El móvil vacío del fiscal general solivianta al Supremo

En el Supremo apuntan a que lo «razonable» para probar la inocencia del fiscal general es que se hubieran conservado los mensajes de ese teléfono móvil que habría sido formateado por la propia Fiscalía General, según argumentan fuentes del Ministerio Público. Ello pese a que solo horas después de conocerse la filtración del 14 de marzo sobre de la cadena de emails entre el abogado de Alberto González Amador y el fiscal Julián Salto en busca de un pacto de conformidad, tanto la pareja de la presidenta madrileña como el Colegio de Abogados de Madrid anunciaron denuncias por la divulgación de esas conversaciones que apuntaba directamente a la cúpula fiscal.

Con este panorama, en el alto tribunal se orientan al protocolo de la Fiscalía, que obliga a conocer quién destruyó las posibles pruebas o quién dio la orden de proceder a la misma. Lo que hace «probable» que el caso no se vaya a quedar aquí y que el Supremo vaya a seguir investigando para «llegar hasta el fondo», apuntan fuentes del tribunal.

En paralelo, las lecturas políticas que se efectúan del informe de la UCO han desatado una nueva guerra entre el Gobierno y la oposición. Con las conclusiones de la investigación sobre la mesa, Moncloa trata dar el asunto por zanjado ignorando los mensajes que la propia Guardia Civil probó que existen -los mensajes que García Ortiz se cruzó con la fiscal jefe de Madrid, Pilar Rodríguez, también imputada por la supuesta filtración, y con la fiscal superior de Madrid, Almudena Lastra- mientras en el PP creen «escandaloso» que el fiscal general «oculte pruebas» y aseguran que hubo «obstrucción a la justicia» con el borrado de mensajes.

Este viernes, el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, calificó de «puerilidad impropia» del Supremo que éste pretenda, siete meses después, encontrar en los dispositivos del fiscal general del Estado las evidencias de quién filtró la información de los datos de González Amador. «¿Quién era el ingenuo que creía que iba a encontrar en el móvil del fiscal las pruebas incriminatorias?», se preguntó tras tildar de «disparate» que se haya abierto una investigación sobre un soplo cuando es algo «constante en nuestra vida pública», adujo en una entrevista en Antena 3. «Se puede decir que no es estético o sospechoso, pero no hay nada», argumentó Puente, al tiempo que insinuó que existe un interés en «embarrarlo todo para salvar la cara de la presidenta de la Comunidad de Madrid».

El ministro cerró filas con la interpretación que hizo el jueves el propio Pedro Sánchez: que el informe de la UCO, que halló «cero mensajes», exonera al fiscal general. «Ha habido mucha gente que ha exigido su dimisión sin pruebas, con falsas acusaciones, con bulos y desinformación», afirmó el presidente del Gobierno desde Bruselas, antes de volver a exigir responsabilidades políticas a Díaz Ayuso y, por elevación a Alberto Núñez Feijóo.

En el PP el análisis es diametralmente opuesto. Defienden que la eliminación de los mensajes del teléfono de García Ortiz es, precisamente, «la primera prueba de que hay tema» -arguyó el vicesecretario de Coordinación Autonómica y Local y Análisis Electoral de los populares, Elías Bendodo - y acusan a Sánchez de «tomar a los españoles por tontos», en palabras de su secretaria general, Cuca Gamarra. Pero la respuesta más contundente por parte de los populares vino, como suele ser habitual, de la presidenta madrileña, quien no ahorró en calificativos -«cobarde, abusón y dictador»- para cargar con dureza contra Sánchez después de que éste, interpretó, «aplaudiera una operación de Estado contra un rival político y aplaudiera que el fiscal general borrara pruebas; que presuntamente ha cometido graves delitos».

Con sus segundos Presupuestos regionales de la legislatura recién aprobados bajo el brazo, Ayuso compareció en la Asamblea reginal para acusar con palabras gruesas al presidente del Gobierno de reírse de la Guardia Civil. «A estas alturas vuelvo a pensar que ha enloquecido. Señor Sánchez, usted debe dimitir, está acorralado por la corrupción y destrozando la democracia», sentenció la líder madrileña. La ofensiva de Ayuso no se limitó al Gobierno y la Fiscalía.

La onda expansiva de su declaración también alcanzó al PSOE de Madrid que hoy capitanea el ministro Óscar López, mano derecha de Sánchez cuando se filtró el documento confidencial de su novio. «Sabemos hoy que el Partido Socialista de Madrid, con Lobato a la cabeza, participó activamente en esta operación de Estado y durante cerca de ocho meses lo utilizaron para intentar destruirme», zanjó.