El fiscal general entregó a la UCO un móvil 'virgen' que no usó los días de la filtración

El terminal que el propio fiscal general del Estado entregó a los agentes el 30 de octubre cuando éstos acudieron por orden del Supremo a registrar su despacho de la sede de la calle Fortuny e incautarse de todos sus soportes informáticos, era un segundo móvil 'virgen', que había entrado en servicio con posterioridad a las fechas investigadas (el momento exacto se desconoce) y en el que las aplicaciones de mensajerías habituales, incluida WhatsApp, habían sido instaladas desde cero.

El terminal físico que García Ortiz usó en las fechas de la filtración y que todavía podría ser sometido a un análisis forense por la UCO para intentar recuperar los datos de mensajería aunque estos hayan sido borrados no ha sido puesto a disposición de los agentes, siempre según estas mismas fuentes de la investigación. Ese móvil habría sido formateado por la propia Fiscalía General, según afirman desde este departamento, que alegan que se cumplió con el protocolo de seguridad con un aparato que deja de estar en uso por un fiscal. En la Guardia Civil desconocen si lo que Fiscalía califica de formateo fue, en realidad, la destrucción física del móvil, lo que ya complicaría sobre manera la obtención de los mensajes.

Así las cosas, se procedió al borrado masivo de toda la información, pese a que solo horas después de conocerse la filtración del 14 de marzo sobre de la cadena de mails entre el abogado de Alberto González Amador y el fiscal Julián Salto en búsqueda de un pacto de conformidad, tanto la pareja de la presidenta como el Colegio de Abogados de Madrid anunciaron denuncias por la filtración de esas conversaciones que apuntaban directamente a la cúpula fiscal. Con este panorama –afirman en el entorno del Supremo- lo 'prudente' habría sido conservar las posibles pruebas exculpatorias y no precipitarse a cumplir los protocolos de ciberseguridad.

El Ministerio Público se escuda en la «Instrucción 2/2019, de 20 de diciembre, de la Fiscalía General del Estado, sobre la protección de datos en el ámbito del Ministerio Fiscal» para justificar la eliminación masiva de esa información que hubiera sido clave en la investigación. Su artículo 7.3, que fija las «obligaciones de las fiscalías, unidades y de los demás órganos del Ministerio Fiscal», establece la «destrucción de forma segura de documentos y dispositivos en desuso».

La Fiscalía General asegura que cíclicamente hace un borrado del contenido de teléfonos, ordenadores y otros dispositivos por razones de seguridad, tanto del fiscal general del Estado como del resto de miembros de la institución. Y que a veces, en el marco de esas mismas tareas de protección, se procede al cambio de las terminales.

Los móviles 'salientes' habitualmente se formatean o se destruyen de acuerdo con lo establecido en la denominada «Guía Básica de actuaciones a desarrollar por las Fiscalías, Órganos y Unidades del Ministerio Fiscal en materia de protección de datos» de junio de 2022. Este texto es el que dispone que el «almacenamiento de información que contenga datos personales en soportes electrónicos portátiles (discos duros externos, memorias USB, etc.) ha de limitarse al máximo siendo obligada su encriptación en caso de que se utilicen».

En esa normativa, en la que también se ordena «no almacenar indefinidamente documentos en los soportes digitales ni en las cuentas de correo electrónico», se fija, no obstante, la obligación de que se «certifique por parte del personal encargado» el «formateado de los equipos informáticos una vez sean devueltos por su usuario». O sea, que el juez instructor del caso en el Supremo, Ángel Hurtado, podría reclamar a los servicios técnicos de la Fiscalía saber cuándo se borraron los datos, quién lo hizo, quién lo ordenó, qué método uso para el formateado y si esta operación con esas herramientas se había hecho anteriormente con el móvil de García Ortiz. E incluso saber dónde y en qué situación se encuentra el terminal usado por el fiscal general aquellos días de marzo, si es que este aparato no ha llegado a ser destruido físicamente.

Sin acceso, al menos por el momento, al terminal antiguo, aunque esté formateado, la única forma que la UCO tendría para acceder a los mensajes del borrados del fiscal general en marzo sería que el juez Hurtado remitiera sendas comisiones rogatorias a los proveedores de mensajería y de almacenamiento en la nube (como Meta, Facebook, Google y Apple ) y confiar en que una incierta iniciativa así tuviera una respuesta afirmativa, lo que es muy improbable vistos los antecedentes, según reconocen fuentes del caso.