidos, con Sumar no queriendo perder pie subrayando su huella en dos de las nuevas vocalías del Consejo e incidiendo en «el secuestro inconstitucional» al que habría sometido el PP al Consejo en este lustro, mientras el resto de los socios escenifican su malestar ante la evidencia -que han quedado orillados tras cristalizar las negociaciones- con distintas tonalidades.

Y ahí la voz que se alza más beligerante es la de Podemos, que trata de hacer valer el peso de sus cuatro escaños en la Cámara baja desde que el diciembre abandonara la disciplina de Sumar para ganar autonomía en el Grupo Mixto. Su secretaria general, Ione Belarra, ya cargó contra el acuerdo para actualizar el CGPJ justo después de que el ministro Bolaños y el popular González Pons lo rubricaran en Bruselas interpretando que el mismo «inaugura una nueva legislatura, la de la gran coalición del PSOE y el PP, la restauración del bipartidismo» ajena, a su juicio, al espíritu del 23-J. Fue la misma deducción que efectuó, casi en paralelo, el portavoz de ERC, Gabriel Rufián. Pero mientras los republicanos, que ayer tenían otras preocupaciones -el fallido pleno de investidura en Cataluña, con la presión sobre ellos del PSC y Junts-, no incidieron en su reprobador diagnóstico, Belarra sí lo hizo dentro y fuera del Congreso.

En un juego de palabras sobre el pacto de «orden» PSOE-PP y preguntada hasta dónde está Podemos está dispuesta a llevar «el desorden» por contraste, su jefa de filas subrayó que «hasta donde lleguen nuestras posibilidades», en alusión al margen con que los morados cuentan para presionar al Gobierno e intentar condicionarlo. Belarra, que auguró futuras alianzas de Sánchez y Feijóo en materias como la fallida Ley del Suelo, equiparó el cambio «trascendental» que imprime a la legislatura el acuerdo de los dos grandes partidos con el que reformó la Constitución en 2011 para consagrar en su artículo 135 la estabilidad presupuestaria exigida por Bruselas; y lo vinculó, también, a la transacción entre socialistas y conservadores de los nuevos cargos que dirigirán la UE.

Junts y el PNV, que en el pasado se movieron con soltura en el bipartidismo más cartesiano, se centraron en reprobar que el PSOE y el PP hayan forjado su pacto sin contar con nadie más, aunque los peneuvistas hace meses que se descolgaron de unas negociaciones que veían baldías. Y aunque Bildu también está en alerta por el tránsito de la legislatura, su censura ha sido comedida.