Marchena, un magistrado entrecomillado en sus sentencias

Sobre él recaía la presidencia y ponencia de la sentencia del juicio del 'procés' catalán, la vista oral de mayor calado político de la etapa democrática, y Marchena era el objeto de deseo de los asistentes a este solemne acto presidido por el rey Felipe VI.

Cada vez que se le cuestiona sobre el desarrollo de este juicio, él siempre ha relativizado con medio sonrisa. Ello pese a que el peso que lleva a su espalda es incalculable. Suele transmitir que no lee más prensa de la necesaria. Y que está vacunado contra lo que se dice ha dicho de él, que no es poco. No solo sobre el 'procés', sino también sobre su gestión de la presidencia de la Sala Segunda (de lo Penal), a la que llegó en 2014 con los votos de los vocales del CGPJ designados por el PP, la redacción de sus autos o de sus sentencias.

Pero su nominación ahora para sustituir a Carlos Lesmes como presidente del órgano de gobierno de los jueces y del Tribunal Supremo supone otro reto para Marchena, que tendrá que dejar la presidencia y ponencia del juicio del 1-O para liderar la reconstrucción de la credibilidad del alto tribunal, gravemente dañada por la polémica resolución del impuesto de las hipotecas por parte de la Sala Tercera (de lo Contencioso-Administrativo).

El viernes pasado, cuando su nombre se puso encima de la mesa por los negociadores del PP, liderados por el exministro de Justicia Rafael Catalá, él se mostró cauto y distante, según comentaban fuentes de su entorno. Pero 48 horas después, con el visto bueno también del PSOE, la postura ha debido de cambiar para afrontar este nuevo desafío. Serán los nuevos vocales del CGPJ, 20 en total, quienes tengan que ratificar su designación cuando concluya el próximo 4 de diciembre el mandato de cinco años de Lesmes.

Marchena es magistrado del Tribunal Supremo desde 2007 y presidente de la Sala Segunda (de lo Penal) desde noviembre de 2014 tras vencer en la pugna a sus compañeros Cándido Conde-Pumpido y Miguel Colmenero . Licenciado en Derecho por la Universidad de Deusto en 1981 con la máxima calificación académica, también es doctor en Derecho y es muy habitual su participación en docencia y conferencias autorizadas por la Comisión Permanente del CGPJ.

Es fiscal excedente, carrera en la que ha ejercido en el Tribunal Supremo de 2004 a 2007 y fiscal de sala jefe de la Secretaría Técnica de la Fiscalía General del Estado. Autor de numerosos libros y artículos publicados en revistas especializadas, fue el ganador del premio La Ley al mejor trabajo doctrinal con el titulado «Implicaciones jurídico-penales del correo electrónico».

Ha sido profesor asociado de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Madrid, el pasado curso dio clases en el Colegio Universitario de Estudios Financieros (Cunef), centro perteneciente a la Asociación Española de la Banca, tal y como informa hoy este periódico, y con anterioridad en Schola Iuris, un instituto jurídico privado. En 2012 fue designado por el Ministerio de Justicia como presidente de la comisión creada ese año para la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (Código Procesal Penal).

Entre sus últimas resoluciones destaca su auto de archivo, de abril de 2016, de la querella contra el secretario general de Podemos Pablo Iglesias presentada por el pseudosindicato Manos Limpias, en relación al llamado 'informe PISA' sobre la supuesta financiación irregular de la formación morada elaborado por la 'inteligencia' policial sin membrete oficial. Lo hizo entre críticas a la inclusión de «informaciones periodísticas» para sustentar la querella, que «no estén mínimamente avaladas por algún elementos objetivo que apoye su verosimilitud».

Y en febrero de 2017 avaló en otra sentencia la llamada 'lista Falciani' como prueba válida para fundar una condena por delito fiscal en España. En esa resolución, Marchena hizo una distinción entre las dos formas de obtención ilícita de documentos o datos de terceros. Si lo hace la policía o «los aparatos del Estado» valiéndose de «atajos», la prueba no es válida («no surtirán efecto las pruebas obtenidas, directa o indirectamente, violentando los derechos o libertades fundamentales»), pero si lo hace un particular, que «no buscaba prefabricar pruebas sino obtener un lucro», como era el caso del informático Hervé Falciani, sí se le puede dar validez.

La crítica del magistrado llegó en pleno escándalo por el famoso 'pen drive' hallado por la Policía con información de la familia Pujol, que acabó con el ex número dos operativo del Cuerpo, el comisario Eugenio Pino, investigado en un juzgado ordinario de Madrid.