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aLEXIS aLGABA
Lunes, 7 de noviembre 2022, 19:30
Fernando Grande-Marlaska mostró este lunes firme contra las palabras del que fuera su antecesor en Interior durante los primeros gobiernos de Felipe González, José Barrionuevo, quien reconoció el domingo en una entrevista a El País que había ordenado el secuestro en Hendaya en 1983 ... del miembro de ETA Joxe Mari Larretxea, dentro de la 'guerra sucia' del Estado contra la banda terrorista. Marlaska definió los actos de los GAL como «actuaciones terroristas», en el primer pronunciamiento de un miembro del Gobierno de Pedro Sánchez sobre las afirmaciones del antiguo responsable de Interior.
«La derrota de ETA fue por el Estado de Derecho», zanjó Marlaska en una intervención ante los medios en su visita a Cuenca, donde inauguró una nueva comisaría de la Policía Nacional. El ministro atribuyó la «máxima gravedad» a las palabras de Barrionuevo, sin restarle un ápice de importancia, y le recordó que «los únicos medios que hicieron posible» la derrota de ETA fueron «medios democráticos y la aplicación de la ley».
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Además de Marlaska, este lunes también mostraron su contundente rechazo a las palabras de José Barrionuevo tanto el Partido Socialista de Euskadi como el Gobierno Vasco, que calificaron de «repugnantes» y «humillantes» las palabras del exministro.
Pese admonición de Marlaska, los nacionalistas vascos, PNV y EH Bildu, ya han pedido la comparecencia en el Congreso del ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, para comprobar si el Gobierno considera reprobables las palabras de Barrionuevo.
La portavoz de los peneuvistas en el Senado, Estefanía Beltrán de Heredia, será la encargada de preguntar a Bolaños si el Gobierno central considera «legítimas y democráticas las actuaciones relatadas por Barrionuevo». También le pedirá que explique si cree «que son merecedoras de investigación por parte de la comisión que contempla la Ley de Memoria Democrática».
La coalición abertzale, por su parte, pide que el exministro comparezca en el Congreso pero también extiende la exigencia de explicaciones al actual Gobierno de coalición requiriendo la comparecencia del propio Bolaños. Y para evaluar, asimismo, las consecuencias que pudieran derivarse de acuerdo a la recientemente aprobada Ley de Memoria Democrática.
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