Junts ve en el resultado de las elecciones gallegas una brecha para ganar posiciones al PSOE con la amnistía

La Mesa del Congreso aprobó este martes, a petición socialista, una prórroga de quince días para que los dos partidos puedan llegar a un acuerdo en la comisión de Justicia, después de que la formación de Carles Puigdemont votara en contra del dictamen de la norma en el pleno del 30 de enero. La nueva fecha límite es ya el 7 de marzo. Los socialistas creen que tener un horizonte temporal ya inamovible ayudará a desatascar las conversaciones y sostienen que el «margen político» de los posconvergentes para oponerse al texto tal cual está es en realidad muy limitado. Sin embargo, estos no dudaron en mandar ayer un mensaje un tanto provocador, como de toma de temperatura.

Con sus votos, unidos a los de la CUP, Junts permitió que la Mesa del Parlament acordara, en contra del criterio de los letrados, la tramitación de una iniciativa legislativa popular impulsada por Solidaritat Catalana que reclama a la Cámara declarar unilateralmente la independencia. ERC se abstuvo y el PSC votó en contra. Los socialistas pidieron además al órgano de gobierno parlamentario reconsiderar la decisión por su «obvia inconstitucionalidad».   

La noticia del desafío pilló en fuera de juego a la portavoz del Ejecutivo. Alegría admitió, en su habitual comparecencia semanal tras el Consejo de Ministros, no estar al tanto del gesto de los secesionistas, se remitió a la posición del PSC y subrayó que, en todo caso, el rechazo del Gobierno a ese tipo de propuestas es conocido. Pero eludió el más mínimo reproche.

En las últimas semanas, el núcleo duro del Ejecutivo ha pasado por diversos estados de ánimo respecto a la negociación de la controvertida ley: de dar por sentado que saldría adelante a admitir sus dudas y del escepticismo, de nuevo al optimismo. Ahí se encuentran ahora en Moncloa, a pesar de que ni Junts se ha apeado de su exigencia de que todos los delitos de terrorismo y los relacionados con la traición al Estado queden cubiertos por la ley, ni el Gobierno de su advertencia de que por esa vía no hay cesión posible si se quiere un texto constitucional que pase el filtro de la justicia europea. «Nos plantamos», repetían ayer fuentes gubernamentales.

La dirección del PSOE anticipa, en todo caso, que el varapalo sufrido en Galicia –donde el PSdeG ha pasado de 14 a 9 escaños, se ha dejado cerca de 47.000 votos    y ha ayudado a engordar al BNG como primera fuerza de la oposición– no va a condicionar en ningún caso sus pasos respecto a la norma de la que depende toda la legislatura.

La vicepresidenta primera y vicesecretaria general del PSOE, María Jesús Montero, se mostró este martes en la Ser muy dura con los avisos lanzados la víspera por el crítico oficial de su partido, el castellanomanchego Emiliano García-Page y a modo de respuesta lanzó un dardo: «Uno tiene que saber cuál es la camiseta de su equipo».

El presidente autonómico, el único de los tres supervivientes socialistas a la debacle del 28 de mayo que gobierna por mayoría absoluta, advirtió el lunes de que, si no se hace una «reflexión profunda» y no se rectifica, el «ciclo hostil» en el que entró el PSOE en las autonómicas y municipales del pasado año puede convertirse en un «ciclón». E incluso admitió su satisfacción por el resultado del domingo. «Me alegro de que no haya ganado Puigdemont», llegó a decir.

En Ferraz aseguran que, una vez más, Page está muy solo en sus planteamientos. Entre los barones socialistas hace tiempo que se escuchan lamentos por la dificultad de hacer política en sus territorios con el debate nacional dominado por las cesiones al independentismo. El líder de los socialistas madrileños, Juan Lobato, también defendió este martes en Onda Cero que no se puede hacer solo un análisis del 18-F en clave gallega. «Hay que hacer la reflexión que no hicimos en mayo», dijo. Pero es cierto que nadie ha ido más allá.

Montero insistió en que el hecho de que los soberanistas gallegos hayan sido quienes más han crecido en los últimos comicios prueba que no hay un rechazo a la amnistía    y que su electorado no les penaliza por ella. «Que no haya habido trasvase al PP –aducen también en la Moncloa (aun sin datos de estudios postelectorales)– prueba que no hay una explicación nacional de lo ocurrido».

El Ejecutivo rechaza además que las decisiones tomadas por Pedro Sánchez para gobernar, ahora y en 2019, hayan traído consigo un debilitamiento sistémico de las estructuras territoriales. Defienden que se trata de algo coyuntural, como tantas otras veces en la historia de la democracia, y que la descapitalización no ha sido tan profunda como aparenta la pérdida de poder institucional. «El PSOE es primera fuerza en Cataluña, Castilla-La Mancha, Canarias, Extremadura... y mejoró su resultado en cinco comunidades –alegan–. El problema fue el hundimiento de los socios a nuestra izquierda».