Maduro introduce una cuña en el disenso cada vez más agudo entre Gobierno y PP

Las diferencias en política exterior entre los dos principales partidos se encuentran lejos del consenso que suele primar en esta materia en otros países de nuestro entorno. Pero la escalada de tensión verbal llevó el jueves a otro punto de no retorno. Después de que González hiciese público el documento que firmó bajo presiones como salvoconducto para poder salir del país, el eurodiputado y responsable internacional del PP, Esteban González Pons, elevó el listón al acusar al Gobierno español de estar «implicado en el golpe de Estado» en Venezuela, como de «coaccionar y enviar al exilio» al candidato unitario de la oposición al chavismo.

Ferraz exigió la dimisión de Pons por sus palabras y a su vez Alberto Núñez Feijóo, que sí evitó repetir las gruesas palabras del dirigente popular, pidió la dimisión del ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, y el reemplazo del embajador Ramón Santos.

Ni siquiera el comunicado oficial en el que horas después González negó «categóricamente» unas horas después haber sido coaccionado por España y de agradecimiento con el Gobierno de Pedro Sánchez por las gestiones realizadas para facilitar su salida de Venezuela contribuyó a calmar las aguas.

La defensa del Ejecutivo por parte del opositor dejó a Génova sin argumentos para sostener sus acusaciones y dio pólvora al ministro para cargar contra la falta de sentido de Estado de los populares a los que exige disculpas por «injuriar» al Gobierno.

Pero la falta de detalles y las lagunas del relato oficial sobre si el embajador estaba presente o no en las «coacciones» de Maduro a González mantienen en una situación comprometida al representante diplomático al que el régimen bolivariano sitúa, según los audios distorsionados que ha difundido, como un «testigo de excepción» en los encuentros entre el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, y la vicepresidenta de Venezuela, su hermana Delcy, en suelo diplomático español. Un asunto que la formación conservadora no está dispuesta a dejar pasar y persevera en pedir el cese del embajador, al tiempo que apunta al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, al que sitúa «en el ajo» en el «escándalo» de la Embajada y del que se desconoce si tuvo algún papel en la negociación de salida de Edmundo González.

El PP, que desde las elecciones del 28 de julio abanderó la causa para que se reconozca al líder opositor como presidente electo, ha hecho de la causa venezolana un nuevo flanco para atacar a Sánchez atribuyéndole tibieza en su actitud ante «la dictadura» de Maduro, calificativo empleado también por la ministra de Defensa, Margarita Robles. «No puede haber equidistancia entre dictadura y democracia», volvió a reprochar Feijóo a Sánchez.

El reconocimiento de González en las Cortes españolas y la Eurocámara impulsado por el PP -sin efectos jurídicos pero de una alta carga simbólica- frente al Gobierno, que no se moverá en este sentido hasta lograr una postura común con los 27 Estados de la UE, han cargado de razones al PP para no aflojar la presión. Tras forzar el martes pasado la comparecencia de Albares en el Senado prevé hacer lo propio con Robles para que reitere en el Congreso su opinión sobre Venezuela.

En paralelo, las relaciones diplomáticas entre Caracas y Madrid siguen pendientes de aclarar la situación de los dos españoles a los que el régimen acusa de «terrorismo» y de los que el Gobierno sigue sin confirmar su identidad y paradero. El Parlamento chavista presiona para que Venezuela rompa relaciones con España y Maduro, que no olvida que Sánchez reconoció a Juan Guaidó, mantiene su línea dura. Ayer, en un acto televisado, cargó contra el fascismo que «está tomando» Europa y avanza en países de ese continente, entre los que mencionó a España, Italia y Alemania.