Gobierno y PP van al choque total por el acoso de Maduro a González en la Embajada

En su réplica desde Bruselas, a las horas de que el régimen difundiera las polémicas imágenes en la legación de Caracas para hacer valer su poder, José Manuel Albares esgrimió que el embajador Ramón Santos cumplió con la instrucción de no inmiscuirse en las gestiones que González pudiera hacer mientras estuviera en la residencia oficial. El ministro recalcó que «cualquier persona que acudiera para entrevistarse con él, cualquiera de ellos, no vino a solicitud del Gobierno de España, ni fue el embajador quien les invitó a entrar».

Pero el titular de Exteriores, este jueves en la capital bruselense por las negociaciones sobre Gibraltar, no aclaró la presencia de los hermanos Delcy y Jorge Rodríguez –vicepresidenta de Venezuela y presidente de la Asamblea venezolana, respectivamente–en la Embajada ni precisó cuándo tuvo conocimiento de la misma, limitándose a volver a negar tajantemente la participación tanto de Santos como la del Gobierno español en cualquier tipo de negociación política con el país caribeño para asilar a Edmundo González. Visiblemente irritado, Albares sí entró al choque con la oposición al equiparar las «acusaciones falsas de desestabilización» por parte del PP con las que Moncloa ha venido recibiendo del régimen bolivariano para justificar el arresto de los dos bilbaínos a los que acusa de ser agentes del CNI.

El principal partido de la oposición, que desde las elecciones del 28 de julio se ha situado al frente de la lucha para que se reconozca a González como presidente electo, ha hecho de la causa venezolana un ariete para atacar a Sánchez atribuyéndole tibieza en su actitud ante «la dictadura» de Maduro, calificativo empleado también por la ministra de Defensa, Margarita Robles. Lo consiguió la semana pasada en el Congreso de los Diputados, hizo lo propio este miércoles en el Senado y el jueves en la Eurocámara.

Sendas victorias parlamentarias que no tienen efectos jurídicos ni cambian la situación sobre el terreno. Pero que tienen una alta carga simbólica y han fortalecido los argumentos del PP para ahondar en las críticas al Gobierno tras el comunicado de González denunciando las presiones recibidas, en respuesta a la publicación por el chavismo de la misiva en la que supuestamente avalaba el triunfo de Maduro, bajo sospecha de fraude. La presencia de los hermanos Rodríguez en la Embajada de Caracas, territorio español, llevó al eurodiputado y responsable internacional del PP, Esteban González Pons, a elevar el listón y acusar al Ejecutivo español tanto de estar «implicado en el golpe de Estado» en Venezuela, como de «coaccionar y enviar al exilio» al candidato de la Plataforma Unitaria Democrática (PUD).

En una entrevista en EsRadio, Pons enfatizó que si González «fue trasladado a la residencia del embajador español» tras estar refugiado un mes en la de Países Bajos fue «para que el chantaje y la coacción» del Gobierno venezolano fueran posibles». Eso hace al Ejecutivo, a su juicio, «cómplice en la operación de convertir a Maduro en dictador por más tiempo» y de estar «implicando en el golpe de Estado»; al tiempo que apunta, añadió, a cierta «connivencia» con las condiciones en las que Edmundo González abandonó Venezuela el 8 de septiembre bajo la mediación, no confirmada por Exteriores, del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero. «Es el gran urdidor de este plan, que es la operación más sucia de la historia reciente de la diplomacia española», remató Pons.

Las palabras del dirigente popular encendieron la mecha para un nuevo toma y daca entre el PSOE y el PP después de que Ferraz pidiese la dimisión «inmediata» del vicesecretario del PP, cuyas palabras fueron reprobadas por un coro de ministros socialistas. Albares las calificó de «injurias y calumnias» contra el Ejecutivo y contra el servicio de acción exterior españoles. La vicepresidenta primera, María Jesús Montero, reprochó a Pons haber perdido «toda ética respecto a lo que tienen que ser las relaciones entre aquellos que, aunque discrepen, tienen obligación de ponerse de acuerdo los políticos». Y la titular de Inclusión Social, Elma Saiz, las tachó de «oposición de tierra quemada».

Feijóo, en Roma para reunirse con la primera ministra italiana Giorgia Meloni, evitó hablar de «golpe de Estado». Pero no solo no desautorizó a Pons –al que sí enmendó, por ejemplo, cuando sostuvo que el Tribunal Constitucional es «un cáncer del Estado de Derecho»–, sino que recriminó al Gobierno de Sánchez «haber mentido» sobre el asilo que ha otorgado a González. «La diplomacia española, pilar esencial de la diplomacia europea en Iberoamérica, no puede estar al servicio de un régimen dictatorial», rebatió. El líder del PP, que reafirmó la postura «clara» de su partido reclamando que el ministro de Asuntos Exteriores presente su dimisión y el embajador en Venezuela sea cesado, urgió al presidente del Gobierno a «dar explicaciones inmediatas» y a desmarcarse sin ambages de Maduro. «Si está con la democracia, estaré con él; si está con la dictadura, me tendrá enfrente», aseguró.

Feijóo buscó asimismo exportar a Italia la contienda que mantiene contra el Gobierno. Ante el vicepresidente del Gobierno y jefe de la diplomacia transalpina, Antonio Tajani, preguntó de forma retórica si podía imaginar que «dos altos cargos de una dictadura entrasen en una embajada italiana para coaccionar al presidente electo de un país con el conocimiento del presidente del Consejo de Ministros de Italia y del ministro de Exteriores». A su entender, España no puede ser «equidistante» entre «la democracia y la dictadura». Exteriores mantiene como hoja de ruta el consenso en la UE y seguir exigiendo a Caracas la publicación de las actas, mientras intenta acceder a los dos españoles apresados por el chavismo.