El novio de Ayuso se enfrenta a varios meses de causa tras no regularizar su deuda fiscal

El Código Penal y la normativa tributaria recogen varias opciones para que un defraudador fiscal pueda evitar ir a juicio o, al menos, ver reducidas sus condenas de manera sustancial. Uno de ellos, ya fuera del alcance de González Amador, es abonar la deuda antes de saber que se está siendo investigado. En este caso, las indagaciones de la Agencia Tributaria le fueron notificadas a él y a sus empresas en mayo de 2023 y ocho meses después se comenzó a tramitar la denuncia sin que hubiera regularizado.

La segunda vía que se abre al denunciado es reconocer tanto el delito como pagar la sanción con intereses antes de que empiece el procedimiento. El artículo 305.6 del Código Penal establece que los jueces podrán imponer la condena «inferior en uno o dos grados» siempre que antes de que pasen dos meses desde su citación como imputado el acusado abone su deuda y «reconozca judicialmente los hechos».

En tercer lugar, podría elegir defender su inocencia ante el fisco con todas las consecuencias que ello conlleva, tanto personales como mediáticas, con el foco puesto en su pareja y pasar lo que se conoce como 'pena de paseíllo'. Un ejemplo es el caso del futbolista Xabi Alonso, que estuvo batallando con la Fiscalía de Madrid y la Abogacía del Estado más de siete años (pandemia mediante) por un fraude fiscal de dos millones de euros en tres ejercicios. Finalmente, el Tribunal Supremo confirmó su absolución.

Este es el escenario al que se enfrenta ahora la pareja de la presidenta madrileña, que ya intentó el pasado 2 de febrero acercarse a la Fiscalía. Su abogado, Carlos Neira, remitió un correo en el que dijo que su cliente reconocía «íntegramente» los hechos: «Ciertamente se han cometido dos delitos contra la Hacienda Pública. Es voluntad firme de esta parte alcanzar un acuerdo y proceder a resarcir el daño causado pagando la cuota e intereses de demora». Una literalidad que contradice las palabras pronunciadas el miércoles por Díaz Ayuso: «Es falso que sea él quien debe a Hacienda 350.000 euros por fraude, no hay trama», defendió.

Este cruce de mensajes fue conocido este jueves, después de que la Fiscalía difundiera un comunicado para desmentir que ofreciera primero el acuerdo. Y es que 24 horas antes Miguel Ángel Rodríguez, jefe de Gabinete de Díaz Ayuso, aseguró que fue el fiscal Julián Salto quien se dirigió al abogado de González Amador. Pero antes de que éste respondiera, le dijo que había recibido órdenes «de arriba» para rechazar el acuerdo.

Según la nota oficial, la cronología de los hechos comienza el 23 de enero, cuando se abrió diligencias de investigación como consecuencia del escrito de Hacienda; continúa el 2 de febrero con el correo del abogado de González Amador pidiendo el pacto; prosiguió el día 7 con el decreto de denuncia del fiscal; el 12 el acusador responde al letrado; un día después se interpone la denuncia; y este martes 12 de marzo el fiscal vuelve a contactar con la defensa para hacerle llegar la denuncia y recordarle que sigue abierto al acuerdo.