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El Gobierno retiró este martes de la agenda del Congreso el debate y la votación de la senda de estabilidad que iban a celebrarse este jueves tras constatar que el paso previo a la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado iba a convertirse ... en la derrota parlamentaria número 36 de la legislatura para el Ejecutivo. La decisión, comunicada previamente a Sumar, se tomó después de que Junts ratificara la víspera su amenaza de tumbarla por segunda vez en apenas dos meses –ya se sumó en julio a los votos en contra de PP, Vox y UPN– si no obtenía a cambio una contraprestación «beneficiosa para Cataluña». Un golpe con el que los de Carles Puigdemont harían valer su enojo tras la investidura de Salvador Illa y un capítulo más en la competición que mantiene con Esquerra por obtener mayores réditos –políticos y financieros– del Estado.
El Ministerio de Hacienda empieza, de este modo, una nueva negociación al límite con el partido de Puigdemont eludiendo confrontar con él, mientras Moncloa y el PSOE siguen redoblando, en el otro flanco, la presión sobre el PP, al que responsabilizan de las «consecuencias» que pueda tener la retirada del techo de gasto –que cifran en hasta 12.000 millones de euros– para ayuntamientos, comunidades y otras administraciones públicas también gobernadas por los populares. Pero más allá de la estrategia y el relato políticos,la retirada del techo de gasto en la sesión plenaria de este jueves ratifica que el departamento de María Jesús Montero no presentará el proyecto presupuestario «en tiempo y forma»; es decir, antes del 30 de septiembre como marca el artículo 134 de la Constitución.
La marcha atrás de los socialistas evidenció que la reunión de este fin de semana con Puigdemont en Ginebra no había logrado revocar el 'no' de Junts, que recibió con visible satisfacción en el rostro de su portavoz parlamentaria, Míriam Nogueras, el gesto forzoso del Gobierno para evitarse otra derrota. Fue después cuando Nogueras aclaró cuál es el marco base para negociar el techo de gasto. Después de días reclamando la transferencia «integral» de las competencias de inmigración pactadas en enero y que siguen en el aire, la ejecución de inversiones para Cataluña o la oficialidad plena del catalán en la UE, este martes concretaron sus exigencias. Que pasan por rescatar, con toda la intención, una moción de 2014 del entonces diputado de ERC Pere Aragonés que acabó aprobada por el Parlament también con el voto del PSC.
La propuesta pedía modificar el objetivo de déficit para otorgar a las comunidades autónomas un tercio, como mínimo, del objetivo total que, de acuerdo con los compromisos adquiridos con las instituciones comunitarias, suponía entonces para la Generalitat catalana un incremento de 1.800 millones de euros de su capacidad de endeudamiento, tal y como rezaba el documento. Según el cálculo efectuado por este periódico, si ese tercio se aplicara a las previsiones sobre las que el Gobierno sostiene su proyecto presupuestario ello multiplicaría por ocho el límite de déficit de las autonómicas hasta los 13.000 millones de euros. Algo difícil de digerir para la UE. Y para Hacienda.
Nogueras insistió en que su partido no dará apoyo al Ejecutivo «a cambio de nada» y menos si la iniciativa presupuestaria abortada este martes por los socialistas no introduce variación alguna sobre lo ya rechazado en julio. El PSOE y Sumar, se esforzaron por subrayar que ven «margen» para ampliar el techo de gasto aunque admitiendo que el acuerdo está difícil.
Fuentes socialistas justifican su sobrevenida expectativa en que el país cuenta con un mejor escenario macroeconómico que en junio, sobre todo tras las nuevas previsiones del INE que elevan el PIB en tres décimas, hasta el 2,7%. E inciden en que este 2024 el Estado podría recaudar aún más, sin mayores precisiones. Pero Hacienda no cree que ese «margen» pueda asumir la reivindicación de Junts como la plantea.
Los socialistas acompañaron la retirada del techo de gasto con la reactivación en el Congreso de las comisiones sobre los atentados yihadistas de 2017 en Barcelona y Cambrils y otra sobre la llamada 'Operación Cataluña'. Mañana mismo, ambas se reunirán a puerta cerrada para elaborar el plan de trabajo y una primera lista de comparecientes. Además, el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha enviado una carta a la presidenta de la Eurocámara, Roberta Metsola, para insistir en la aprobación del catalán como lengua oficial de la UE.
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