La Moncloa, en modo vacaciones

El objetivo prioritario tras el descanso estival es la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado para 2025, los primeros de una legislatura, la decimoquinta, en la que el término más repetido hasta ahora ha sido amnistía. Y para lo que será necesaria la participación de las formaciones que permitieron en otoño a Sánchez alcanzar la presidencia, incluido Junts. Pese a los últimos acontecimientos –el acuerdo PSC-ERC para hacer presidente a Salvador Illa–, «nosotros seguimos con absoluta normalidad, relacionándonos con Junts como hemos hecho hasta la fecha», destacó la número dos del Ejecutivo y titular de Hacienda, María Jesús Montero, quien puso así fin a semanas alejada del foco.

La toma de posesión de Salvador Illa como presidente de la Generalitat ha propiciado la reaparición en escena de cinco ministros del Gobierno al tiempo, después de que los miembros del Gabinete de Sánchez prácticamente liberaran su agenda con el inicio del mes de agosto. Hasta este sábado, tan solo los ministros Pilar Alegría y Félix Bolaños habían tenido actividad, como espectadores de los Juegos Olímpicos de París. Junto a Montero, como vicepresidenta primera del Gobierno, estuvieron este sábado en el Palau de la Generalitat el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes; así como el titular de Industria y Turismo, Jordi Hereu (a quien Illa por cierto no nombró en su discurso); el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, y la titular de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant.

Y este acto también permitió escuchar por primera vez a Montero referirse al acuerdo suscrito entre el PSC y ERC para dotar a Cataluña de una financiación singular. «El PSOE apoya en su totalidad el acuerdo. A partir de ahí hay cuestiones que tienen que ver con cambios normativos y tendremos que ser capaces de concitar el acuerdo con el resto de los partidos del arco, pero evidentemente nos sentimos cómodos con este acuerdo», dijo.

La vicepresidenta del Gobierno destacó que «si el acuerdo tiene una seña de identidad es el de la solidaridad con el resto de territorios. Persigue la igualdad en la prestación de los servicios públicos en el conjunto del territorio español». Montero abogó también por «avanzar en la federalización del Estado» y hacerlo ahora desde las competencias de tributación para acompañar, dijo, «esa vocación de autogobierno que existe en Cataluña y existe en el resto de España».

En la última reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera, celebrada solo dos semanas antes de que se cerrara el pacto para la independencia fiscal de Cataluña, Montero negó con rotundidad que «el PSOE fuera capaz de aprobar tal agravio autonómico» e incluso sostuvo que su partido no mantenía «negociaciones bilaterales sobre la financiación singular de Cataluña».

Su silencio desde entonces era más que elocuente, sin más actividad en redes sociales que para lamentar el domingo pasado lo injusto que el deporte ha sido con Carolina Marín, lesionada cuando ya rozaba la final de bádminton en los Juegos de París y felicitar –fue la primera del Gobierno– a Salvador Illa instantes después de conseguir este jueves el respaldo del Parlament para ser investido presidente, el primero no nacionalista en catorce años. «Hoy es un día histórico, es un día grande» en el que se abre, ensalzó este sábado, «una nueva etapa política tanto para Catalunya como para el conjunto de España».

En lo que sí pasó por puntillas la vicepresidenta primera fue en la reaparición y nueva fuga de Carles Puigdemont. «Lo importante ese día fue lo que ocurrió dentro del Parlament. De lo que ocurrió fuera ya se dieron las explicaciones quien tenía que darlas», afirmó.

Fue precisamente un día antes Bolaños quien rompió el silencio gubernamental desde que Pedro Sánchez hiciera balance el 31 de julio, un día después de despachar con el Rey en Mallorca, de un curso político marcado, entre otras cuestiones, por el proceso judicial que atañe a su esposa, Begoña Gómez, por tráfico de influencias y corrupción en los negocios. El ministro de Presidencia y Justicia desligó al Ejecutivo y, más en concreto. al Ministerio del Interior -al que el magistrado Pablo Llarena ya ha pedido explicaciones-, de cualquier responsabilidad en la nueva huida de Puigdemont. «El operativo corría a cargo de los Mossos, que es la policía competente», se limitó a decir. Mientras, su titular, Fernando Grande-Marlaska, guarda un silencio sepulcral.

Solo estos dos acontecimientos, la irrupción de Puigdemont y la llegada a la presidencia de la Generalitat de Illa, han puesto fin a días de silencio. Aunque bien es cierto que el Gabinete dejó de prodigarse días antes, al mismo tiempo que ERC –que no el PSOE, ni el PSC– anunciara un acuerdo, condicionado al posterior apoyo de sus bases, para investir a Illa como presidente de la Generalitat a cambio de sacar a Cataluña de la caja común de financiación autonómica.

La medida, de la que no se conoce la letra pequeña, que ningún miembro del Ejecutivo ha explicado por más que se empeñe en repetir que «hace falta mucha pedagogía», ha de ser refrendada en el Congreso, un trago difícil de pasar para un sector del socialismo y que ya ha tenido réplicas de dos presidentes autonómicos socialistas, el castellano-manchego Emiliano García-Page y del asturiano Adrián Barbón –Navarra, donde gobierna María Chivite, dispone de régimen fiscal propio–, además de otras voces del partido de Ferraz. La vieja guardia del PSOE, con Felipe González a la cabeza, es partidaria de que los diputados socialistas voten no a esa polémica medida.