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A excepción de Sumar, que se sienta en el Consejo de Ministros y celebró el acuerdo de renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ)como «una gran victoria para la democracia», el resto de formaciones de izquierda que sustentan la mayoría progresista en ... el Congreso cuestionaron la decisión del Gobierno de pactar con el PP.
Podemos y Esquerra Republicana (ERC), los más críticos, ya hablan de una «gran coalición con el PP» y alertan de la vuelta del bipartidismo. La formación que dirige Ione Belarra, que ya antes de confirmarse la reunión en Bruselas amenazó con retirar el apoyo al Ejecutivo si cambiaba el sistema de elección del órgano de los jueces con los populares, se mostró tremendamente dura contra el pacto que, a su juicio, supone «la legitimación de la guerra judicial y un mensaje peligroso a los españoles sobre que a la justicia no llega la democratización».
La dirigente morada reprochó a Sánchez no haber cumplido su promesa de propuestas de regeneración democrática tras el «punto y aparte» que anunció el presidente del Gobierno tras el retiro de cinco días que se tomó en abril para decidir si seguiría al frente del Gobierno por los ataques que sufría su familia.
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«Este pacto inaugura una nueva legislatura, la de la gran coalición del PSOE y el PP, la restauración del bipartidismo», anunció , advirtiendo que «esa elección no responde a lo que las urnas votaron el 23-J y no se va a hacer con la complicidad de Podemos».
En esta misma línea, Gabriel Rufián, portavoz parlamentario de ERC, dio la bienvenida a «la gran coalición que es lo que de facto han pactado González-Pons y Bolaños» y afeó a Sánchez pactar con el partido al que hace unas semanas responsabilizó de «la máquina del fango» contra su entorno. «El PSOE ha elegido nuevo socio», asumió Rufián, aunque a diferencia de Podemos, no quiso poner en duda la continuidad de la mayoría de investidura reconociendo que siempre será mejor un Gobierno del PSOE con Sumar que uno del PP con Vox.
El malestar también reinó entre el resto de socios como EH Bildu y PNV, que aseguraron haberse enterado del acuerdo por los medios de comunicación y reprocharon al PSOE no haberse contado con ellos. Desde la formación independentista critican que el PSOE haya firmado el pacto «exclusivamente» con los populares y advierten que «el reparto de puestos con el PPpuede perpetuar la politización de la justicia y existe el riesgo de que en el futuro se vuelvan a producir situaciones de bloqueo por parte de la derecha».
«Lo que sorprende es que para esto hayan tardado tanto tiempo», ironizó Aitor Esteban, portavoz del PNV.
En Sumar, el socio minoritario del Gobierno, sacan pecho de haber estado en «permanente contacto» durante las negociaciones y reivindicó su papel a la hora de proponer vocales –en la pasada legislatura Unidas Podemos tenía dos de su cuota– aunque no han querido desvelar los nombres.
Tanto Yolanda Díaz, vicepresidenta segunda del Gobierno, como el diputado Enrique Santiago aprovecharon para atacar al PP por haber «secuestrado» el órgano durante cinco años. «Parece que el PP viene ahora a inventar la pólvora», ironizó Santiago, partícipe de la negociación, recordando que la participación de los magistrados ya se produce en determinados niveles pero no se puede quitar competencias a la soberanía nacional.
El líder de Vox, Santiago Abascal, equiparó al PP y al PSOE para arremeter duramente contra la formación de Alberto Núñez Feijóo tras el pacto para la renovación del CGPJ. «Son lo mismo», denunció en la red social X poco después de conocerse el acuerdo en Bruselas.
Posteriormente, en los pasillos del Congreso, subrayó «la traición del PP y la estafa a sus electores», y acusó al PP de repartirse los jueces con el PSOE y entregar la justicia a Pedro Sánchez, «justo cuando la corrupción le rodea y en mitad de su golpe a la Constitución, a la separación de poderes y a la igualdad de los españoles ante la Ley». Abascal recordó que este acuerdo llega después de que los populares también «entregaran» el Tribunal Constitucional al PSOE.
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