El novio de Díaz Ayuso se querella contra la vicepresidenta Montero

Los argumentos del González Amador contra Montero se centran en unas declaraciones que la número dos del Gobierno y del PSOE realizó el pasado martes en los pasillos del Senado. «La situación requiere que la presidenta de la Comunidad de Madrid dé explicaciones y actúe con absoluta transparencia respecto a si efectivamente como se ha publicado en los medios de comunicación está viviendo en un piso que se pagó con fraude a la Hacienda Pública y que se pagó con las comisiones respecto a la compra de material sanitario en la peor situación de pandemia», señaló la vicepresidenta primera y mano derecha de Pedro Sánchez.

La presidenta de la Comunidad de Madrid ya denunció desde que estalló el supuesto caso de fraude fiscal que Montero aireó ante los medios de comunicación datos confidenciales de su pareja con fines políticos y contraviniendo la ley, lo que en última instancia sería un delito que según el Código Penal conlleva entre uno y tres años de prisión. Ayuso sostiene que la inspección de Hacienda a las cuentas de González Amador «es una persecución política escandalosa, donde todo huele a turbio» y que tiene como único fin acabar con su propia trayectoria política.

Por el lado contrario, la vicepresidenta del Gobierno asegura que no tiene noticias de ninguna querella en su contra y niega además haber incurrido en una revelación de secretos. Se trata, añade Montero, de una mentira más de Ayuso, la baronesa con más poder dentro del PP junto al andaluz Juan Manuel Moreno.

La contraofensiva judicial de González Amador también estudia una posible denuncia contra la Fiscalía. En el caso de la Fiscalía, la posible querella vendría a cuenta de la nota que emitió este jueves el Ministerio Público en la que aseguraba que el abogado de la pareja de Ayuso contactó para reconocer la existencia de dos delitos fiscales y ofrecer un acuerdo a cambio de una declaración de culpabilidad de González Amador.

El novio de la dirigente del PP ha encontrado el apoyo del Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM) que considera «de extrema gravedad la revelación de datos concretos que afectan a una diligencias en investigación. Pero no solo de esta institución. A última hora de este viernes, la Asociación de Fiscales pidió la dimisión del Fiscal general del Estado Álvaro García Ortiz, al considerar que las actuaciones del Ministerio Fiscal dañan «gravemente su prestigio».