La Guardia Civil reconoce el uso masivo de gases y más de 400 expulsiones en Melilla

Este lunes, la Comandancia de Melilla reconoció a los diputados de la Comisión de Interior del Congreso desplazados a la ciudad autónoma para investigar aquellos hechos que, efectivamente, la Guardia Civil hizo un uso masivo de material antidisturbios aquel viernes negro en el que fallecieron entre 23 y 72 inmigrantes, de acuerdo con las diferentes fuentes. Según el recuento oficial, el instituto armado usó para tratar de repeler a los dos millares de subsaharianos que intentaron entrar a Melilla: 86 botes lacrimógenos, 28 botes de gas, 65 pelotas de goma, 41 aerosoles lacrimógenos grandes y doce de otro tipo, amén de realizar 270 salvas.

Como ejemplo comparativo, en la otra gran tragedia migratoria en la que estuvieron involucradas las fuerzas de seguridad, la muerte de quince inmigrantes en la playa del Tarajal de Ceuta en febrero de 2014, se usaron solo cinco botes de gas, aunque muchas más pelotas (145).

El teniente coronel Arturo Ortega, jefe en funciones de la Guardia Civil en Melilla, fue el encargado de dar los detalles a los diputados. Ortega, según las diferentes fuentes parlamentarias consultadas, hizo una revelación sorprendente al confirmar que durante la tragedia las autoridades españolas hicieron más de 400 «rechazos en frontera», eufemismo con el que Interior se refiere a las 'expulsiones en caliente'. El teniente coronel aseguró no obstante que todas las deportaciones se hicieron con «todas las garantías» a pesar de la premura y que todos los subsaharianos devueltos se encontraban en «tierra de nadie» y que, por ello, fueron «retornados» a territorio marroquí.

La cifra de la Guardia Civil en grandes líneas coincide con el Defensor del Pueblo que en su informe preliminar presentado a mediados de noviembre cifró en 470 los deportados frente a los 101 admitidos por Interior.

Arturo Ortega también reconoció que, a pesar de tener informaciones previas sobre la posibilidad del asalto, en el momento de la avalancha solo había diez uniformados del instituto armado en la zona de Barrio Chino. El despliegue final llegó a 80 miembros de la Guardia Civil y otros 40 efectivos de otros cuerpos de Melilla.

Los diputados de la Comisión de Interior del Congreso en esta visita exprés a la ciudad autónoma que quedó reducida a poco más de tres horas y media, lograron finalmente acceder al lugar exacto de la tragedia. El Ministerio del Interior, en contra de lo prometido a los propios parlamentarios, en un principio decidió no permitir a los diputados entrar en la «infraestructura» del paso de Barrio Chino, donde se produjeron las avalanchas y los disturbios.

El departamento que dirige Fernando Grande Marlaska al inicio ofreció exclusivamente a los representantes del PSOE, Unidas Podemos, PP, ERC, PNV y EH Bildu un paseo por los alrededores del paso de Barrio Chino y el visionado de un video, a lo que los parlamentarios se negaron en redondo, exigiendo a la Comandancia el acceso a las instalaciones fronterizas con Nador donde se produjeron los hechos. Finalmente, Interior accedió a la petición ante el plante de los parlamentarios que amagaron con boicotear el resto de la visita.

En la Comandancia de Melilla, primera parada de este viaje y en la que los parlamentarios estuvieron dos horas, éstos pudieron visionar una pequeñísima parte de las grabaciones en poder de Interior. Se trató de imágenes aéreas previamente editadas. Nada de imágenes cercanas porque, alegó la Guardia Civil, las cámaras de Barrio Chino estaban desconectadas al estar el paso cerrado al tráfico de personas. En cualquier caso, unas grabaciones que en palabras del diputado de EH Bildu, Jon Iñarritu, el parlamentario que más activamente está promoviendo la depuración de responsabilidades por esta tragedia, prueban «sin género de duda» que «parte de los hechos ocurrieron en zona bajo control operativo de las fuerzas de seguridad españolas». Tras la visita al paso de Barrio de Chino, Iñarritu se reafirmó en que en territorio español tuvieron lugar «hechos importantísimos (de la tragedia) y no tangenciales como aseguró Grande-Marlaska». En similares términos se manifestaron el diputado de Unidas Podemos Enrique Santiago o la representante de ERC, María Carvalho Dantas.

Este breve visionado de imágenes editadas, en las que además se mezclaron grabaciones de otro salto violento de marzo, no convenció a ninguno de los miembros de la comisión de Interior. No obstante, el titular del Interior se comprometió a poner a disposición de la comisión «todas las grabaciones íntegras» en poder de las fuerzas de seguridad sobre los sucesos del 24 de junio y que, según el ministro, están ya en poder de Fiscalía y del Defensor del Pueblo. Eso sí, Grande-Marlaska ya anticipó que, en contra de lo que sostiene el documental de la BBC que ha desencadenado la ofensiva parlamentaria de los socios del Gobierno, «no hubo ningún muerto en territorio español», por lo que no hubo deportaciones de cadáveres al otro lado de la frontera tal y como apunta la cadena británica.

Grande-Marlaska insistió en que del visionado de esas imágenes solo se puede deducir la «proporcionalidad y legalidad de la actuación de la Guardia Civil» frente a un «ataque violento a una frontera de la UE» que provocó 50 heridos entre las fuerzas de seguridad española.