Finaliza tras más de cinco horas el registro de la Guardia Civil en Diplocat

Según fuentes de la investigación, en este caso los funcionarios buscaban copias de los pagos que esta oficina realizó a los supuestos observadores durante el referéndum ilegal del 1-O.

El juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena, en la información adicional remitida a las autoridades alemanas para conseguir la entrega a España de Carles Puigdemont, asegura que la malversación por el pago a estos observadores internacionales fue de 119.700 euros.

El organismo encargado de la diplomacia de la Generalitat se cierra precisamente mañana, tal y como acordó el Gobierno en aplicación del artículo 155 de la Constitución, en una decisión que el Tribunal Supremo (TS) mantuvo después, pese a que había sido recurrida por la Asociación Catalana de Municipios (ACM) y el Ayuntamiento de Barcelona.

El Diplocat, organismo encargado de proyectar la imagen internacional de Cataluña, depende económicamente del Departamento de Asuntos y Relaciones Internacionales, Exteriores y Transparencia, que dirigía el exconseller Raül Romeva, quien se encuentra en prisión preventiva y procesado por los delitos de rebelión y malversación por el Tribunal Supremo.

Un informe de la Guardia Civil cifra en 1,6 millones de euros el gasto público que el Govern destinó a organizar el referéndum, de los que un total de 119.700 se destinaron a la contratación de los observadores que debían supervisar la celebración del 1-O y que concluyeron que la consulta no cumplía los «estándares internacionales».

Concretamente, el informe del instituto armado señala que el Govern presidido por Carles Puigdemont firmó un contrato con The Hague Center for Strategic Studies para la prestación de servicios de asesoramiento del referéndum, mediante el envío de observadores internacionales que acreditaran que la votación reunía garantías.

Los investigadores constataron que el Diplocat hizo dos transferencias desde sus cuentas en Bruselas a The Hague Center for Strategic Studies, los días 21 de septiembre y 9 de octubre pasados, en concepto de «contrato de servicios».

En un auto del pasado 3 de noviembre, el juez del 1-O requirió a la Generalitat que le desglosara el coste del referéndum, incluidos los gastos del traslado y la estancia de los observadores internacionales invitados para supervisarlo.

En la campaña electoral del pasado 21 de diciembre, la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, se congratuló de haber cerrado las 'embajadas' en el extranjero del Govern y apuntó que el organismo de promoción de Cataluña en el exterior se llamaba ahora «Diplocat en liquidación».

El titular del juzgado de instrucción número 13 de Barcelona abrió su investigación sobre los preparativos del 1-O a raíz de una denuncia por las conferencias del exsenador de ERC Santi Vidal, que aseguró que el Govern contaba con una partida económica «camuflada» en los presupuestos de la Generalitat para organizar el referéndum y las estructuras de Estado.