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Madrid
Jueves, 12 de abril 2018, 13:54
El juez Pablo Llarena acudirá ante el Tribunal de Justicia de La Unión Europea de Luxemburgo en el momento en el que Alemania acepte entregar al expresident Carles Puigdemont por cualquier delito que no sea el de rebelión, una iniciativa que paralizaría provisionalmente la causa ... contra él.
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El juez del caso del procés en el Tribunal Supremo, Pablo Llarena, comenzó a estudiar la posibilidad de presentar una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) de Luxemburgo el pasado 6 de abril, cuando un tribunal alemán adelantó que no entregará a Puigdemont a España por el delito de rebelión.
Al presentar la cuestión ante Luxemburgo, el procedimiento relativo al expresident quedará paralizado en una pieza separada desde el mismo instante en que sea admitida a trámite, mientras que el resto del proceso seguirá su curso. Eso permitiría evitar juzgar a todos los inculpados que no se han escapado de la Justicia por delitos más graves que aquellos por los que se entregara a Puigdemont.
Pero fuentes del Supremo han informado de que sí podrá acudir ante Luxemburgo cuando deba decidir si acepta la entrega de Carles Puigdemont por delitos como malversación o desobediencia y no por el más grave, el de rebelión. Esta hipótesis todavía no es aceptada como inevitable por el Supremo. De hecho, la reunión que hoy están desarrollando fiscales españoles y alemanes en La Haya está concebida para aportar argumentos a la acusación pública germana.
Esos argumentos deberían permitir a los fiscales alemanes para convencer a la Audiencia Territorial de Schleswig-Holstein, el Estado federado por donde entró Puigdemont en Alemania el pasado 25 de marzo y donde quedó inmediatamente detenido, para que acepte entregar al reo por todos los delitos por los que ha sido procesado y no, como inicialmente ha anunciado, rechazar su entrega por rebelión.
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El ministro de Justicia, Rafael Catalá, se ha desvinculado de la reunión que fiscales españoles y alemanes mantendrá este jueves para debatir sobre los delitos de rebelión y malversación por los que se ha cursado la euroorden dictada por España contra el expresidente catalán Carles Puigdemont.
«La Fiscalía es autónoma y no tiene nunca ningún encargo del Gobierno en ninguna actuación que desarrolla», ha respondido Catalá, en los pasillos del Congreso de los Diputados, cuando se le ha preguntado por esa cumbre.
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El titular de Justicia ha recalcado que han sido los fiscales españoles los han convocado y gestionado esa reunión. «Por tanto, es una actividad propia de la Fiscalía en la que el Gobierno no tiene ninguna participación», ha insistido.
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