La Mesa del Congreso tumba la estrategia del Gobierno para aprobar los Presupuestos

El máximo órgano de control del Congreso fue convocado de urgencia y estuvo reunido durante casi tres horas en las que PP y Ciudadanos, por una parte, y PSOE y Podemos por la otra, dejaron claro el abismo que les separa y las diferentes interpretaciones que cada uno puede hacer del mismo Reglamento de la Cámara baja. Finalmente, la enmienda quedó excluida de la tramitación de la ley de violencia de genero por cinco votos contra cuatro.

Desde el PSOE se cargó con dureza contra la presidenta de la Cámara baja. Según los socialistas, Ana Pastor ha mantenido una postura partidista, muy alejada de la exigida independencia que requiere el desempeño de su cargo, el tercero en importancia del Estado. Una de las acciones que se le reprochan a Pastor es el haber rechazado que se pidiera un informe a los letrados de la Cámara.

La presidenta optó por comparecer ante los medios para defenderse de los ataques. «Puedo recibir amenazas, pero a mí no me mueven en el cumplimiento de la legalidad. No sé a otros, pero a mí nunca me moverán», dijo antes de zanjar que se ha actuado «con objetividad, conforme a la legalidad y en el ámbito de la Constitución Española». Para Pastor, se ha cumplido con la doctrina del Tribunal Constitucional, que establece que debe de existir una conexión argumental entre la enmienda y el texto que la aplica. Y en este caso no existe, concluyó.

Según añadió el secretario general del PP, Teodoro García Egea, el varapalo recibido por el Gobierno debería hacer reflexionar a Pedro Sánchez sobre el camino totalitario que ha emprendido. «Como el Senado les estorba intentan saltárselo», denunció el número dos de los populares.

Desde Unidos Podemos se dejó abierta la puerta a acudir al Tribunal Constitucional. «Vamos a estudiar recurrir la decisión que se ha tomado hoy en la Mesa porque consideramos que no tiene capacidad legislativa para ello. Para nosotros era muy importante la admisión de esa enmienda, es congruente, hay un hilo conductor. La decisión de la Mesa de la Comisión de Justicia era adecuada. No se puede hurtar este debate», criticó la diputada podemista y vicepresidenta cuarta del Congreso Gloria Elizo.

El Grupo Parlamentario Socialista, por su parte, se manifestó a través de un comunicado en el que señaló que populares y liberales han obrado de forma arbitraria y en contra de la legalidad. El PSOE adelantó que pedirá a la Mesa del Congreso que reconsidere la decisión, una petición que tiene nulas posibilidades de éxito. No se aclaró, sin embargo, si se acudirá también al Tribunal Constitucional.

La situación complica, y mucho, el deseo del Gobierno de Pedro Sánchez de aprobar las cuentas para el año que viene, toda vez que el PP cuenta con mayoría absoluta en el Senado y ya ha anunciado que la usará para vetar los objetivos de déficit si los considera inviables, algo que se da por sentado. De esta forma, si el Ejecutivo quiere sacar adelante unos nuevos Presupuestos que le garanticen agotar la legislatura, deberá hacerlo con la senda de déficit que heredó del PP de Mariano Rajoy. Ello significaría renunciar al incremento en el gasto de 6.000 millones pactado con la Comisión Europea. No parece tampoco que Unidos Podemos fuese a aceptar esta posibilidad.

La decisión del Tribunal Constitucional podría prolongarse en el tiempo, por lo que la vía que le quedaría al Gobierno sería sacar adelante lo antes posible la reforma de la Ley de Estabilidad Presupuestaria, que igualmente retira la capacidad de veto al Senado pero que no estaría lista, al menos, hasta dentro de medio año, según cálculos parlamentarios. El problema es que PP y Ciudadanos también pueden entorpecer la tramitación legislativa, que de momento cuenta con el respaldo de PSOE, Unidos Podemos, Esquerra y Compromís.

Pese a todas las dificultades, la titular de Hacienda, María Jesús Montero, aseguró que el Ejecutivo, a pesar de «la pinza» de PP y Ciudadanos, presentará los Presupuestos a finales de noviembre, tal y como tenía previsto.