El órdago de Lobato apenas dura 30 horas a la espera ahora del Supremo

Dijo Lobato que se quedaba porque él ha hecho lo correcto, revolviéndose frente al «linchamiento» que aseguró estar sufriendo de su partido. De los suyos. De la dirección del PSOE que llevaba meses telegrafiando que le está moviendo la silla para hacerlo caer. Su renuncia solo mediado un día evidencia que la presión -la que ha negado el secretario de Organización de los socialistas, Santos Cerdán, en los pasillos del Congreso preguntado por la decisión aún caliente de su hasta ahora compañero de filas- ha hecho su efecto subrayando, la aparente soledad del dimitido. Lobato, eso sí, sigue siendo diputado en la Asamblea madrileña y senador; es decir, está aforado. Y tiene pendiente la cita que corona su vía crucis de esta semana: la declaración como testigo a la que le ha llamado en el Supremo el juez que instruye la causa abierta al fiscal general, Álvaro García Ortiz, por la presunta revelación de datos reservados de la pareja de Ayuso, Alberto González Amador. Un acto probatorio con el acta notarial que sobrevuela sobre el partido aun cuando éste le haya empujado hacia la puerta de salida en puertas, también, de un congreso federal ya empañado.

Era sabido en los interiores de la política que Lobato no comulgaba con convicción con apuestas de Sánchez como la ley de amnistía o la financiación singular para Cataluña, pero nunca había sido un barón crítico a la manera de los dos únicos líderes territoriales que vienen cuestionando la estrategia de su jefe de filas, en especial por sus pactos con los independentistas: el castellanomanchego Emiliano García-Page, blindado por su mayoría absoluta; y el aragonés Javier Lambán, hoy de retirada en una de la federaciones que también están en la picota de la renovación una vez se celebre el cónclave de este fin de semana en la capital sevillana. El secretario general madrileño, obligado a pugnar en el erial que sigue siendo para las izquierdas la comunidad gobernada desde hace tres décadas por los populares, ha intentado mantener un muy delicado equilibrio entre la lealtad a Sánchez, su criterio sobre qué hacer para tratar de recobrar electorado en territorio hostil y, desde hace un tiempo, el runrún sobre que la suya iba a ser una de las cabezas que el aparato de Ferraz iba a hacer rodar. Si este martes el aún líder del PSM rompía ese funambulismo declarando la guerra a quienes iban a por él, hoy el plante ha quedado en escaramuza. A la espera de lo que destape o no su testifical ante el Supremo.

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Lobato, alcalde entre 2015 y 2021 de Soto del Real -el municipio donde está la cárcel más famosa del país por los corruptos que habitan sus celdas (el último, Víctor de Aldama) - y secretario general de su partido en Madrid desde el 23 de octubre de ese último año con el aval del 61% de los militantes que se pronunciaron en las primarias-, es, entre otras cosas, abogado y funcionario del Cuerpo de Técnicos de Hacienda. Dos circunstancias de su biografía que han otorgado credibilidad a la hipótesis de que si se personó ante un notario fue para procurar protegerse ante eventuales problemas legales y, por extensión, ante una purga política que ha terminado por consumarse de una manera sobrevenida e inesperada. Porque Lobato guardó mutismo sobre el comprometido movimiento que protagonizó, al parecer sin encomendarse a nadie, a principios de noviembre. Justo después, y no es baladí, de que la UCO de la Guardia Civil registrara el despacho del fiscal general el 30 de octubre incautándose de información para intentar esclarecer quién filtró a la prensa la información privada sobre González Amador.

Al fondo del tormentoso y aún enigmático 'caso Lobato' en algunos de sus extremos late el problema endémico del PSOE con la Comunidad de Madrid. La frustración que arrastra por no tocar el poder de la Puerta del Sol desde los tiempos del hoy apestado Joaquín Leguina -su mandato finalizó por el allá muy lejano ya 1995-, por el agujero negro del nunca del todo aclarado 'tamayazo' que marcó los albores del largo mandato de Esperanza Aguirre y, ahora, por la colisión del PSOE contra el fortín político y electoral que ha levantado en torno a su presidencia Isabel Díaz Ayuso, que se precia de inexpugnable pese a tener a su novio imputado por fraude fiscal.