Todas las veces que otros gobiernos usaron un «ardid» para cambiar la Ley

En el primer caso, el Gobierno de José María Aznar aprovechó una enmienda en el Senado a la Ley de Arbitraje para introducir en el Código Penal a toda prisa un nuevo artículo, el 506bis, con el objetivo de disuadir al entonces 'lehendakar', Juan José Ibarretxe, de que siguiera adelante con su plan separatista. En 2011, es decir, ocho años después, el Tribunal Constitucional, al que había recurrido el grupo socialista en la Cámara alta, anuló ese punto por una cuestión de procedimiento, aunque para entonces el polémico artículo ya había sido derogado, en 2005, tras la llegada al Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero.

El fallo del máximo intérprete de la Carta Magna, que consideró que se había producido una «infracción de la legalidad parlamentaria» al existir una «absoluta desconexión» entre la ley en tramitación y la reforma del Código Penal incorporada en el último momento, no impidió, sin embargo, que en el Congreso los populares siguieran utilizando este tipo de atajos parlamentarios.

En 2014, tras la abdicación del Rey Juan Carlos, por ejemplo, urgía buscar par el exjefe del Estado algún tipo de protección jurídica especial, hasta entonces no prevista en la legislación. Para ahorrar tiempo y trámites, el PP aprovechó una ley sobre la reforma de aspectos laborales de jueces y fiscales para introducir un nuevo artículo, el 55bis, en la Ley Orgánica del Poder Judicial. Los socialistas no sólo tildaron la operación de chapuza sino que, pese a estar de acuerdo con aforar al antiguo monarca, se abstuvieron porque no querían ser cómplices de ese retorcimiento del reglamento.

El PSOE menciona además hasta seis leyes en las que el PP introdujo catorce enmiendas ajenas a su contenido en la legislatura 2011-2015. Entre otras, cita una modificación de la ley sobre técnicas de reproducción asistida que se colgó de la ley sobre reutilización de la información del sector público.