El Gobierno acepta hacer presidente a Marchena a cambio de una mayoría progresista en el CGPJ

La renovación del CGPJ obliga al entendimiento de las dos principales fuerzas porque la ley exige mayoría reforzada de tres quintos en las dos cámaras legislativas, Congreso y Senado, para la elección de sus veinte miembros. Con la actual composición del Parlamento no hay ninguna otra alianza que sume y eso ha sido así durante décadas, pero, a tenor de algunas encuestas, podría dejar de serlo tras las próximas elecciones generales si Ciudadanos sigue ganando posiciones y Podemos consolida buena parte de sus apoyos electorales.

Sea ante ese escenario o por un verdadero deseo de garantizar el normal funcionamiento de las instituciones en un momento especialmenet delicado, como afirmaron tanto desde el Gobierno como desde el PP, esta vez no se ha producido el bloqueo que sí se dio en otras legislaturas igualmente tensas. En la primera de José Luis Rodríguez Zapatero, por ejemplo, fue imposible renovar el Consejo y hubo que esperar a la segunda para conseguirlo, con más de año y medio de retraso.

En la última renovación, en 2013, diez de los veinte vocales fueron propuestos por los populares y los otros siete por los socialistas, CiU, PNV e Izquierda Unida. Ahora, con el Parlamento más fragmentado, Podemos ha reclamado su parte (en concreto su beneplácito a cuatro componentes de la institución) y los socialistas, que necesitan su apoyo para otras muchas cuestiones, se han mostrado dispuestos a atender la exigencia. Sánchez, de hecho, recibió ayer en la Moncloa a Iglesias.

El caso de Podemos es particular porque se presentó a las elecciones con la promesa de rebajar de 20 a 15 el número de vocales y, además, de que estos fueran elegidos «directamente» por la ciudadanía. El líder de la formación -que este fin de semana impulsó una manifestación frente al Tribunal Supremo tras la sentencia sobre el impuesto de Actos Juridicos Documentados que grava las hipotecas- esgrime no obsante que, mientras el sistema sea el que es, su obligación es participar para intentar «mejorarlo».

Ciudadanos se encuentra en las antípodas de ese planteamiento. La formación que preside Albert Rivera ha hecho desde sus inicios bandera con la despolitización de la justicia. El pasado julio presentó una proposición de ley en la que abogaba por dejar en manos de los propios jueces la elección de los doce miembros del CGPJ que deben pertenecer a la carrera judicial (otros ocho son juristas de reconocido prestigio), como ha sugerido en varias ocasiones el Consejo de Europa y como propone la asociación de jueces Foro Judicial. A pesar de que este asunto formaba parte de su acuerdo de investidura con el PP, no salió adelante. Ahora Ciudadanos ha dejado claro que no participa de lo que considera un mercadeo, «un supermercado», dijo ayer Albert Rivera.

Al aceptar a Marchena, el hasta ahora presidente de la Sala de lo Penal que estaba llamado dirigir el juicio por rebelión, sedición, desobediencia y malversación contra los responsables del proceso secesionista de Cataluña, el PSOE ha renunciado a poner al frente del CGPJ una mujer, como era su propósito y como reclamaba Juezas y Jueces por la Democracia. Pero su favorita para el puesto, Ana Ferrer, que también forma parte del tribunal del 'procés', suena como vicepresidenta.

Entre los nombres que ya han dado a conocer PP y PSOE estarían los juristas Carmen Sáez, Martín Contreras, Pilar Fernández y Bernardo Fernánez así como el juez del caso Gürtel, José Ricardo de Prada, todos ellos de perfil progresista y este último avalado por Podemos. La propuesta de los populares incluye a José Miguel Castillo, Manuel Altava y Rosa Rubio.

Quedan por confirmar, en todo caso, los doce elegidos por los dos grandes partidos de entre los 51 propuestos por los jueces. En ese grupo estarían José María Fernández Seijo, el juez que llevó al Tribunal de Justicia de la UE la ley hipotecaria y abrió la puerta a la paralización de los desahucios, la presidenta de la Audiencia de Navarra Esther Erice y Victoria Rosell (todos ellos con el visto bueno de Iglesias), Angel Ramón Arozamena y José María del Riego. También Gema Espinosa, magistrada de la Audiencia Provincial de Barcelona, la candidata más avalada por sus compañeros y esposa del juez Pablo Llarena o el el magistrado de la sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo José Antonio Montero.