Los Mossos activan ya el plan para detener a Puigdemont en su regreso tras siete años

El momento de esa hipotética captura –recalcan responsables judiciales y de los Mossos– puede ser muy delicado, ya que estas mismas fuentes dan por supuesto que la intención de Puigdemont sería llegar hasta el mismísimo Parlament en Barcelona en pleno debate de investidura para aumentar el eco de su regreso y, de paso, incrementar la polémica que supondría un hipotético arresto en el interior de una sede parlamentaria que debiera gozar de inmunidad.

En el Complex Central de Egara, en Sabadell, el cuartel general de la policía catalana, dan por descontado que el expresident, si puede, no perderá la ocasión de poner en un aprieto a la actual jefatura del cuerpo autonómico, todavía en manos de ERC, incluso presentándose por sorpresa en los controles de acceso al Parlament, vigilados por los Mossos, que, como policía judicial, tendrían que proceder a su arresto, a pesar de que el presidente de la cámara, Josep Rull (Junts), ha afirmado que dada la inviolabilidad de la sede la policía no puede detener a nadie.

Tratar de evitar a «toda costa» ese «show» en el Parlament y sus alrededores donde se esperan a seguidores posconvergentes –revelan altos responsables de la policía autonómica– es la prioridad máxima que ha fijado de manera informal los responsables de la Consejería de Interior que dirige el republicano y exsocialista Joan Ignasi Elena, que confían (o tienen más bien la esperanza) de poder interceptar al exjefe de Gobierno catalán antes de llegar a Barcelona y, sobre todo, de «manera discreta».

La idea es tratar de que no se repita lo ocurrido en marzo de 2023 cuando la exconsellera Clara Ponsatí fue detenida ante los medios tras dar una rueda de prensa en el Colegio de Periodistas de Barcelona. Un espectáculo que acabó con su puesta en libertad solo horas después.

La Policía Nacional, desplegada en las fronteras con Francia pero sin controles permanentes en la mayoría de la veintena de carreteras que conectan Cataluña con el país vecino, por su parte, no ha recibido ningún tipo de instrucción particular, según fuentes del cuerpo, pero en el CNP –como los Mossos o la Guardia Civil– tienen en sus oficinas las instrucciones que recuerdan que el juez del 'procés' del Tribunal Supremo, Pablo Llarena, mantiene activa la orden de búsqueda y captura nacional contra Puigdemont y los exconsellers Antoni Comín y Lluís Puig, después de que el pasado 1 de julio la Sala Segunda del alto tribunal declarara no amnistiado el delito de malversación de caudales públicos durante la intentona secesionista de 2017.

En el Supremo, a 620 kilómetros del Parlament y a más de 750 de La Junquera, formalmente nadie ha suspendido las vacaciones por el supuesto regreso, pero todo está listo para responder en «cuestión de minutos» a «cualquier contingencia». Todo se activará –explican fuentes cercanas a este dispositivo– en cuanto las fuerzas de seguridad comuniquen la hipotética captura del huido. La comunicación con la policía catalana es «totalmente fluida», explican.

Los Mossos, sabedores de lo delicadísimo de la situación y de que es muy probable que agentes de este cuerpo sean los que acaben topándose en primer lugar con Puigdemont, tienen ya establecido una suerte de protocolo para la posible vuelta del expresident desde que la ley de amnistía entró en vigor el pasado 11 de junio. Esas órdenes del comisario jefe de los Mossos d'Esquadra, Eduard Sallent, son tajantes: avisar inmediatamente a Prefectura. La jefatura del cuerpo tiene previsto entonces activar a los funcionarios de la comisaría General de Información para conducir al arrestado al juzgado de guardia correspondiente al partido judicial donde sea arrestado y de ahí avisar sin dilación al Tribunal Supremo.

Pablo Llarena está, como el resto de los 80 magistrados del Supremo, de vacaciones, pero va a ser él en persona el que decida qué hacer con Puigdemont si es detenido, según confirman todas las fuentes consultadas.

La primera decisión que debería tomar el instructor es si ordena el traslado del arrestado a Madrid y se hace cargo él personalmente de resolver sobre su situación o pide auxilio judicial a un juez catalán de guardia. En 2023, en el caso de Ponsatí, Llarena dejó en manos del juez de guardia esta decisión, pero la exconsejera, tras la derogación del delito de sedición, estaba solo procesada por desobediencia, sin pena de cárcel. Así las cosas, en el Supremo creen que lo más probable es que Llarena, habida cuenta también la relevancia del huido, en esta ocasión no delegue.

En la vistilla de prisión Llarena deberá decidir si el regreso del huido tras casi siete años neutraliza el riesgo de fuga y, sobre todo, si la gravedad del delito es suficiente para decretar cárcel preventiva. Y es que Llarena acusa al expresident de malversación en su vertiente más agravada, que puede acarrear hasta doce años de cárcel. Llarena solo puede enviar a prisión a Puigdemont si hay una petición de una de las partes. Los cuatro fiscales del procés han sido apartados por su negativa a poyar la aplicación plena de la amnistía, pero Vox, presente en esta causa, por descontado, sí que va a pedir prisión provisional.